Llarena esperará al TJUE para emitir una nueva euroorden de detención contra Puigdemont
ELECCIONES 23J
La decisión del magistrado permite que PSOE y Junts puedan negociar para investir a Sánchez sin la presión de la extradición
28 jul 2023 . Actualizado a las 05:00 h.El juez del Tribunal Supremo instructor del procés, Pablo Llarena, acordó ayer en una providencia que no reactivará la euroorden de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre las posibles medidas cautelares que pueda solicitar el político catalán para conservar su inmunidad como eurodiputado.
La actuación de Llarena llega después de que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) le retirase la inmunidad a petición del Parlamento Europeo el pasado 5 de julio junto a los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí, esta última ya pendiente de juicio solo por desobediencia.
Según la providencia de Llarena, emitir una nueva euroorden sería «intrascendente» porque, mientras se resuelven los recursos, «quedaría inmediatamente paralizada (antes de alcanzar su objeto) si el TJUE admitiese la eventual medida cautelar que se pida al tiempo del recurso; obligando a interrumpir su tramitación internacional».
Por tanto, el magistrado quiere ajustar los tiempos para hacer efectivos todos los pasos del proceso. El TJUE tiene hasta el 15 de septiembre para resolver, y posteriormente, se daría luz verde a una nueva euroorden en caso de la ratificación de la pérdida de inmunidad de Puigdemont y sus exconsejeros. Todo ello para que se pueda dar la detención del expresidente y Comín y su disposición ante la Justicia española antes de junio del 2024, año en el que se celebrarán nuevas elecciones europeas y a las que se podrían presentar para obtener una nueva inmunidad como eurodiputados.
Negociaciones de Gobierno
La decisión de Llarena permite, entre otras cosas, que las negociaciones entre PSOE, Sumar y Junts no se solapen con la posible extradición del expresidente catalán. El acuerdo de investidura tendría que estar listo, bien con abstención de Junts o con su voto a favor de Pedro Sánchez, antes de la última semana de agosto.
Las dos condiciones de los de Puigdemont son claras: referendo de independencia y amnistía para los políticos. Una posible extradición de estos habría entorpecido las negociaciones y podría haber inclinado la balanza hacia una repetición electoral.
Además, la anterior legislatura ya propició que Llarena reclamara a Puigdemont y a Comín solo por delitos de malversación y desobediencia tras modificar el procesamiento de ambos por sedición, porque este delito fue reformado en el Código Penal por las exigencias impuestas por ERC. Ello supone que el PSOE puede usar esta baza como muestra de confianza para Junts y que faciliten la investidura de Sánchez.