La suspensión de la «ley de nietos» deja sin derecho a voto a miles de descendientes de asturianos: «Somos ciudadanos de segunda»
ASTURIAS
«Estas decisiones atentan contra la memoria de aquellos que fueron a buscar una mejor vida fuera de España; duele porque nosotros nos sentimos relacionados de corazón»
11 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.Uno de los abuelos de Adriana Garriz Núñez nació en el municipio asturiano de La Caridad, a finales del siglo XIX. En 1905, al principio de su adolescencia, las condiciones en Asturias no eran buenas y su madre decidió enviarlo a Argentina, donde tenía unas primas. Nacida en Buenos Aires, reclamó recientemente la nacionalidad española, porque siente desde siempre, gracias a su ascendencia, un gran amor por España. Se la concedieron en 2024. Ella es una de las miles de personas descendientes de asturianos que habían pasado a formar parte del censo electoral gracias a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como «Ley de nietos», una norma que entró en vigor en octubre de 2022. Ella es una de las afectadas por la decisión del Tribunal Supremo que suspende de forma cautelar la incorporación al censo electoral de parte de los descendientes de emigrantes, a raíz de un recurso presentado por Vox y Iustitia Europa.
En la resolución del alto tribunal se distingue entre quienes obtuvieron la nacionalidad justificando documentalmente el exilio por razones políticas, ideológicas o de persecución y quienes la lograron acogiéndose a la instrucción gubernamental que establecía una presunción general de exilio. Adriana Garriz considera que se ha hecho una interpretación demasiado restrictiva de la norma. A su juicio, su situación «está contemplada en la disposición adicional octava; si uno la lee detenidamente no es la interpretación que le da Vox sino que el exilio es una de las tantas situaciones que se contemplan, y no solo se incluyen razones políticas». En su opinión, y esto es algo en lo que todos los descendientes de emigrantes coinciden, lo que en realidad se debe tener en cuenta es que todas esas personas «por diferentes razones humanitarias tuvieron que salir de España; no porque lo desearan sino porque no tenían otra opción».
Esto significa que la mayoría de ellos se fueron del país sintiéndose españoles y lo conservaron toda su vida. «No salieron de España felices y contentos, y luego hicieron su vida, no es como hoy que se puede regresar con facilidad; las comunicaciones eran muy lentas; mi abuelo intercambió tan solo tres cartas con su madre por que era muy complejo». Este sentimiento se lo transmitieron a sus descendientes, que conservan un cariño y un vínculo muy especiales con España. «Siempre tuvimos esa convicción de sentirnos españoles, y la nacionalidad española completa nuestra identidad; mi abuelo apareció en la Argentina y el retorno fue completamente imposible, y se desarrolló en la Argentina con corazón, alma y pensamiento puestos en España». Por eso, lamenta que se haya convertido «en una situación política; queremos que nos separen de la situación política». A su juicio, si le dan la nacionalidad española, «el derecho a voto es inherente a la identidad como ciudadana; si nos lo quitan somos ciudadanos de segunda».
En el mismo sentido se ha pronunciado Jorge Quezada Ortiz, vecino de Santiago de Chile de ascendencia gallega y con un fuerte vínculo con la comunidad asturiana. Su mujer, descendiente directa de asturianos, tiene la nacionalidad española desde hace tiempo, pero él tuvo que solicitarla hace también dos años apelando a la nueva ley. Sus bisabuelos, panaderos de profesión, viajaron desde Vigo a América movidos por la necesidad y, después de pasar por Brasil y Argentina, cruzaron los Andes para establecerse en Santiago de Chile, donde, después de pasar mucha necesidad, acabaron dedicándose al oficio que conocían, la panadería.
Jorque Quezada inició la tramitación en el consulado en 2023, y en 2024 recuperó su mi nacionalidad española. «Mi familia no es una migración por persecución política, por exilio; son migraciones producto de los contextos económicos, de necesidades económicas; nadie emigra a otro continente por placer; ellos pasaron necesidad, sufrieron mucho y buscaron territorios y oportunidades», explica.
Él se considera heredero de aquel vínculo, con una participación activa y muy ligado a una colectividad asturiana que trabaja mucho en que ese vínculo no se rompa. Prueba de ello es que, el pasado 8 de septiembre, celebraron la fiesta en honor a la Santina, y sus hijas se vistieron con trajes típicos de Asturias. Por eso le molesta sentirse ahora excluido. «Estas decisiones atentan contra la memoria de aquellos que fueron a buscar una mejor vida fuera de España; me duele porque nosotros nos sentimos relacionados de corazón, hay un intercambio más allá de lo tangible; duele que en este contexto se discrimine a gente».
A su juicio, hay una responsabilidad «que se debe ejercer en el contexto de la ley y en el mismo contexto está el derecho que otorga al reconocernos como ciudadanos». La resolución «suspende este derecho», y por ello considera «inquietante y preocupante que existan voces que quieran que haya ciudadanos de primera y segunda categoría; al final, entonces, para qué nos reconocen como ciudadanos españoles; lo racional es revisar todas las interpretaciones, pero no hay razón para suspender un derecho que ya fue otorgado».
Por otra parte, ambos sostienen que, contra lo que dijeron algunas personas críticas con las nacionalizaciones, la concesión de la nacionalidad española no ha sido fácil y laxa. «En ningún caso es un trámite sencillo; piden una documentación muy fundamentada, y es un periodo largo, un proceso de casi diez meses; es complejo, y no se puede decir que es un trámite laxo o se omitan documentaciones; siempre hay que presentar documentos formales, oficiales, con respaldo», señala Quezada.
Y Adriana Garriz añade que «todos los interesados que asistimos a las citas vimos lo riguroso que fue; hubo gente que presentó documentación que no cumplía con requisitos de legalidad, algunos muy pequeños, y se quedó fuera; por ejemplo, gente que no logró conseguir un certificado de defunción de ascendientes nacidos a principios del siglo pasado, que está claro que han fallecido, y por circunstancias los documentos desaparecieron, y a causa de ello no consiguieron acceder». El proceso ha sido riguroso porque «el personal de los consulados es altamente cualificado, y los agentes consulares saben perfectamente cómo tienen que conducirse; eso dio validez a nuestra ciudadanía», concluye.
Ambos están ahora a la espera de que se resuelva el problema porque, desde que adquirieron la nacionalidad hasta que su inclusión en el censo fue suspendida, no ha habido un proceso electoral en el que pudieran participar. Como ciudadanos españoles, se sienten cargados de razón y consideran que votar es un derecho que no se le puede negar a un ciudadano que cumple con todos los requisitos asociados a su nacionalidad.