En la celebración del Orgullo LGTBI hoy, 28 de junio, los que hemos podido ser testigos (y hemos remado a favor) de los avances conseguidos en los últimos veinte años, tenemos sentimientos encontrados. Ahora que el colorido arcoíris y la proclamación del respeto a la diversidad es mainstream y lo reproducen con profusión todo tipo de instituciones, empresas y entidades, a muchas de las cuáles les importa poco o nada otra clase de desigualdades, siento que un éxito colectivo tiene esta clase de vicisitudes, gajes del oficio e inevitable pinkwahsing. No olvidemos, en todo caso, que lo que conmemoramos hoy es la revuelta de Stonewall, es decir, las manifestaciones y disturbios frente a la represión policial en el Greenwich Village neoyorquino de 1969. Reivindicar derechos significa siempre incomodar y, cuando es necesario, confrontar, aunque eso no guste.
Por eso, además de la celebración y la feliz irreverencia, que afortunadamente anima al movimiento LGTBI y sigue siendo necesaria para sobrevivir, también es preciso molestar recordando lo mucho que arriesgan las personas que quieren vivir en libertad su orientación sexual y expresión de género. En efecto, hoy es un día para combatir con fuerza la persecución frente al colectivo LGTBI, en todos los países, porque siguen siendo amplísimas y muy extendidas las violaciones de Derechos Humanos dirigidas a sofocar con saña los derechos de las personas LGTBI. Como recuerda ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex-LGBTI), 70 Estados penalizan por ley las relaciones entre personas del mismo sexo con castigos físicos y cárcel, y en 11 de ellos puede aplicarse la pena de muerte; una cifra que se mantiene en los últimos años. En África y Asia, se concentran casi la totalidad de los países que mantienen leyes penalizadoras como por ejemplo, Camerún, Kenia, Senegal o Uganda (en África); Bahréin, Egipto, Irán, Marruecos y Túnez (Oriente Medio y Norte de África); o Indonesia y Malasia (Asia). Arabia Saudita, Brunei, Irán, Mauritania, Nigeria (en 12 Estados del Norte) y Yemen son los seis países que aplican efectivamente la pena de muerte como castigo para las relaciones de personas del mismo sexo.
Existen países donde la violencia y crímenes de odio contra personas LGTBI son habituales, incluso cuando cuentan con leyes que ofrecen protección al colectivo. En América, en países como Argentina, El Salvador, Haití, Honduras, República Dominicana o Venezuela, se mantienen niveles elevados de crímenes de odio, discriminación, asesinatos y persecución contra activistas LGTBI. Brasil sigue siendo el país del mundo donde más asesinatos se producen contra las personas trans (125 en 2021). Entre el 1 enero de 2008 y el 30 septiembre de 2021 al menos 4.042 personas trans fueron asesinadas en todo el mundo según las estadísticas del Observatorio de Personas Trans Asesinadas, de la red Transgender Europe. El 2021 fue el año con mayor número de asesinatos de personas trans: 375 registrados entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021.
Las marchas del Orgullo y actividades del colectivo LGTBI son frecuentemente amenazadas, sometidas a toda clase de condiciones impeditivas, prohibidas, o, sencillamente, no se garantiza su celebración en condiciones adecuadas de seguridad. En países como Letonia, Lituania, Bulgaria, Croacia, Serbia, Hungría o Moldavia es frecuente la vulneración del derecho a la libertad de expresión y reunión de las personas LGTBI. Los estudiantes de la Universidad Técnica de Oriente Medio (METU) de Ankara, Turquía, han recibido la advertencia expresa de la institución académica para que no se manifiesten este mes de junio. En años pasados las fuerzas de seguridad arremetieron violentamente contra manifestantes pacíficos para impedirles celebrar el Orgullo.
Y, en un contexto de guerra y feroz represión contra las libertades, las personas LGTBI sufren en Rusia un singular hostigamiento. Siguen sin poder realizar su trabajo reivindicativo sin obstáculos, amenazados y sin poder expresarse libremente. A título de ejemplo, cabe citar el caso de Aleksandra Skochilenko, artista y activista bisexual, que se enfrentan a reclusión preventiva tras hacer una intervención artística en un supermercado. Yulia Tsvetkova, también artista y activista LGTBI, está acusada desde 2019 por una serie de dibujos artísticos del cuerpo femenino publicados en sus redes sociales. Yulia podría ser condenada a tres años y medio de prisión el próximo 12 de julio. Ya ha sufrido dos sanciones administrativas en el pasado por su activismo LGTBI, y tiene pendiente otra tercera por los mismos motivos. Y no olvidemos que el origen de las amenazas y agresiones instigadas por el líder checheno Ramzán Kadírov frente a la periodista Elena Milashina fue su reportaje de 2017 en Novaya Gazeta sobre la brutal persecución que las autoridades de dicha república (amparadas por el Kremlin) emprendieron frente a la población homosexual.
En España, con una legislación avanzada en la materia (por supuesto perfectible), también tenemos algunos síntomas de la minoritaria pero rabiosa intolerancia frente a la diversidad sexual. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, las denuncias por delitos dirigidos a personas por su orientación sexual e identidad de género, suben en 2021 al segundo lugar de los delitos de odio, con 477 denuncias (el 26,5% del total); una cifra que casi duplica la de 2020, año en el que se registraron 277 denuncias. No es un problema menor, pues afecta potencialmente a la libertad y desarrollo de muchas personas.
Una vez más, toca recordar que la orientación sexual y la identidad de género y son aspectos fundamentales de la identidad humana y afectan al núcleo de los Derechos Humanos de todas las personas. No hay, en suma, comprensión e interiorización posible de los Derechos Humanos sin entender que el respeto a la diversidad y la garantía de la libertad individual también alcanzan a la orientación sexual e identidad y expresión de género.