Un hombre de 32 años con problemas de personalidad se enfrenta a una sanción por realizar miles de avisos falsos a Emergencias para «incordiar, molestar y perturbar el normal funcionamiento»
10 sep 2018 . Actualizado a las 14:04 h.Realizó más de 2.500 llamadas al 112 a lo largo de cuatro meses y medio, todas ellas injustificadas, y ahora esa insistencia puede salirle por 7.200 euros. Al menos, esa la sanción que solicita la Fiscalía de Área de Gijón para un hombre de 32 años que se enfrentará a la vista vista oral está señalada para este martes, 11 de septiembre, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón, a las 9.30 horas. Su pertinacia fue tal que hubo días en los que llegó a realizar hasta 278 llamadas, creando graves perturbaciones en el servicio y gastos innecesarios. Y todo ello, según la Fiscalía, con intención de « incordiar, molestar y perturbar el normal funcionamiento de los servicios públicos».
El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, el día 2 de mayo de 2017 sobre las 16.30 horas, realizó una llamada al servicio de urgencias del hospital de Jove, centro hospitalario en el que ha sido atendido en ocasiones previas como paciente con patología psiquiátrica, diciendo que se encontraba muy mal, que no quería ir al hospital y que se iba a suicidar. Ante el aviso, desde el servicio de urgencias del hospital se efectuó una llamada al 112, quien derivó la llamada a la Policía Nacional para que se desplazaran rápidamente efectivos al domicilio que constaba en la historia clínica del acusado, en Gijón. Una vez llegaron al lugar, los agentes llamaron al timbre de la vivienda, sin que nadie respondiera, por lo que ante el temor de que pudiera estar en peligro la vida del acusado, dado que ningún vecino sabía nada de él, llamaron a los Bomberos, que trataron de acceder a través de una ventana exterior al domicilio. En ese instante comprobaron que el mismo estaba vacío de muebles y a la venta. Posteriormente comprobaron que el acusado ya no vivía allí porque había sido desahuciado.
También comprobaron que la llamada de 2 de mayo de 2017 no era, ni mucho menos, la única. Se trataba de una de las múltiples llamadas que el acusado realizó tanto a los servicios sanitarios como a los del 112 durante el año 2017, generado en Emergencias gran perturbación, un bloqueo del servicio, molestias innecesarias y gastos prescindibles tanto en el 112 como en los servicios de salud. En concreto, desde el 1 de enero de 2017 al 17 de mayo efectuó 2.546 llamadas al 112, de las que 1.242 de ellas fueron catalogadas como de emergencia; los días más prolíficos fueron el 15 de mayo de 2017, con 219 llamadas, y el 16 de mayo de 2017, con 278 llamadas. De hecho, el acusado fue informado reiteradamente y hasta la saciedad cuando efectuaba dichas llamadas de que dicho proceder era incorrecto y pese a estar diagnosticado de trastorno de la personalidad, conserva plenas sus facultades intelectivas y volitivas.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de desórdenes públicos continuados y consumados de los artículos 561 y 74 del Código Penal y solicita que se condene al acusado a 12 meses de multa, con una cuota diaria de 20 euros (7.200 euros), y una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.