La izquierda defiende una tasa turística que la derecha ve innecesaria y sin efecto real
ASTURIAS
La tasa se aplicaría sólo en temporada alta, del 1 de junio al 30 de septiembre, y las corporaciones tendrán libertad para poder destinar los fondos que recauden a la mejora de los servicios
18 jun 2026 . Actualizado a las 19:38 h.El Gobierno asturiano ha defendido este jueves, junto a los grupos parlamentarios que lo respaldan y a la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, la implantación de una tasa turística en el Principado que, a juicio de los partidos de oposición en la Cámara autonómica, resulta innecesaria y tendría además un escaso efecto real dada la limitada cuantía que recaudaría.
La tasa planteada por el Ejecutivo sería de aplicación voluntaria para los ayuntamientos, oscilaría entre los 0,5 y los 3 euros diarios por persona para un máximo de cinco noches se aplicaría sólo en temporada alta, del 1 de junio al 30 de septiembre, y las corporaciones tendrán libertad para poder destinar los fondos que recauden a la mejora de los servicios y a mejorar la conciliación entre turistas y residentes.
«Es una medida útil, equilibrada y necesaria», ha afirmado la vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo, que ha comparecido ante la Cámara a petición del PP para informar sobre la futura tasa que, a su juicio, será una herramienta clave para anticiparse a los retos del sector y garantizar un modelo sostenible en una comunidad en la que es necesario que el turismo siga creciendo «de forma sostenible».
Para Llamedo, dado que Asturias no sufre actualmente problemas de masificación «la buena política pública consiste en esperar a que los problemas aparezcan porque gobernar es anticiparse» actuando con previsión para preservar, en este caso, un modelo turístico basado en la idea de Paraíso Natural.
Por el contrario, para la parlamentaria popular Sandra Camino resulta «llamativo» que se intente proteger al turismo con un nuevo impuesto autonómico «vestido» como tasa municipal y voluntaria cuando recauda el Principado, lo pagan las empresas y los turistas »y lo llaman sostenibilidad para que suene menos a intervención y más a modernidad».
Camino ha incidido en que esta iniciativa ha concitado el resto el rechazo de varios grupos de la Cámara autonómica así como asociaciones empresariales del sector, cámaras de comercio y algunos ayuntamientos, pero que todos ellos están equivocados y el Gobierno les ha «abierto los ojos» para convencerlos de que lo que está de moda es poner barreras».
En la misma línea, el parlamentario de Vox Javier Jové ha lamentado que la vicepresidenta no hubiese cuantificado el alcance de una tasa que, según sus datos, tendrá unos efectos recaudatorios «ínfimos» dado que no superará los 2,5 millones de euros, el 0,2 por ciento de los ingresos del conjunto de ayuntamientos. «Para eso podría reducir esos 2,5 millones de los 46 dedicados a promoción turística ya que no quieren turistas y enviarlos directamente a los ayuntamientos sin montar este «jari», ha añadido.
Para el portavoz de IU/CA, Xabel Vegas, se trata de un compromiso incluido en el acuerdo de gobierno suscrito con el PSOE con su formación, que aspira a implantar un impuesto autonómico y obligatorio aunque considera un paso importante una tasa que, en lugares tan masificados como Venecia, ha demostrado hace tiempo que no desincentiva el turismo.
Impuestos similares, ha recordado la parlamentaria del Grupo Mixto Covadonga Tomé, se aplican ya en sitios tan dispares como Cataluña, Baleares, Berlín o París y son necesarios en lugares en fase de consolidación turística como Asturias para compensar los efectos que genera esta actividad y que van desde la generación de basura, a la subida de precios del alquiler residencial o la saturación de los servicios sanitarios, informa Efe.