Foro rebasó en 5,5, millones la regla de gasto y amenaza con suprimir la Renta Social

Moriyón achaca a las nuevas ayudas sociales, junto a la Zalia y Gijón al Norte el inclumplimiento de la de Estabilidad Presupuestaria, recuerda que eran un programa «puntual y transitorio» según disponibilidad de presupuesto

Oficinas de la Renta Social Municipal en El Coto (Gijón).Oficinas de la Renta Social Municipal en El Coto (Gijón)
Oficinas de la Renta Social Municipal en El Coto (Gijón)
Agencias
Gijón

Carmen Moriyón finalmente lo admite: en 2017 hubo incumplimiento de la regla de gasto, ascendió a 5,5 millones de euros y su causa fundamental se ha debido al gasto originado por la puesta en marcha de la Renta Social Municipal (7,8 millones de euros), la devolución de los préstamos de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales (Zalia) (4,3 millones) y la actividad de la sociedad Gijon Al Norte, encargada de la gestión del Plan de Vías. La alcaldesa de Gijón ha comparecido hoy en rueda de prensa junto a la concejala de Hacienda, Ana Braña, para confirmar que -como había anticipado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)- se han rebasado las líneas rojas fijadas por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y para advertir que será precisamente la Renta Social Municipal la primera en verse comprometida en su continuidad como consecuencia de los ajustes por venir, junto a otros programas sociales: «En modo alguno vamos a apoyar un gasto social ilimitado», ha reiterado Moriyón, que ha avanzado que la edil de Servicios Sociales, Eva Illán, planteará una «redistribución» de los gastos de los numerosos programas sociales ante el actual escenario de prórroga presupuestaria.

La situación obligará al Consistorio a elaborar un plan económico financiero para «corregir la desviación» que se presentará en un plazo máximo de tres meses, y «donde se reflejarán las causas y las medidas para volver a la senda de gasto». «Hay el dinero que hay», ha argumentado Moriyón, para después resaltar que no se trata solo de la renta social, sino que hay que dar cobertura también a otros programas sociales como ayudas de emergencia, becas comedor o el Albergue Covadonga y que ello exigirá conversaciones políticas en la corporación. Moriyón ha apelado, pues, al contexto político de fracaso de las negociaciones presupuestarias. «Esto es ya la negociación», ha recalcado ante las criticas de la oposición por no presentar un proyecto de presupuesto, reconociendo al tiempo que el gasto social fue uno de los principales escollos en las conversaciones junto a «ocurrencias» como la petición de cese del director de Empleo o la «obcecación» por la remuniciplalización del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Moriyón ha recordado que, cuando la Renta Social se aprobó, Foro ya matizó que era un programa «puntual y transitorio» ligado a la disposición de presupuesto. En su primer año de funcionamiento, el programa se cubrió con un remanente de la Fundación Municipal de Servicios Sociales; una reserva presupuestaria que no existe para este ejercicio en un departamento cuyo presupuesto anual es de 19,5 millones de euros, según ha recordado la regidora. Los principales promotores de la Renta Social Municipal, XsP e IU, obtuvieron a finales de 2016 la puesta en marcha de la medida a cambio de su abstención en la votación de los presupuestos de Moriyón para 2017, y el programa recibió una dotación de 8 millones de euros. Su desarrollo ha estado marcado por los retrasos, la lentitud en la tramitación y las críticas casi unánimes al programa desde todos los frentes.

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