Ocho personas se enfrentan a penas de cárcel y a un pago de 60.000 euros por supuestamente coaccionar al dueño de la pastelería La Suiza, de Gijón, para exigirle una indemnización para una trabajadora y la retirada de una denuncia contra la pareja sentimental de esta, también acusada en este proceso.
El acoso al que fue sometido la víctima, que fue acusado de explotador laboral y acosador sexual, según el Ministerio Fiscal, le llevó a cerrar el negocio. De acuerdo al relato fiscal, una de las acusadas trabajaba en la confitería La Suiza, en la avenida de Schultz de Gijón, cuando el día 15 de junio de 2016 avisó a su pareja sentimental para que fuera a recogerla al trabajo y llevarla al hospital, dado que se encontraba embarazada y tenía pérdidas. Ese día, la pareja de esta, llegó muy alterado al local y, tras dirigirse a voces hacia el propietario, rompió de un puñetazo un armario congelador. Tras estos hechos, la acusada quedó en situación de baja laboral por riesgo de aborto, permaneciendo de baja hasta mayo de 2017, no volviendo a trabajar más en la pastelería.
El dueño del negocio denunció al agresor por daños y amenazas, siendo celebrado el juicio en mayo. Si bien la Fiscalía pidió penas de multa, la acusación solicitaba un año y tres meses de prisión. La empleada de la confitería contactó entonces con el sindicato CNT con un doble objetivo: obtener el mayor dinero posible de la extinción de su relación laboral con La Suiza y evitar la acusación contra su pareja. Acordaron entonces iniciar una campaña de presión contra el dueño de la confitería y su familia, al objeto de que cediera a abonar una indemnización de despido a su empleada, y retirara la acusación contra la pareja de esta.
