El abogado sostiene que no hay elementos suficientes para incriminar a su representado
26 jul 2018 . Actualizado a las 16:37 h.La defensa del exdirector de El Musel José Luis Díaz Rato ha formalizado ya su recurso de reforma y apelación subsidiario contra el auto del Juzgado Central de Instrucción número 3, con sede en la Audiencia Nacional por el que acordaba continuar la investigación contra él.
Su abogado defensor, Viliulfo Díaz, ha confirmado que una de las últimas actuaciones de la magistrada Carmen Lamela, antes de incorporarse desde ese juzgado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ha sido «prorrogar la instrucción, concediendo diez días de plazo para que el fiscal formule su acusación».
La mayoría de los abogados defensores de la veintena de personas que están siendo investigadas en esta causa ya han ejercido su derecho de defensa con la interposición de los recursos.
«Nosotros nos hemos opuesto con un recurso de reforma y de apelación subsidiario porque no estamos conformes con lo que se dicta en el auto», ha señalado el letrado Viliulfo Diaz.
Entre las personas investigadas figuran, además del exdirector José Luis Díaz Rato, el exsecretario de Estado, Fernando Palao; el expresidente de Puertos del Estado, Mariano Navas; el expresidente de El Musel, Fernando Menéndez Rexach, y el abogado del Estado José María Alcoba Arce, así como responsables de las empresas que llevaron adelante los trabajos.
Los abogados de la defensa han expresado su malestar por la coincidencia del contenido de la versión de la Fiscalía con el auto de la magistrada Lamela y, especialmente, por el hecho de que se quiera aplicar el Código Penal aprobado hace tres años, posterior a las obras y que, a su juicio, puede resultar más perjudicial para sus representados.
En el relato de hechos, la magistrada Lamela sigue el criterio de la Fiscalía y sitúa el origen de las presuntas irregularidades en el hecho de que a pesar de que el proyecto no tenía el visto bueno definitivo, por considerarlo sobredimensionado, se habría precipitado sin los estudios adecuados para no perder la financiación europea que tenía asignada Asturias.
La obra, según las defensas, no se cuestionó ni por su necesidad, ni conveniencia por parte de la Administración General del Estado.
El abogado Viliulfo Díaz sostiene además que, del propio relato de los hechos que realiza la Fiscalía, «no hay elementos suficientes para incriminar» a su representado.