La hostelería asturiana rechaza la subida del IVA que plantea Bruselas: «Sería un castigo a los consumidores»

Nel Oliveira
Nel Oliveira REDACCIÓN

ASTURIAS

La terraza de un bar de Oviedo
La terraza de un bar de Oviedo Héctor Herrería

La Comisión Europea propone elevar del 10% al 21% el impuesto aplicado a bares, restaurantes y hoteles para aumentar la recaudación y reducir el déficit, una medida que el sector considera una amenaza para el consumo, el empleo y el turismo

09 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La posibilidad de que el IVA aplicado a bares, restaurantes y hoteles pase del actual 10% al 21% ha encendido las alarmas en el sector hostelero. La propuesta figura entre las recomendaciones económicas de primavera que la Comisión Europea ha dirigido a España con el objetivo de aumentar los ingresos públicos y facilitar el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda fijados por las reglas fiscales comunitarias. Aunque se trata de una recomendación y no de una medida de aplicación inmediata, la mera posibilidad ha provocado un rechazo frontal entre los representantes de la hostelería asturiana, que advierten de sus consecuencias sobre el consumo, el empleo y el turismo.

La recomendación aparece recogida en el informe de 134 páginas que Bruselas presentó esta semana sobre la situación económica española. En él, la Comisión Europea señala que España mantiene una elevada dependencia de la tributación del trabajo, mientras que los ingresos obtenidos mediante impuestos al consumo y medioambientales se sitúan por debajo de la media de la Unión Europea. Dentro de ese análisis, el Ejecutivo comunitario pone el foco en los tipos reducidos del IVA y plantea limitar su utilización. Entre los sectores señalados figura la hostelería. Bruselas considera que el tipo reducido del 10% aplicado a bares, restaurantes y alojamientos turísticos tiene un importante coste presupuestario y un efecto redistributivo limitado, al entender que beneficia en mayor medida a las rentas más altas. Por ello, propone acercar estos servicios al tipo general del 21%.

La Comisión Europea sostiene además que esta medida podría contribuir a simplificar el sistema tributario español y generar importantes ingresos adicionales. Como referencia toma un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que estima que elevar el IVA de la hostelería del 10% al 21% supondría una recaudación extra cercana a los 7.000 millones de euros anuales, una cifra equivalente a unas cuatro décimas del PIB. Bruselas justifica esta recomendación por la necesidad de reforzar las cuentas públicas españolas. Aunque España dispone de un periodo ampliado de ocho años para ajustar su déficit y deuda a las nuevas reglas fiscales europeas, la Comisión considera que el crecimiento del gasto público podría desviarse de la senda comprometida, por lo que anima al Gobierno a buscar nuevas fuentes de ingresos.

Una visión equivocada de la realidad española

Desde Asturias, sin embargo, la respuesta ha sido contundente. La patronal hostelera considera que la medida parte de una visión equivocada de la realidad española y que tendría efectos contraproducentes tanto para las empresas como para los consumidores. La organización empresarial Otea rechaza «de forma tajante» la propuesta comunitaria. La patronal considera que intentar aumentar la recaudación mediante una subida fiscal sobre la hostelería supone cargar el ajuste sobre trabajadores, autónomos y pequeñas empresas. «Pretender recaudar a costa del menú del día del trabajador y del esfuerzo de miles de autónomos demuestra un alarmante desconocimiento de la realidad española», señalan desde la organización.

Otea defiende que la hostelería española no puede analizarse como un sector de ocio o de lujo, tal y como ocurre en otros países europeos. A su juicio, bares, cafeterías y restaurantes forman parte de la vida cotidiana y desempeñan una función social que trasciende la actividad económica. «La hostelería en España no es un sector accesorio o de lujo; es un pilar social, cultural y el mayor catalizador de empleo de nuestro país», sostienen. La patronal recuerda además que en numerosos pueblos asturianos el bar constituye uno de los últimos servicios que permanecen abiertos y actúa como punto de encuentro vecinal. Por ello, advierten de que una subida del IVA podría traducirse en un descenso del consumo, dificultades para miles de pequeños negocios y una pérdida de puestos de trabajo. «El turismo y la hostelería son el motor de nuestra economía. Castigar fiscalmente al sector es dispararse en el propio pie frente a otros destinos competidores», añaden.

Personas disfrutan de un día de terraza en Oviedo
Personas disfrutan de un día de terraza en Oviedo Héctor Herrería

Una visión similar expresa Pedro Caramés, presidente de la Asociación de Hosteleros de Gascona. Para él, el debate no debe centrarse únicamente en los empresarios, sino en los consumidores. «No es que sea subir el IVA a la hostelería. Lo que veo es un castigo a todos, a los consumidores realmente», afirma. Caramés considera que la medida tendría un objetivo puramente recaudatorio y cuestiona que aporte mejoras reales al conjunto de la economía. Además, cree que llega en un momento especialmente delicado para Asturias, una comunidad que ha encontrado en el turismo una de sus principales oportunidades de crecimiento. «Ahora que parece que Asturias está despegando como destino turístico atractivo, como un nuevo destino que empieza a conocerse en España y en Europa, esto sería un lastre para el crecimiento», sostiene. El portavoz de los hosteleros de Gascona va incluso más allá y advierte de que la medida podría frenar una actividad que está ganando peso en la economía regional. «Es una patada cuando vamos cogiendo velocidad para arrancar», resume. En su opinión, si la medida ya sería perjudicial para el conjunto de España, su impacto en Asturias podría ser aún mayor debido a la creciente importancia del turismo en la economía regional.

También Joaquín Trigueros, presidente de la Asociación de Hostelería de la Ruta de los Vinos de Oviedo, cree que el incremento fiscal acabaría repercutiendo directamente en los precios que pagan los clientes. Según explica, trasladar el IVA del 10% al 21% implicaría un encarecimiento significativo de los servicios de hostelería. «Eso implica automáticamente una subida de los precios», señala. A su juicio, el resultado sería una reducción del consumo, precisamente el efecto contrario al que se persigue con la medida. «Lo que ganas por un lado lo vas a perder por otro, porque va a haber una contracción del consumo», afirma. Trigueros considera que muchas familias ya soportan una importante presión económica derivada del encarecimiento de la vivienda, la energía, los combustibles y otros gastos cotidianos. «La gente está muy apretada. No estamos para hacer muchas subidas», resume.

La misma preocupación comparte César Suárez Junco, director gerente de Tierra Astur-Crivencar. Desde su punto de vista, cualquier incremento fiscal que afecte al consumo termina repercutiendo directamente en la actividad económica del sector. «Cualquier cosa que sea ir contra el bolsillo de los consumidores nos parece que puede acabar siendo lesiva», señala. Suárez Junco destaca además que la hostelería desempeña en España y especialmente en Asturias una función social que va mucho más allá de la restauración. «La hostelería no es solo un sitio donde comer. Nuestros bares y sidrerías son lugares de interrelación», explica. El responsable de Tierra Astur considera que una subida del IVA reduciría inevitablemente la capacidad de gasto de los clientes. «Hay una determinada cantidad de dinero para consumir y, si los precios suben, lo que se hace automáticamente es reducir el consumo», afirma. Por ello, duda de que la medida pueda traducirse en una mejora de la actividad económica o de la recaudación a largo plazo.

Por tanto, aunque la propuesta de Bruselas no obliga al Gobierno español a modificar el IVA de la hostelería, el debate ya ha generado una reacción unánime en el sector. Varios de los profesionales asturianos coinciden en advertir de que elevar el impuesto del 10% al 21% supondría un encarecimiento de los precios, una caída del consumo y un golpe para una actividad que consideran estratégica tanto para la economía como para la vida social de la región.