La jueza dicta prisión incondicional para Junqueras y otros siete exconsejeros catalanes

La Voz / Agencias

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La magistrada de la Audiencia Nacional asume por completo la petición de la Fiscalía y los envía a la cárcel por riesgo de fuga y de reiteración delictiva

02 nov 2017 . Actualizado a las 21:05 h.

Prisión incondicional sin fianza. La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha asumido las peticiones de la Fiscalía y ha decretado el ingreso en la cárcel del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros siete exconsejeros del Govern. Los exconsejeros que irán a prisión junto a Junqueras son, por parte del PDECat: Jordi Turull, Josep Rull,Vila, Meritxell Borrás y Joaquim Forn. De ERC irán a la cárcel Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa.

En primer lugar la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 destaca la gravedad de los delitos que se imputa al gobierno cesado (rebelión, sedición y malversación de caudales públicos) y de las penas que lleva aparejadas. Así, recuerda que los exconsejeros se enfrentan a penas que pueden alcanzar los 25 años de prisión por delito de rebelión, quince por sedición y ocho años por delito de malversación, que puede elevarse incluso a diez en caso de que se haya producido falseamiento de la contabilidad. Para Lamela cobra «especial importancia el papel de todos los querellados desde sus cargos públicos sin los cuáles el proceso independentista no hubiera podido impulsarse»

Ninguno de los exconsejeros del Govern que ingresarán inmediatamente en prisión irán a Soto del Real, donde continúan los líderes de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, y de Òmnium, Jordi Sànchez.  Instituciones Penitenciarias ordenó en un principio que el exvicepresidente Oriol Junqueras y los otros ocho exconsejeros se repartieran en cinco prisiones madrileñas. Pero horas más tarde rectificó y se decidió  agrupar finalmente en las prisiones de Estremera y Alcalá Meco a los nueve exconsejeros del Govern. 

Según Interior, la decisión se ha adoptado por «motivos organizativos» tras la autorización de la magistrada Lemela, y con la intención de facilitar la asistencia de las defensas. De esta forma, las exconsejeras de Asuntos Sociales y Familia Dolors Bassa y de Agricultura, Ganadería y Pesca Meritxell Borrás seguirán en Alcalá Meco. Los otros consejeros, todos varones, harán lo propio en Estremera.

El único que podrá eludir esta medida cautelar será el exresponsable de Empresa de la Generalitat y posible candidato de PDECat en las elecciones del 21 de diciembre, Santi Vila, para quien se ha fijado una fianza de 50.000 euros, han señalado fuentes jurídicas. De momento, entra en prisión. El Ministerio Público reclamó esta medida, y así lo ha acordado la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, an a la gravedad de los delitos que se le imputan a los exmiembros del Govern por participar en el denominado 'procés' y en la declaración unilateral de independencia aprobada en el Parlament de Cataluña.

Alto riesgo de fuga y reiteración

La jueza ha apreciado alta probabilidad de riesgo de fuga porque «tampoco puede olvidarse el poder adquisitivo de los querellados que les permita abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero».

Alude así Lamela a la huida del expresidente catalán Carles Puigdemont y de otros cuatro exconsellers a Bélgica para los que la Fiscalía ha pedido a la juez que dicte las correspondientes órdenes europeas de detención y las dirija a las autoridades belgas para que pongan a estos cinco investigados a disposición de la Justicia, solicitud que la magistrada aún no ha resuelto. «En este punto basta recordar el hecho de que algunos querellados ya se han desplazado a otros países eludiendo las responsabilidades penales en las que pueden haber incurrido», destaca el auto.

También Lamela observa en su auto un alto riesgo de reiteración delictiva, teniendo en cuenta que las «actividades delictivas descritas se han venido planificando y realizando de forma consciente por los querellados durante más de dos años» desde que comenzó en el 2015 la andadura del procesos de independencia en Cataluña.

El auto de prisión añade que la acción del gobierno de Cataluña cesado el pasado 27 de octubre «fue meditada y perfectamente preparada y organizada» y que durante más de dos años ha venido incumpliendo de forma sistemática las resoluciones del Tribunal Constitucional «en pro de la independencia». En este punto se refiere a Turull y Forn -que accedieron a sus respectivas consejerías el 14 de julio de 2017 - y apunta que «no puede desconocerse la multitud de actuaciones que en el desarrollo del proceso independentista» han llevado a cabo desde entonces. Matiza, en todo caso, que todos ellos jugaron «un papel activo impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado y franqueando toda clase de barreras que pudiera desviarles de su finalidad».

Un grupo perfectamente organizado

Además, la magistrada añade que los investigados vienen operando «dentro de un grupo perfectamente organizado de personas» apoyados por asociaciones soberanistas «con poder y capacidad para auxiliarles de la Justicia» y que actúan como «brazo civil del levantamiento». Algunos de ellos recuerda, pertenecen a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, «que ha jugado un papel decisivo en el proceso».

De los catorce políticos citados por la jueza del caso, Carmen Lamela, nueve han sido los que se han trasladado a la Audiencia Nacional y otros cinco -entre ellos el presidente cesado Carles Puigdemont- se han quedado en Bélgica, a donde viajaron el pasado fin de semana. Se les investiga por los delitos de rebelión, sedición y malversación.

En cuanto a las alegaciones de las defensas de que no han tenido tiempo suficiente para estudiar la querella, la magistrada dice que ninguno de estos abogados ha solicitado la suspensión de las declaraciones de este jueves «con excepción de Vila». Añade que la Ley permite al procesado declarar cuantas veces quiera, por lo que no considera que se haya producido indefensión alguna.