¿Quieres saber de dónde viene la leche? Competencia se opone a que el súper lo indique

El informe del organismo ha caído como un jarro de agua fría sobre los ganaderos


Redacción/ La Voz

Los consumidores seguirán sin conocer, al menos de momento, el origen de la leche y los derivados lácteos que compran en los supermercados. Dos años y medio después de que el propio sector aprobase, casi por unanimidad, facilitar esta información en los lineales de compra, la medida no solo sigue sin implantarse sino que se ha topado con la firme oposición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este organismo ha emitido un informe en el que considera que lo recogido en el proyecto de real decreto elaborado por el Ministerio de Agricultura hace algo más de un año «puede ser relevante para el consumidor, pero también puede constituir una restricción a la libre circulación de mercancías y, por ende, a la competencia efectiva».

Para la CNMC «este tipo de medidas pueden tener un efecto proteccionista con la industria nacional, contribuyendo a compartimentar el mercado por zonas geográficas». En este sentido, señala la conveniencia «de extremar la precaución a la hora de introducir esta clase de obligaciones» e insta a Agricultura a presentar una mejor justificación sobre el potencial interés general de una medida que, aunque con carácter experimental, ya está implantada en países como FranciaItalia o Portugal.

De hecho, el Reglamento europeo 1169/2011 habilita a todos los Estados miembro para que puedan establecer como obligatoria la indicación del país de origen o del lugar de procedencia cuando se justifique que la medida sirve para la protección de la salud pública, de los consumidores o del fraude.

El informe de Competencia, entidad adscrita al Ministerio de Economía ha caído como un jarro de agua fría sobre el sector productor, que apostaba por la identificación del origen de la leche como una fórmula para valorizar su actividad y mejorar así la rentabilidad de las granjas. Organizaciones agrarias como la UPA, matriz estatal de Unións Agrarias, no han dudado incluso en calificar la resolución de Competencia como de «barbaridad que va contra la libertad de información y elección que tienen los consumidores de nuestro país a la vez que contraviene las demandas por las que clama el sector lácteo español desde hace años». Para su responsable de ganadería, Román Santalla, «este informe es una artimaña para proteger los intereses de las industrias multinacionales» y se pregunta «qué oscura razón tiene el Ministerio de Agricultura para mantener paralizado el real decreto que debe contener la norma sobre el etiquetado que ya aplican nuestros países competidores».

Santalla lamenta que el informe aprobado por Competencia sea una burda excusa para paralizar un asunto que, paradójicamente, suscita un gran consenso dentro del sector al tiempo que apunta a que el derecho a la información que reclaman los consumidores debería estar por encima de todo. Para la UPA, «es una vergüenza que el Ministerio y la CNMC apoyen a las grandes industrias multinacionales y sus intereses extranjeros en lugar del sector nacional por el que deberían de velar».

El 95 % de los consumidores, a favor de que el etiquetado lleve la procedencia

Pocas veces una normativa ha suscitado tanto consenso como la del etiquetado del origen de la leche. De hecho, 22 de las mayores empresas de distribución alimentaria -aglutinan a más del 90 % del sector- 36 industrias lácteas y las principales organizaciones profesionales agrarias firmaron en septiembre del 2015 una serie de compromisos entre los que se incluía uno relativo a la identificación del origen de los productos lácteos.

Más rotundo es el respaldo de la medida entre los consumidores tal y como confirman varias encuestas que sitúan en más del 90 % el porcentaje de los que exigen que se publique de forma clara la procedencia de la leche y sus derivados.

Incluso desde el propio Ministerio de Agricultura decían apostar por una medida que consideraban útil para garantizar la sostenibilidad del sector. Tanto la ministra Isabel García Tejerina como el secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, señalaron en sendas entrevistas en La Voz su compromiso con la normativa que establecía como obligatoria la identificación del origen de la leche.

Tal y como ya sucede en Francia o Italia, la intención inicial del Gobierno es aplicar esta medida de forma experimental durante un período de dos años. La norma afectaría a todos los tipos de leche y a todos los derivados lácteos que se venden envasados.

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