Uno de los socios del Instituto de Patología Mamaria Covadonga, del que la regidora fue socia, la acusa de haber incurrido en estafa procesal en una de las causas en las que fue absuelta
21 jul 2018 . Actualizado a las 12:42 h.La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, vuelve a ser objeto de una querella criminal relacionada con su vinculación al Instituto de Patología Mamaria Covadonga. La regidora, que hizo frente y ganó otras dos demandas penales y una civil relacionada con esta misma entidad y su actividad médica y empresarial previa a la incorporación a la política, ha sido denunciada por vía penal por uno de los socios del Instituto, que la acusa de haber incurrido en estafa procesal en los procesos judiciales citados. Según el Artículo 270.1 del Código Penal, incurren en estafa procesal quienes «en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero». Si la querella prospera se conocerá en las próximas fechas.
El caso se ha reactivado como consecuencia de la solicitud por parte de dos de los socios del Instituto de un concurso de acreedores para el que han pedido la calificación de culpable que recae sobre el exsocio que ahora demanda de nuevo a Moriyón; ello implica que debe responder a ese concurso con todo su patrimonio. Su respuesta ha sido una querella que, a partir de uno de los dictámenes periciales aportados en aquellos procesos, intenta demostrar que sus fallos, favorables a Moriyón, se basaron en la «manipulación de pruebas» o el «fraude procesal» que contempla el delito que se atribuye a la regidora, castigado con una pena de hasta seis años de prisión y multa,
Moriyón, que ayer mismo anunciaba su disponibilidad como candidata autonómica por su partido, Foro Asturias, en las autonómicas del 2019, pasó a formar parte como cirujana oncológica de la sociedad fundadora del Instituto de Patología Mamaria mediante un contrato privado de compra de acciones que compartía con el notario Ángel Luis Torres Serrano, el empresario Luis Fernández Álvarez, de la empresa Lyons, y la sociedad limitada Hispano Inversora de Bienes, integrada por otros dos socios: Juan Bernardino García Peón y Ángel Fernández Álvarez. El conflicto entre ellos se desencadenó cuando acusaron a Moriyón de abandonar sin previo aviso el Instituto, radicado en el sanatorio de Covadonga y que ella dirigía, en plenas negociaciones para ampliar la sociedad y vincularla al hospital de Begoña, donde la cirujana prestaba sus servicios, llevándose además los historiales de los pacientes.
Ninguna de las demandas interpuestas contra Moriyón y contra el hospital de Begoña tuvo éxito en los tribunales, bien por ser desestimadas o bien por fallos favorables a la ya alcaldesa de Gijón, que tuvo también que hacer frente como tal a las turbulencias políticas generadas por todos estos procesos.