Prevaricación y fraude: el 'caso Musel' no se archiva

Carmen Lamela asume las acusaciones de la Fiscalía y ve «inidicios racionales de criminalidad» en las actuaciones de 24 responsables portuarios, gubernamentales y empresariales, más cerca del juicio oral

Puerto de El Musel
Puerto de El Musel

Gijón

El 'caso Musel' sigue adelante. La jueza Carmen Lamela, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, ha rechazado el archivo del procedimiento judicial en el que se investigan las presuntas irregularidades en la planificación, adjudicación y desarrollo de las obras de la ampliación portuaria gijonesa, que generaron un abultado sobrecoste que disparó la obra un 30% más de lo inicialmente presupuestado, hasta los 830 millones de euros. La magistrada emitió ayer un auto en el que rechaza las peticiones de las defensas y asume el escrito de la Fiscalía, y aprecia «indicios racionales de criminalidad» en las actuaciones de 24 de los investigados, ante los que se abre la perspectiva de un juicio oral en el que se les acusaría de prevaricación y fraude.

Entre ellos, y tras el archivo de la causa contra siete investigados, estarían los máximos responsables portuarios -Fernando Menéndez Rexach, presidente de la Autoridad Portuaria, y su director, José Luis Díaz Rato-, los cargos estatales Fernando Palao -exsecretario de Estado- y Mariano Navas -expresidente de Puertos del Estado- y el abogado del Estado José María Alcoba, junto a directivos de las empresas adjudicatarias de la obra. Aunque el auto descarta otras imputaciones como las de malversación y falsedad en documentos, las de prevaricación podrían llevar a la inhabilitación de los imputados y la de fraude a penas de hasta dos años de cárcel, si se aplican las reformas más recientes del Código Penal.

La jueza da por sentado que Menéndez Rexach y Díaz Rato aceleraron la puesta en marcha del proyecto a sabiendas de que para una obra de la envergadura de la ampliación de El Musel hubiera sido «imprescindible» esperar a realizar ensayos técnicos y estudios previos que no llegaron a completarse. La obtención de las ayudas de los Fondos de Cohesión de la Unión Europea y la voluntad  de beneficiar a las empresas adjudicatarias agrupadas en la UTE Dique Torres habrían estado detrás de esa actuación en la que, según el auto, se antepusieron estos intereses a las «garantías técnicas», y en las que se procedió a la «elección subterránea de empresas para beneficiarlas» según un «obvio acuerdo previo» con ellas.  

Se habrían vulnerado, por tanto, según Carmen Lamela, los principios de no discriminación y de transparencia en la contratación de las adjudicatarias, y se habría hecho a sabiendas de que previsiones como las del suministro de piedra para la obra eran «materialmente inasumibles» o acarreaban sobrecostes que generaban un «riesgo desproporcionado» para el desarrollo de la ampliación. Todo ello, con los informes técnicos y legales a favor, el respaldo del Jefe del Servicio Jurídico del Estado en Asturias, Alcoba Arce, y la «unanimidad» de todas las instancias implicadas en la decisión.

El auto señala un presunto segundo delito de prevaricación en relación a la expropiación de los terrenos de Aboño planificada directamente por la Autoridad Portuaria presuntamente para la obtención de materiales de relleno que finalmente se obtuvieron en otras canteras. Las expropiaciones, entiende la Audiencia Nacional, re realizaron «sin que lo exigiera la naturaleza del contrato» y sin que la Autoridad Portuaria pudiese garantizar la disponibilidad de la cantera de Aboño para el suministro.

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