«Sin uniforme, sin arma y solo, yo no salgo más a la calle».

J. C. G. GIJÓN

GIJÓN

Policía local de Gijón
Policía local de Gijón

Un agente de la Policía Local que actualmente desempeña tareas de notificación exige que se le restituya su dotación reglamentaria después de verse obligado a intervenir en una fuerte discusión en el Polígono de Pumarín

02 jul 2019 . Actualizado a las 12:00 h.

«Sin uniforme, sin arma y solo, yo no salgo más a la calle». Ese es el rotundo mensaje que trasladó al Jefe de Sala de la comisaría de Policía Local de Gijón un agente que, desde el pasado jueves, ha rehusado realizar cualquier tarea que implique salir a las calles hasta que no se cumpla lo que considera como una exigencia necesaria para su seguridad y el desempeño de sus funciones. S. M. comunicó esa decisión a sus superiores y ha informado también por escrito al nuevo concejal de Seguridad Ciudadana, el socialista José Luis Fernández, después de que el pasado miércoles tuviese que intervenir en una fuerte discusión entre vecinos de un edificio del Polígono de Pumarín con la que se topó en el desempeño de sus actuales funciones. Desde 2011, S. M. realiza tareas de traslado de notificaciones policiales a los Jugzados, el Ayuntamiento, otras entidades y ciudadanos particulares después de que se le apartase de las patrullas de Seguridad Ciudadana y se le retirase su arma reglamentaria.

Los hechos que han motivado la decisión de agente se produjeron durante uno de sus recorridos como notificador, cuando escuchó fuertes gritos provenientes de un edificio en la calle Puerto de Palo, y encontró una situacion muy tensa entre un hombre y una mujer en la calle, y varios vecinos, entre ellos una familiar del hombre. S. M. intervino y tuvo que exhibir reiteradamente su acreditación y su placa para poder identificarse, mientras comunicaba a Jefatura su situación y pedía apoyo de un coche patrulla. Finalmente, se personó un motorista, aunque la situación ya había quedado resuelta.

«Estiman que para hacer notificaciones no me hace falta el arma y que no hay problema en ir solo », explica S. M. C., que puntualiza que ya ha tenido «problemas » en algunas entregas que «al final se notifican a delincuentes». Pero, más que nada, el agente apunta a sus obligaciones profesionales:  «Yo sigo siendo policía local aunque me tengan haciendo notificaciones. Los Policías Locales, nos pongan en el puesto que nos pongan, seguimos siendo agentes. Y si lo soy, tengo las mismas obligaciones que los otros, y mi obligación es intervenir». Añade, de hecho, que esa situación ya se ha dado en otros casos en los que procedió a multar al autor de una infracción o a perseguir y denunciar a dos conductores que competían con sus coches por la carretera del Infanzón.

Antecedentes

S. M. C. invoca antecedentes como el caso de otro agente que en 2014 también se negó a patrullar las calles después de una retirada de su arma y que recibió por ello un expediente por falta grave y fue suspendido temporalmente. Recurrió y el juez le dio la razón argumentando a necesidad de portar el arma reglamentaria para el cumplimiento de los deberes de un agente de la Policía Local entre los que «se incluyen el de intervenir en evitación de cualquier tipo de delito o falta y prestar apoyo a los compañeros y a los demás miembros de las fuerzas de Seguridad cuando sean requeridos para ello o sea necesaria su intervención».

S. M. C. se encuentra inmerso desde hace años en diversos procesos administrativos y judiciales por presunto acoso en el trabajo y discriminación laboral. El agente ha causado repetidas bajas, tres de ellas por motivos psicológicos que atribuye a esa situación. Sostiene que los responsables del cuerpo siguen defendiendo como argumento para la retirada de su arma que se encuentra «mal psicológicamente» a pesar de que la última vez que causó baja por este motivo fue en 2015. Además, asegura que sus superiores sustentan decisiones como la retirada de su arma reglamentaria basándose en informes suministrados «de forma ilegal» por el Ayuntamiento, lo que le ha llevado a interponer una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos actualmente en curso.