Las sindicalistas ingresaron en prisión el pasado 10 de julio para cumplir una pena individual de tres años y medio de cárcel por coacciones al propietario de una pastelería de Gijón
28 sep 2025 . Actualizado a las 12:38 h.Decenas de personas han pedido este sábado en una concentración la «libertad plena» de las sindicalistas conocidas como las ‘Seis de la Suiza’, que el pasado 10 de julio ingresaron en prisión para cumplir una pena individual de tres años y medio de cárcel por coacciones al propietario de una pastelería de Gijón y que ayer obtuvieron el tercer grado penitenciario. La protesta había sido convocada, en principio, a las puertas de la cárcel de Asturias, pero cambió su ubicación a la Plaza de Marqués, en el centro de Gijón, porque las sindicalistas, cinco mujeres y un hombre, no iban a estar allí al disfrutar del régimen de semilibertad del tercer grado que solo les obliga a pernoctar en el centro penitenciario y pueden pasar los fines de semana fuera.
El grupo social de apoyo y el sindicato CNT, al que están vinculadas las condenadas, han expresado su satisfacción por la concesión del tercer grado, que han considerado «un avance conseguido gracias a la movilización», y han anunciado que continuarán con las manifestaciones porque esa medida «no es suficiente». La portavoz del grupo de apoyo, denominado en asturiano 'Grupu sofitu 6 de la Suiza', Herminia González, ha declarado que estas personas «tienen que estar en la calle porque hicieron sindicalismo y no cometieron ningún delito» y ha reclamado al Gobierno de España que tramite con urgencia la petición de indulto solicitada por organizaciones sindicales, sociales y políticas.
Tras su ingreso en prisión el pasado 10 de julio, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que ya trabajaba «dentro del Gobierno para que el indulto llegue cuanto antes» e insistió en que «el sindicalismo es un derecho, no un delito», de modo que «en una democracia nadie debe estar en prisión por defender los derechos laborales». Díaz aprovechó una visita a Asturias el pasado 4 de julio para reunirse personalmente con estas seis personas y ya entonces dijo sentirse «escandalizada» por algo que «en democracia nunca ha pasado».
Además, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG registraron juntos el pasado miércoles una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para pedir al Gobierno el indulto, una medida que también apoya el Gobierno del Principado, además más de una veintena de organizaciones sindicales de todo el país.
El Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón, que el pasado mes de junio desestimó la solicitud de las defensas y de la Fiscalía para que se suspendiera la condena, dictó el pasado 9 de julio una orden de detención e ingreso en prisión para las 'Seis de la Suiza', que al día siguiente se presentaron de forma voluntaria en el centro penitenciario asturiano. El Tribunal Supremo ratificó hace poco más de un año las penas individuales de dos años de prisión por obstrucción a la justicia y un año y medio por coacciones, y al pago de cerca de 150.000 euros como indemnización al propietario de la pastelería La Suiza, en Gijón, que cerró el local como consecuencia de las protestas continuadas a las puertas del establecimiento por un conflicto con una trabajadora.
Los hechos se remontan a junio de 2016, cuando la pareja sentimental de una trabajadora de la pastelería se presentó en el lugar de trabajo y mantuvo un altercado con el empresario, que culminó con una denuncia del hostelero por amenazas y daños en su local. Según detalla la sentencia, la empleada, a raíz de la apertura de juicio oral contra su pareja, dejó su empleo, entró en contacto con el sindicato CNT y se concertó con los acusados para iniciar una «campaña de presión sobre el empleador y su familia».
Entre otros actos, la sentencia detalla la convocatoria a través de las redes sociales de concentraciones delante del establecimiento con pancartas, la entrega de pasquines contra el empresario, así como la difusión de un vídeo en el que le denunciaban por acoso laboral y sexual. Las condenadas, según el relato de hechos, «incrementaron durante varios meses las acciones de boicot y presión» hacia el empresario y su familia porque éste se negó a indemnizar a la empleada por despido improcedente y a retirar la acusación contra la pareja de ésta.
Las concentraciones delante del local terminaron cuando el empresario decidió cerrar su negocio, lo que, según el Supremo, fue «la consecuencia directa de la presión, constante, reiterada y desproporcionada derivada del número de concentraciones realizadas como respuesta por no acceder a las pretensiones económicas de los acusados», informa Efe.