Los pequeños propietarios concentran las compensaciones a caseros para evitar desahucios en Asturias
ASTURIAS
El Principado se sitúa entre las comunidades donde la moratoria del escudo social impacta más en la economía doméstica
30 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.La unión de PP, Vox y Junts tumbó en el Congreso la iniciativa del Gobierno central para revalorizar las pensiones y también prorrogar el denominado escudo social y que, en materia de vivienda, su principal instrumento ha sido la moratoria de desahucios, que establece la suspensión legal de los lanzamientos en el caso de hogares en situación de vulnerabilidad económica y sin una alternativa habitacional. Para compensar a los propietarios afectados por esta medida, el sistema prevé un mecanismo de indemnizaciones que permite a los arrendadores reclamar a las comunidades autónomas el importe medio del alquiler en su zona, calculado a partir del Índice de Referencia. Pero la derrota parlamentaria de la última prórroga ha dejado tanto la protección a los hogares vulnerables como el régimen de compensaciones a los propietarios en un complejo limbo jurídico.
Las compensaciones a los caseros para evitar los desahucios se financian con cargo a los fondos del Plan Estatal de Vivienda y su tramitación depende de cada administración autonómica, de forma que los ritmos de ejecución han sido muy variados en cada territorio. El diario El País recopiló las cifras e informó de que después de cinco años de aplicación, a comienzos de 2026 el volumen de pagos realizados supera los 16 millones de euros en el conjunto del país, en el caso de Asturias con algunas particularidades.
En el Principado ha sido muy pocas solicitudes de caseros y se han abonado aún menos aunque con un incremento notable en el último período, según detalla el diario. Así, según los datos más actualizados, el total abonado en la comunidad asciende a 655.344 euros, una cantidad que triplica lo pagado hasta febrero del año anterior. En ese último punto de corte, las compensaciones satisfechas sumaban 211.068 euros. La media por vivienda compensada se sitúa en 5.705 euros, ligeramente por encima de la media nacional, que es de 5.600 euros.
Antes de esta última actualización, las cifras de tramitación reflejaban un volumen contenido de expedientes. Hasta febrero de 2025 se habían presentado en Asturias un total de 130 solicitudes de compensación, de las que 37 habían sido abonadas, lo que suponía una tasa de éxito inicial del 28,4%. No obstante, el incremento del gasto hasta los 655.344 euros sugiere que el número de expedientes resueltos ha aumentado de forma proporcional en los meses posteriores.
El perfil de los solicitantes muestra una clara singularidad respecto a otras comunidades. En Asturias, 110 de las solicitudes corresponden a personas físicas y 21 a personas jurídicas, lo que implica que el 84 % de quienes reclaman compensaciones son pequeños propietarios. Este rasgo sitúa al Principado, junto a Cantabria y Canarias, entre los territorios donde la moratoria antidesahucios tiene un impacto más directo sobre la economía doméstica. En el contexto comparativo, Asturias ocupa el puesto 13 de 17 en volumen de dinero abonado (sin incluir la última actualización), por delante de La Rioja, Murcia, Extremadura y Navarra, con un nivel de solicitudes moderado pero con una gestión de pagos que se ha triplicado recientemente para reducir el desfase entre expedientes presentados y compensaciones efectivamente satisfechas.
En el ámbito nacional, el análisis del impacto del escudo social permite distinguir tres planos: el balance económico de las compensaciones, el funcionamiento administrativo del sistema y el conflicto de intereses entre propietarios e inquilinos.
Desde el punto de vista financiero, en los primeros cinco años de vigencia de la moratoria antidesahucios se han abonado al menos 16 millones de euros en compensaciones a propietarios a través de las comunidades autónomas. La cuantía media percibida se sitúa en 5.600 euros por vivienda, aunque hay casos extremos, como un pago único de 80.000 euros a un particular en Cataluña. Estos fondos proceden del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, dotado con un presupuesto global de 2.300 millones de euros.
En el plano administrativo, las cifras reflejan un cuello de botella significativo entre las solicitudes presentadas y los expedientes efectivamente resueltos. Entre 2020 y 2025 se han registrado 6.400 peticiones de compensación, de las que el 44% han sido estimadas, lo que equivale a 2.850 compensaciones reconocidas. Otro 41%, unos 2.650 expedientes, permanece aún en trámite, mientras que el 15% ha sido desestimado o retirado. En paralelo, la moratoria evita alrededor de 12.000 desahucios al año. La gestión presenta, además, una marcada desigualdad territorial: Cataluña concentra el mayor volumen de gasto, con 6,1 millones de euros, una cifra que triplica la registrada en Madrid, con 1,9 millones.
El perfil de los beneficiarios y el contexto institucional completan esta radiografía. En comunidades como Cataluña, siete de cada diez solicitudes proceden de grandes tenedores, es decir, de empresas o personas jurídicas, entre las que destacan sociedades como Coral Homes o Divarian Propiedad. En cambio, en buena parte del resto del país —con Asturias, Canarias y Cantabria como ejemplos— predominan las reclamaciones de pequeños propietarios particulares. Del lado de los inquilinos, la protección se dirige principalmente a hogares que dejan de pagar el alquiler por situaciones sobrevenidas, como el desempleo o la pérdida de ingresos, mientras que el realojo efectivo es residual: sólo el 3% de las personas vulnerables accede a una vivienda social. A todo ello se suma una notable incertidumbre institucional, ya que, según reconoce el propio Gobierno, no existen datos oficiales sobre cuántas personas están acogidas a la moratoria, un déficit de información que se intenta corregir mediante la recopilación de datos judiciales.