La reforma del modelo de financiación autonómica ha abierto un intenso debate entre comunidades y gobiernos, incluso del mismo partido
14 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.La reforma del modelo de financiación autonómica es un complejo encaje de bolillos, no sólo de trata de buscar un sistema en el que encuentren acomodo territorios con variantes de renta y de población muy diferentes sino que además en España ya está vigente (y sancionado por la Constitución) un doble modelo: el de las comunidades forales, de País Vasco y Navarra, y el régimen común que integra a todas las demás. En los últimos años se ha intentado, siempre de manera infructuosa, aprobar una actualización pendiente desde hace tiempo pero a la falta de consenso político se une que la distancia entre propuestas no separa tanto a partidos como territorios. La semana pasada el Gobierno presentó un modelo, pactado con ERC, que ha abierto la caja de los truenos incluso en comunidades, como la asturiana, gobernadas por el PSOE, especialmente por las menciones al principio de ordinalidad, que el Principado rechaza de plano.
¿Qué es? ¿de qué se trata? El sistema de financiación autonómico se basa en el reparto de recursos que se recaudan en cada uno de los territorios. En cada comunidad hay un tipo de población diferente (en función, por ejemplo de la media de edad de sus habitantes, y este es un punto crucial de los argumentos del Principado), pero también y sobre todo, en función de la renta. De media, hay más personas con mayor fortuna en comunidades como Madrid o Cataluña y tienen, de media, menos renta habitantes de Andalucía o Extremadura. A grandes rasgos, el estado debe procurar recaudar los fondos generales y luego hacer un reparto con equidad. Pero, ¿para quién, para los territorios o para las personas?
El principio de ordinalidad trata de fijar que los territorios que mas aportan no sea vean perjudicados en el reparto posterior a la recaudación. Esencialmente que la solidaridad tiene un límite, que ayudar a los demás no puede hacer que tú acabes siendo más pobre que los ayudados. Ordinalidad se refiere también al orden, el de los que más aportan respecto a los que reciben.
Este criterio plantea que la aportación de una comunidad autónoma a los mecanismos de solidaridad y de nivelación territorial no debería modificar de forma sustancial su posición relativa en términos de recursos por habitante. Es decir, contribuir más al sistema no debería traducirse en una pérdida desproporcionada de capacidad para financiar los servicios públicos propios.
Explicado de forma sencilla, el principio defiende que el orden inicial entre comunidades debe mantenerse tras la redistribución. Si una comunidad se sitúa entre las que más impuestos aporta por habitante, una vez aplicado el reparto solidario no debería caer varios puestos en la clasificación de recursos disponibles. La idea de fondo es compatibilizar la solidaridad entre territorios con un reparto percibido como equilibrado. Y es por este motivo por lo que tras el acuerdo con el gobierno, el presidente de ERC, Oriol Junqueras señaló que Cataluña sería la tercera en recibir por ser la tercera que aporta.
Sin embargo, a la par, y en la presentación del Ejecutivo central, por boca de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se indicó que no se aplicaba una ordinalidad pura, o más bien que se estaba aplicando la ordinalidad a Cataluña pero no al resto de comunidades ¿cómo es esto posible? Según la ministra porque, el nuevo modelo se basa en aumentar los fondos que recibe cada comunidad en el presente (el sistema se basa en una mayor cesión de la recaudación del IRPF y el IVA a las comunidades), y ciertamente Cataluña se queda en el mismo lugar como receptora que como aportadora pero al nivelar al resto no hay ese orden en el conjunto, es decir, la última en aportar no es la última en recibir.
¿Por qué lo rechaza el gobierno asturiano? Por un lado porque no es fruto de un acuerdo en el que hayan participado todas las comunidades (y por eso han llegado de definirlo como «plato precocinado»); por otro porque entiende que con la ordinalidad, la financiación de los territorios con más riqueza y mayor número de habitantes con mayor renta tendría siempre muchos más recursos que el resto, independientemente del coste de los servicios. Y este último punto es clave también. Un ejemplo que expone de forma constante el Ejecutivo asturiano es el coste de la atención sanitaria, que es mucho más elevado para una población envejecida, como es el caso de Asturias, que para territorios con población mucho más joven.
Pero además, la posición de Asturias se apoya en dos documentos clave. El primero es un acuerdo parlamentario suscrito en la pasada legislatura por todos los grupos con representación en la Junta General (menos Vox) y el segundo un pacto firmado junto a otras siete comunidades autónomas (Galicia, Cantabria, Aragón, La Rioja, Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha) conocido como la Declaración de Santiago.
El acuerdo alcanzado entre los grupos parlamentarios asturianos tuvo que dejar fuera la referencia a una armonización fiscal entre comunidades, ante el rechazo de los partidos conservadores. No obstante, sí incorporó la exigencia de que el nuevo modelo de financiación tenga en cuenta el coste real de la prestación de los servicios públicos. Entre los factores a considerar figuran la orografía, el envejecimiento de la población, la dispersión territorial o el gasto sanitario, así como la necesidad de articular fórmulas de coordinación entre las agencias tributarias para reforzar la lucha contra el fraude fiscal.
Buena parte de estos planteamientos coinciden con los recogidos en la Declaración de Santiago, firmada en 2021 por ocho comunidades autónomas. En ese documento se defiende la necesidad de avanzar hacia un nuevo sistema de financiación en el que los criterios demográficos tengan un mayor peso, con el objetivo de responder con «eficacia y equidad» a las necesidades de la ciudadanía, «viva donde viva». No es casual que muchas de las comunidades firmantes se encuentren entre las que presentan una población más envejecida y una pérdida sostenida de población joven. De este modo, la declaración propone elevar la cuestión demográfica a una prioridad institucional y reclama la activación de un fondo estatal que compense las desventajas de los territorios más afectados.
El texto también subraya que todas las comunidades deben poder ofrecer «servicios similares», con independencia de su capacidad para generar ingresos tributarios. Para ello, plantea la creación de un catálogo común de servicios acompañado de mecanismos de financiación garantizada y de nivelación. La definición de los criterios que deben regir ese reparto es, precisamente, uno de los ejes centrales del debate sobre la reforma del sistema.