El exjefe de los voluntarios de Protección Civil reclama su reposición y 183.000 euros al Ayuntamiento

Bernardo Canga exige ante los tribunales que se le restituya en el puesto y se abonen todas las cantidades pendientes de un convenio con Vaema que considera vigente

Voluntarios de Protección Civil en Gijón
Voluntarios de Protección Civil en Gijón

Gijón

Voluntarios Auxiliares en Emergencias y Medio Ambiente, la asociación presidida por el anterior jefe honorífico de Protección Civil en Gijón, Bernardo Canga, añade una nueva demanda judicial a las que ya ha presentado contra el Ayuntamiento de Gijón. En este caso, reclama por vía de contencioso administrativo un total de 183.743 euros en distintos conceptos relacionados con débitos a Vaema «para el desarrollo de actividades en materia de Protección Civil» durante el ejercicio de 2016, cuando aún mantenía un convenio de colaboración con el Consistorio que Vaema considera en vigor. También exige la reposición del título de honorario jefe de la Agrupación Municipal de Voluntarios a Canga, al que considera depuesto «sin justificación alguna, por la Alcaldesa, infringiendo sus derechos constitucionales» y «con reparación pública del daño de su buen nombre». La defensa ha citado a la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, al concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, la interventora municipal y el exjefe de Bomberos.

La demanda pide al juez que reponga de forma «inmediata» a Vaema «en las mismas condiciones que tenía antes de su expulsión unilateral y arbitraria, las cantidades pendientes en los términos acordados, que asciende en el ejercicio 2016«: 14.309,15. Se piden también 75.533,33 euros «por los servicios efectivos prestados hasta que fueron cesados», justificados hasta el mes de agosto de 2017.

Además Vaema exige al Ayuntamiento el abono de 89.695,83 euros por «daños y perjuicios» causados por la resolución irregular del convenio durante los meses transcurridos entre la rescisión del acuerdo (19 meses, desde septiembre de 2017 hasta marzo de 2019) y otros 4.206,51 euros mensuales a partir de abril de 2019, «hasta que se efectúe una extinción del Convenio, en su caso, en legal forma con mas intereses legales». A todos estas conceptos habría que añadir los correspondientes intereses legales

La dmanda considera «arbitraria, unilateral y contraria a la buena fe» y sin mparo administrativo la actuación municipal «al incumplir los pactos acordados en el Convenio, además de no haber seguido los trámites legales para instar su resolución-rescisión». Por ello, el letrado que lleva la causa, Marcelino Abraira, defiende que todo ello supone «una renovación del Convenio». Argumentos similares aduce para acusar al Ayuntamiento de destituir a Bernardo Canga «sin oírle previamente y sin preaviso de tipo alguno» y basándose en un informe «sesgado y subjetivo»: «Su cese de ese modo parte del principio de culpabilidad, antes de darle la oportunidad de defenderse», considera la demanda.

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