A principios de junio, el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón desestimó la solicitud de las defensas y la Fiscalía para que se suspendiera la condena impuesta
10 jul 2025 . Actualizado a las 09:15 h.Un juzgado ha ordenado la detención y el ingreso en prisión de las seis sindicalistas conocidas como las «Seis de la Suiza» que fueron condenadas a penas de tres años y medio de cárcel por coacciones al propietario de una pastelería de Gijón, han informado fuentes de su entorno.
El grupo de apoyo a las seis condenadas, que en los últimos meses han organizado protestas multitudinarias apoyadas de forma unánime por los sindicatos y también por varias organizaciones políticas como PSOE, IU, Podemos, Sumar o EH Bildu, ha convocado nueva concentración, a las 19:30 horas de mañana jueves, frente al Ayuntamiento de Gijón.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reunió el pasado viernes en Oviedo con las seis personas condenadas, vinculadas a la CNT, y se comprometió a apoyar la tramitación de su indulto por parte del Gobierno, una medida para la que el Ejecutivo asturiano ya ha expresado formalmente su conformidad. A principios de junio, el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón desestimó la solicitud de las defensas y la Fiscalía para que se suspendiera la condena impuesta.
El Tribunal Supremo ratificó recientemente las penas individuales de dos años de prisión por obstrucción a la justicia y un año y medio por coacciones, y al pago de 150.000 euros como indemnización al propietario de la pastelería La Suiza, en Gijón, que cerró el local como consecuencia de las protestas las puertas del establecimiento.
Los hechos se remontan a junio de 2016, cuando la pareja sentimental de una trabajadora de la pastelería se presentó en el lugar de trabajo y mantuvo un altercado con el empresario, que culminó con una denuncia del hostelero por amenazas y daños en su local.
Según detalla la sentencia, la empleada, a raíz de la apertura de juicio oral contra su pareja, dejó su empleo, entró en contacto con el sindicato CNT y se concertó con los acusados para iniciar una «campaña de presión sobre el empleador y su familia».
Entre otros actos, la sentencia detalla la convocatoria a través de las redes sociales de concentraciones delante del establecimiento con pancartas, la entrega de pasquines contra el empresario, así como la difusión de un vídeo en el que le denunciaban por acoso laboral y sexual.
Las condenadas, según el relato de hechos, «incrementaron durante varios meses las acciones de boicot y presión» hacia el empresario y su familia porque éste se negó a indemnizar a la empleada por despido improcedente y a retirar la acusación contra la pareja de ésta.
Las concentraciones delante de la empresa terminaron cuando el empleador decidió cerrar su negocio, lo que, según el Supremo, fue «la consecuencia directa de la presión, constante, reiterada y desproporcionada derivada del número de concentraciones realizadas como respuesta por no acceder a las pretensiones económicas de los acusados».