Las ayudas a víctimas de accidentes laborales en Asturias se pactarán con los agentes sociales

Los servicios jurídicos del Principado siguen trabajando para dar encaje a las ayudas que el Gobierno del Principado pretende conceder a las familias de todos los fallecidos en accidentes laboral desde 2025 y cuya definición está a expensas del diálogo abierto con los agentes sociales.

Según el portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, hay que contar con la opinión de sindicatos y patronal porque el Ejecutivo autonómico siempre les consulta en el marco de la concertación social cuando desarrolla medidas que afectan a actividades económicas o el empleo. Al estar relacionadas con el mundo del trabajo «hay que dar margen a los agentes sociales para terminar de definir esas ayudas», ha subrayado.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo asturiano, Peláez ha insistido en que la voluntad del Gobierno es que estas ayudas, que podrían rondar los 70.000 ó 72.000 euros por unidad familiar, «salgan adelante lo antes posible». Asimismo, ha reconocido que la fórmula por la que posiblemente se inclinen para su concesión sea por convocatoria administrativa porque es el mecanismo más recomendable «si se quiere ganar agilidad».

Las ayudas, que al rerotraerse a 2025 beneficiarán a las familias de los cinco trabajadores fallecidos en el accidente de la mina de Cerredo registrado el 31 de marzo del pasado año, serán compatibles con las indemnizaciones y compensaciones por seguros a las que puedan tener derecho las familias de las víctimas.

Peláez ha asegurado que el Gobierno asturiano pretende situar la siniestralidad laboral «en el centro del debate», tanto en Asturias como a nivel nacional, y ha señalado que el hecho de que se vayan a reconocer para los fallecidos desde 2025 fue porque, según recoge Efe, ese año los accidentes laborales se situaron muy por encima de la media».

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