Crecen las expulsiones de inmigrantes en situación irregular en Asturias: 583 desde 2019
ASTURIAS
El Gobierno subraya que las expulsiones se ejecutan conforme a la legislación vigente en materia de extranjería y que no existe un tratamiento estadístico que permita conocer cuántas órdenes dictadas en los últimos años siguen pendientes de ejecución
28 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.583 personas extranjeras en situación irregular han sido expulsadas de Asturias desde 2019 hasta la actualidad, según los datos oficiales de la Policía Nacional facilitados por el Gobierno en respuesta a una pregunta parlamentaria. La cifra engloba los años previos a la pandemia, el desplome de la actividad administrativa durante la crisis sanitaria y el posterior repunte registrado a partir de 2022, cuando las expulsiones comenzaron a crecer de forma sostenida en el conjunto del país.
El año con mayor número de expulsiones en Asturias dentro de la serie analizada fue 2019, con 120 procedimientos ejecutados. A partir de ahí, la irrupción de la pandemia provocó un descenso abrupto: en 2020 las expulsiones se redujeron a 56, menos de la mitad, y en 2021 apenas repuntaron hasta 59. Las restricciones de movilidad internacional, el cierre de fronteras y las limitaciones operativas afectaron de forma directa a la capacidad de ejecutar órdenes de expulsión ya dictadas.
La tendencia cambia a partir de 2022, cuando Asturias registra 73 expulsiones, una cifra que vuelve a crecer en 2023 hasta las 95 y alcanza su máximo reciente en 2024, con 103 personas expulsadas. En 2025 el número desciende ligeramente hasta 77, aunque se mantiene claramente por encima de los niveles de los años inmediatamente posteriores a la pandemia.
En el contexto nacional, las cifras del Principado son moderadas. En el mismo periodo 2019-2025, el total de expulsiones ejecutadas en España asciende a 20.682. Asturias representa una parte pequeña de ese volumen, muy lejos de las provincias y comunidades que concentran mayor presión migratoria y mayor actividad en materia de extranjería. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, acumula 4.021 expulsiones en ese mismo intervalo, mientras que la provincia de Barcelona supera las 1.600. También destacan provincias del litoral mediterráneo como Alicante, Málaga o Valencia, con cifras anuales que duplican o triplican las asturianas.
Dentro del norte peninsular, los datos asturianos son superiores a los de Cantabria en la mayoría de los ejercicios, pero similares a los de algunas provincias de Castilla y León, como León o Salamanca, que en determinados años incluso superan al Principado. En Galicia, el reparto es desigual, con A Coruña y Lugo presentando cifras comparables a las asturianas y otras provincias con registros más bajos.
La respuesta del Gobierno subraya que las expulsiones se ejecutan conforme a la legislación vigente en materia de extranjería y que no existe un tratamiento estadístico que permita conocer cuántas órdenes dictadas en los últimos años siguen pendientes de ejecución. La normativa establece plazos de prescripción, por lo que no todas las órdenes acaban materializándose. En la práctica, las cifras reflejan únicamente las expulsiones efectivamente realizadas por la Policía Nacional, no el volumen total de expedientes incoados. Este aumento de las expulsiones ejecutadas desde 2022 coincide con la normalización de la actividad administrativa tras la pandemia y con un refuerzo general de los dispositivos de control y tramitación en todo el Estado.
Todo ello se produce en un contexto demográfico singular. Asturias ha logrado frenar la pérdida de población y mantenerse por encima del millón de habitantes gracias, en buena medida, a la llegada de personas nacidas en el extranjero, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. La inmigración representa ya más del 12% de la población del Principado y se concentra en edades laborales, compensando el envejecimiento de la población autóctona. Esa realidad convive con una política de expulsiones que, aunque limitada en volumen, ha ganado peso de nuevo en los últimos años, dibujando un escenario complejo en el que la inmigración es al mismo tiempo un factor clave de sostenimiento demográfico y un ámbito de intervención creciente por parte del Estado.