Gijón se moviliza para pedir el indulto de «Las seis de la Suiza», en prisión desde hace 100 días
GIJÓN
Una veintena de organizaciones de todo el país exigen el indulto al considerar que han sido detenidas por ejercer su derecho a hacer sindicalismo
18 oct 2025 . Actualizado a las 17:10 h.El centro de Gijón ha acogido este sábado una concentración -convocada por el Grupo de Apoyo a las Seis de la Suiza- para pedir el indulto de las sindicalistas asturianas cuando se cumplen 100 días de su ingreso en prisión por coacciones al propietario de una pastelería en Gijón. Los manifestantes han leído un manifiesto y han desplegado una gran pancarta con el lema Llibertá 6 de la Suiza en el Muro de San Lorenzo, a la altura de la Iglesia de San Pedro.
El Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón, que el pasado mes de junio desestimó la solicitud de las defensas y de la Fiscalía para que se suspendiera la condena, dictó el pasado 9 de julio una orden de detención e ingreso en prisión para las «Seis de la Suiza», que al día siguiente se presentaron de forma voluntaria en el centro penitenciario asturiano.
El encarcelamiento de las sindicalistas llegó después de que el Tribunal Supremo ratificara, hace más de un año, las penas individuales de dos años de prisión por obstrucción a la justicia y un año y medio por coacciones, así como el pago de cerca de 150.000 euros como indemnización al propietario de la pastelería La Suiza, en Gijón, que, según la sentencia, cerró el local como consecuencia de las protestas continuadas a las puertas del establecimiento por un conflicto con una trabajadora.
Los hechos se remontan a junio de 2016, cuando la pareja sentimental de una trabajadora de la pastelería se presentó en el lugar de trabajo y mantuvo un altercado con el empresario, que culminó con una denuncia del hostelero por amenazas y daños en su local.
«Campaña de presión»
Según detalla la sentencia, la empleada, a raíz de la apertura de juicio oral contra su pareja, dejó su empleo, entró en contacto con el sindicato CNT y se concertó con los acusados para iniciar una «campaña de presión sobre el empleador y su familia».
Entre otros actos, la sentencia detalla la convocatoria a través de las redes sociales de concentraciones delante del establecimiento con pancartas, la entrega de pasquines contra el empresario, así como la difusión de un vídeo en el que le denunciaban por acoso laboral y sexual.
Las condenadas, según el relato de hechos, «incrementaron durante varios meses las acciones de boicot y presión» hacia el empresario y su familia porque éste se negó a indemnizar a la empleada por despido improcedente y a retirar la acusación contra la pareja de ésta.
Las concentraciones delante del local terminaron cuando el empresario decidió cerrar su negocio, lo que, según el Supremo, fue «la consecuencia directa de la presión, constante, reiterada y desproporcionada derivada del número de concentraciones realizadas como respuesta por no acceder a las pretensiones económicas de los acusados».
Petición de indulto
Tras su ingreso en prisión el pasado 10 de julio, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que ya trabajaba «dentro del Gobierno para que el indulto llegue cuanto antes» e insistió en que «el sindicalismo es un derecho, no un delito», de modo que «en una democracia nadie debe estar en prisión por defender los derechos laborales».
Una veintena de organizaciones sindicales de todo el país han exigido el indulto al considerar que han sido detenidas por ejercer su derecho a hacer sindicalismo, y los partidos políticos ERC, EH Bildu y BNG registraron juntos una proposición no de ley en el Congreso para pedírselo al Gobierno, una medida que también apoya el Gobierno del Principado.
Tras su ingreso en prisión el pasado 10 de julio, las sindicalistas obtuvieron el tercer grado penitenciario el 18 del mismo mes, un régimen de semilibertad que les permite acudir solo al centro penitenciario a pernoctar y también pasar los fines de semana fuera.