El último documento de la oenegé sobre los vertidos en el litoral español recogen los casos registrados el pasado año, y también las incidencias en Villaviciosa, Navia o Luanco
24 ene 2019 . Actualizado a las 18:55 h.El año que ha concluido ha sido un año más que turbio en cuanto a la calidad de las aguas costeras de Gijón, con los problemas derivados del saneamiento y la depuración en el eje del problema. Y Greenpeace ha tomado nota. La oenegé medioambientalista ha hecho público un comunicado en el que recuerda los incidentes en el litoral gijonés como parte de los «90 impactos por vertidos de aguas residuales urbanas en alrededor de 80 municipios distribuidos por las 23 provincias costeras» que han afectado «aproximadamente al 20% de los municipios» de la costa española. Greenpeace airea este balance en la semana en la que se cumple el primer plazo de la multa de 12 millones de euros impuesta hace seis meses por la UE a España por el incumplimiento de la normativa comunitaria para la deputación aguas residuales, con Gijón como la mayor de los nueve municipios multados que -denuncia el comunicado- «aún no se han puesto al día». El informe registra dos episodios en el litoral gijonés -vertidos del emisario Este y la aparición de aguas fecales procedentes del Piles en la bahía-, pero también otros varios en la costa asturiana: Navia, Villaviciosa y Luanco.
La intención de Greenpeace no solo es la de recordar los costes económicos de la mala depuración y el incumplimiento de la normativa, sino hacer ver que, con o sin multa comunitaria, el listado de «impactos» se queda muy corto, ya que los vertidos son «generalizados» en todo el litoral español. La ONG recuerda que suponen un riesgo para la salud de la población y de los ecosistemas a causa de la ausencia de depuradoras, la sobrepoblación en verano, las fugas en los sistemas de conducción de aguas fecales o los vertidos no autorizados «detrás de la deficiente depuración de las aguas residuales».
En su informe sobre el 'Calendario de cumplimiento de la normativa' de la UE, Greenpeace resume el estado de la cuestión en el municipio gijonés: «La depuradora de Gijón-Este cuenta con tratamiento primario, secundario y otros, pero debido a su mal diseño y dimensionamiento44 no es capaz de alcanzar los límites máximo de vertido, motivo por el que se incluye en la multa de la Unión Europea». También recuerda la actual situación, tras la llegada del Gobierno socialista, con la rescisión por parte del Consejo de Ministros «del contrato con la empresa que ejecutó las obras de esta depuradora de Gijón-Este para adjudicar las nuevas obras, que hay que hacer a tenor de la multa de la UE, a otra compañía, Tragsa».
«Este gesto tiene que ver con las irregularidades en la declaración de impacto ambiental que llevó la suspensión de la misma por el Tribunal Supremo, aunque posteriormente la Audiencia Nacional permitió que funcionara al menos en parte para no agravar la mala depuración de las aguas. En septiembre de 2018, tuvo lugar el proceso de información pública del nuevo estudio de impacto ambiental de la depuradora de Gijón-Este48 y el Ministerio prevé que las obras puedan estar acabadas en 2019», prosigue el documento.
Frente a esa situación, Paloma Nuche, responsable de la campaña de costas de Greenpeace, ha recalcado que por motivos de salud pública y de protección del medio ambiente, la calidad del agua debería ser el objetivo fundamental de su gestión. «España está aún lejos de conseguirlo. De hecho, en muchos casos se ha revelado la pasividad de las administraciones responsables durante años, como ha ocurrido con los vertidos del Valle del Güímar, en Tenerife, o los de Mallorca», ha apostillado.
El último Informe de Vertidos Autorizados del Ministerio, de 2017, contabiliza un total de 1.030 puntos de vertidos autorizados desde la tierra al mar en toda la costa española, que suponen más de 17.000 millones de metros cúbicos al año (el equivalente a 6.800 piscinas olímpicas). Sin embargo, el número de vertidos no autorizados puede representar un elevado porcentaje respecto al total, como ocurre en Canarias, donde, de los 393 puntos de vertidos desde la tierra al mar, 277 no están autorizados, casi un 70 por ciento del total, según recoge el comunicado.
«Es necesario un riguroso cumplimiento de la normativa europea y unos sistemas de gestión de vertidos centrados en acabar con la contaminación del medio marino. Para ello, es imprescindible una mayor inversión en infraestructura que asegure una depuración efectiva y una ordenación del litoral que controle la masificación urbanística y ponga límite a nuevas fuentes de vertidos al mar», apostilla Nuche.