Clara Álvarez, bióloga y descendiente de asturianos, investiga estos días en Gijón el polémico caso de la depuradora de la zona este como trabajo para su master sobre gestión del agua y desarrollo local
04 mar 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Se llama Clara Álvarez, es francesa, tiene 24 años, reside en Toulouse aunque nació en París y estos días primaverales de febrero es frecuente verla moviéndose por el Muro de San Lorenzo en bicicleta o en alguna cafetería cercana conversando con distintos interlocutores, cargada de cuadernos y carpetas, grabando y tomando notas. No es una turista fuera de temporada documentando su visita a Gijón; recopila materiales para la tesis con la que rematará su Master en Geografía, Planificación, Medio Ambiente y Desarrollo por la Universidad de París Nanterre, para el que eligió el tema de la gestión del agua y el desarrollo local. Aunque es licenciada en Biología, acabó orientando su trabajo hacia todo lo que tenga que ver «con el compromiso con las políticas del territorio», explica. Y todos esos vectores de interés confluyeron en un caso que lleva más de dos décadas generando un importante problema de gestión pública de las aguas en un entorno local, políticas medioambientales y conflicto legal en Gijón: la polémica Plantona, la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del Este.
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Que la instalación ha estado en el punto de mira de Europa como entidad política queda claro por las multas impuestas por la UE a Gijón y a otros municipios españoles a causa de la mala depuración de sus aguas residuales. Pero, ¿cómo ha acabado en el punto de mira de una joven investigadora francesa de postgrado? Vínculos personales y experiencias igualmente personales lo explican. «Mis abuelos paternos son asturianos, de Posada de Llanera, y yo vengo desde niña todos los años un mes a Asturias. Este año, cuando nos estábamos bañando en Verdicio, vimos algo en el agua que pensamos que eran medusas... y no lo eran», recuerda Clara: eran residuos desaguados a las aguas del Cantábrico que acabaron por llevar a la bióloga a tener conocimiento de los grandes vertidos del pasado año a la bahía de San Lorenzo y, de ahí, al mayor punto negro del sistema de depuración de aguas en la mayor ciudad asturiana.
Clara decidió que había miga más que suficiente como para convertirlo en el tema de su tesis de máster, que estaba a punto de empezar, y que le resultaría más fácil investigar en un territorio conocido, como Asturias, con la ventaja añadida del idioma, que en África, como inicialmente era su intención. Y nada más empezar el trabajo se dio cuenta -y así lo ha ido confirmando el trabajo de campo que inició hace unos días y prolongará hasta el 8 de marzo- de que «lo que inicialmente pensaba que era un problema de conflicto de normas parece ser en realidad, en el fondo, un problema político, un problema de voluntad política». Conversaciones con los vecinos de la colonia El Pisón y su abogado, con ecologistas, con distintos agentes municipales relacionados con la gestión de las aguas o la política local han ido haciendo que el trabajo de la bióloga apunte en esa dirección.
Su hipótesis echa mano de siglas bien conocidas por quienes se ocupan de cuestiones relativas a urbanismo sostenible. En ella se perfila «un caso de LULU (Locally Unwanted Land Use, un 'uso del suelo localmente no deseado')» que dio lugar a «una reacción NIMBY (Not In My Backyard: 'no en mi patio trasero')» entre los vecinos de las proximidades de la depuradora. Y, en el trasfondo legal, otra sigla bien conocida, la del RAMINP -el célebre Real Decreto de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas colisionando con la directiva europea que impone una depuración completa de las aguas para poblaciones como Gijón. Aunque a Clara Álvarez le va quedando claro que la 'crisis de la Plantona' es ante todo «un problema de interés general» enfrentado a otros particulares y, finalmente, «de toma de decisiones políticas». Dentro de unos meses, todo ello cogerá cuerpo académico en su tesis.