El proyecto se licitó en 620.000 euros y, desde noviembre, esa variación sobre el presupuesto ha ido subiendo. «Es el ayuntamiento quien tendría explicar a qué se ha debido», indican desde el Instituto Dolores Sopeña, que quiere resolver el asunto «de la forma más amistosa posible»
06 sep 2019 . Actualizado a las 05:00 h.La Casa Paquet, situada al final de la cuesta de la Subida a la Colegiata que entra en Cimavilla, tendría que abrir sus puertas este mes como oficina de turismo del Camino de Santiago, albergue de peregrinos y sede de eventos culturales, turísticos y formativos. Al menos esos eran los plazos que se manejaban cuando se licitaron en octubre de 2017 las obras de la reforma de este histórico inmueble que es propiedad del Instituto Catequista Dolores Sopeña (ICDS), al que se ha puesto estos días en el punto de mira por no cumplir, según el equipo de gobierno local, con su parte del convenio suscrito con el Ayuntamiento de Gijón para esos nuevos usos del edificio.
En ese convenio se establecía que el ICDS cedía el inmueble al ayuntamiento durante 25 años, estipulándose una renta de 1.500 euros al mes que el ayuntamiento dejó de pagar en mayo, y que el consistorio asumía las obras de rehabilitación del inmueble por un importe no superior a 620.000 euros. Las obras se adjudicaron a la constructora Bauen, la misma que realizó la reforma de la Escuela de Comercio, por un importe de 619.990 euros (sin IVA) y se iniciaron en noviembre de 2017. Ahora se sabe que el motivo para que se haya llegado a decir que las obras están en el aire es un sobrecoste de 132.000 euros en la rehabilitación de este inmueble, tal y como explicaban ayer en Instituto Dolores Sopeña.
¿A qué se debe ese sobrecoste?
El convenio también establecía que los posibles imprevistos surgidos durante la reforma correrían a cargo del propietario. Ante las informaciones que se han venido publicando sobre la Casa Paquet, ayer el Instituto Dolores Sopeña desvelaba que esta reforma ha tenido un sobrecoste del 20% sobre la previsión contractual de 620.000 euros. Es decir, un aumento de 132.000 euros que, según explican, «no viene derivado de imprevistos ni de vicios ocultos, que si existieran deberían ser asumidos por el ICDS, sino esencialmente del incremento, posterior a la firma del contrato, de los precios unitarios de distintas partidas de la obra».
Y, por ello, consideran que «no es el Instituto Dolores Sopeña, sino el consistorio quien, en su caso, tendría que explicar a los ciudadanos a qué se ha debido el sobrecoste y la variación del presupuesto en un 20%». Arlindo Lara, del Instituto Dolores Sopeña, explica al respecto que se enteraron de que la reforma tenía un sobrecoste a finales de noviembre del año pasado y que, desde entonces, se han dado varias cifras mucho menores a los 132.000 euros en los que, según les comunicó el ayuntamiento, se establece ese aumento final del presupuesto de las obras.
¿Cuáles son las discrepancias entre ayuntamiento y propietario?
«Desde que nos enteramos de que el resultado final se incrementaba, el sobrecoste ha ido aumentando. Nosotros sostenemos que el proyecto fue visado por el Colegio de Arquitectos de Asturias con un presupuesto anexo al mismo, pero se han elevado los precios unitarios y no porque haya habido ninguna obra nueva que haya tenido que hacerse. Esta es la discrepancia esencial», indica, explicando también que han solicitado que se les facilite el acceso al interior del inmueble para verificar las unidades de obra realmente ejecutadas y las mediciones.
«Hay dos cuestiones en discusión: la primera, que es la esencial, es el cambio al alza de los precios unitarios de las unidades de obra que son superiores a lo que dice el contrato y, la segunda, las unidades de obra realmente ejecutadas y que se hayan hecho con arreglo al proyecto visado. Por ello, pedimos el acceso al inmueble, pero en el ayuntamiento nos han contestado que no se puede porque aún no se ha recibido la obra», indica Lara.
Según añade, que no se haya recibido la obra se debe al parecer a que aún no se han entregado las certificaciones finales de obra, «que nosotros pagamos en junio», de alguno de los proyectos de instalaciones de aire acondicionado y electricidad. También reitera que si se hubiera dado alguna circunstancia sobrevenida, como surge en cualquier obra, que hubiera elevado el coste del proyecto, el Instituto Dolores Sopeña lo hubiera asumido como se hizo sin problema con el arreglo de las ventanas, que supuso menos de 30.000 euros más. «Lo otro -dice, respecto a los 132.000 euros de sobrecoste- deriva de la modificación al alza de precios que el Instituto no ha conocido y, por ello, difícilmente puede autorizarlo».
¿Cuándo fue la última comunicación con el ayuntamiento?
La última comunicación por parte del Ayuntamiento de Gijón fue la respuesta que se recibía en el Instituto, que cierra en agosto, el pasado 2 de septiembre a la petición de acceso al inmueble, en la que también el ICDS solicitaba información sobre las certificaciones de obra y las mediciones que sirvieron de base a cada certificación, con el sello de entrada de esas certificaciones en el registro del ayuntamiento. Sin embargo, según explica Lara, el ayuntamiento aporta las certificaciones -«que ya nos habían dado físicamente»-, pero no llevan incorporada la medición de obra: «Es decir, que tenemos que hacer el mismo acto de fe que ha hecho el ayuntamiento para pagarlo, porque no consta ni la medición incorporada ni el detalle de esa medición».
Ante esta situación, desde el ICDS se pusieron en contacto con el arquitecto de la obra que va a urgir a los responsables de los proyectos de instalaciones para que los entreguen y el ayuntamiento pueda recibir la obra. Y ellos entrar en el inmueble para comprobar los precios contradictorios. También se ha solicitado por teléfono y por escrito una reunión con la alcaldesa, Ana González, o con quien ella disponga, para abordar un asunto que en el Instituto Dolores Sopeña insisten en que quieren resolver «de la forma más amistosa posible».
«Siembre ha habido buena relación y esperamos que siga siendo así, máxime en un proyecto que tiene una relación prevista de 25 años de los que solamente se han agotado dos. Estamos a la espera de que nos responda y, en todo caso, nuestra idea y deseo en todo momento es resolverlo amigablemente», reitera Lara.