A vueltas con la residencia universitaria

PP y Ciudadanos abogan por aprovechar el espacio que tuvo el mismo uso en la Laboral ante la petición de una tercera prórroga por parte de la adjudicataria para el inicio de las obras en el campus


Gijon

La portavoz adjunta del PP en el Ayuntamiento de Gijón, Ángeles Fernández Ahuja, ha defendido hoy la necesidad de «acortar plazos y abaratar costes» para que la ciudad pueda contar cuanto antes con residencia universitaria. La concejala ha abogado por buscar un edificio de titularidad pública que actualmente no tenga uso como puede ser la Universidad Laboral, un emplazamiento que el PP ya ha defendido y que requeriría habilitar de nuevo la antigua residencia de estudiantes.

A su juicio, una nueva prórroga para este proyecto hará que Gijón no pueda contar con ese equipamiento hasta 2024 ó 2025 «con las consecuencias que esto atraería para potenciar la excelencia e internacionalización del campus universitario».

«Es la crónica de una muerte anunciada con la que se merma la calidad del campus universitario», ha lamentado tras recordar que la Universidad valora el hecho de contar con esa residencia a la hora de impulsar nuevos grados en una localidad. La edil popular ha señalado además que la alcaldesa, Ana González, parece ser proclive a hurtar el debate en el foro adecuado como es el pleno municipal «al no responder a la pregunta realizada por el PP sobre el futuro de la residencia de estudiantes en la pasada sesión del 1 de agosto».

La alcaldesa consideraba ayer «primordial» que la empresa adjudicataria de la construcción de la residencia universitaria en el campus cumpla los plazos establecidos que prevén su entrada en funcionamiento en octubre de 2020. La adjudicataria de las obras, la empresa Rya, ya ha pedido dos prórrogas y, tras la petición de una tercera, el consistorio le pidió documentación para acreditar si, en caso de ser concedida, sería capaz de cumplir los plazos previstos. 

También ayer el concejal de Ciudadanos Rubén Pérez Carcedo consideraba que conceder una tercera prórroga es «reincidir en el error y seguir apostando por un proyecto que está abocado al fracaso», ya que pese a que la empresa obtuvo la concesión para la construcción en mayo de 2016 y cuenta con licencia desde octubre de 2017 las obras aún no han comenzado. Por ello, conminaba a rescindir el contrato y habilitar la antigua residencia de Laboral, informa EFE.

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