Fiscalidad regresiva (II): el poder en la sombra

OPINIÓN

María Pedreda

07 nov 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

Dice Moreno Bonilla para justificar su política fiscal: «El mundo es competir», «¿acaso no compiten las empresas entre sí?», «¿por qué no puedo competir [fiscalmente] con Madrid o Cataluña? […] y ser la segunda comunidad con menos impuestos de España?» y atraer de esa manera a CEOs (grandes ejecutivos) con tributos más «amables».

¿Podemos deducir de sus argumentos que le parece bien que en la Unión Europea haya países con una «fiscalidad amable» que atrae a multinacionales para tributar allí simbólicamente por los beneficios obtenidos de sus negocios en otros países de la UE, sustrayendo así ingresos que, en justicia, les corresponden a estos últimos? Según su criterio competitivo, debe parecerle razonable que España, entre otros, deje de recaudar miles de millones porque esos países «amables» permiten a las multinacionales tributar mucho menos a cambio de unas migajas. La lógica de favorecer a los poderosos a cambio de una pequeña compensación, perjudicando a los compañeros.

Los argumentos del presidente de Andalucía son un buen ejemplo del debate sobre egoísmo vs cooperación y los estilos cognitivos que subyacen a esas estrategias de supervivencia (al que esta serie de artículos contribuye desde diferentes áreas del conocimiento). En este caso, cómo satisfacer objetivos de una parte aun a costa de perjudicar al resto. Como decía en el capítulo anterior, eso no es liberalismo.

Veamos, el Estado y las administraciones que la integran no son empresas que deban competir para «robarse clientes» mutuamente; parece obvio. Se supone que deben administrar los recursos públicos y regular la convivencia con eficiencia y transparencia para mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía, no solo de una parte. Ya sé que es una definición ingenua y que hay una administración paralela encubierta diseñada por el poder económico para preservar sus privilegios. La jurista, profesora de Derecho y directora del Centro de Transformación Legal Global de la Universidad de Columbia, Katharina Pistor, explica en su libro El código del capital: Cómo la ley crea riqueza y desigualdad (Capitan Swing, 2022) que existe una «banca en la sombra» que se infiltra en las instituciones para mantener un entramado legal que entorpezca las políticas sociales que tienden a la igualdad y legitime prácticas abusivas que sustraen riqueza generando desigualdad y, cada cierto tiempo y como daño colateral, desembocan en crisis catastróficas.

Así, en lugar de gestionar los recursos para proveer suficientemente a la población a largo plazo (la economía al servicio de los interese generales) lo que mueve a los agentes económicos es el incentivo del lucro a toda costa (todo, incluida la gente, al servicio de los intereses particulares de unos pocos). Si viviéramos en democracias reales deberíamos poder decidir qué nivel de incentivo estamos dispuestos a tolerar, habida cuenta de las graves disfunciones en el sistema que provoca el disparatado nivel de concentración de riqueza alcanzado.

Ya se comprobó cómo, a partir de la Revolución Industrial, con el desarrollo del capitalismo y la aparición del proletariado, la ausencia de mecanismos compensadores públicos favorecía una peligrosísima concentración de riqueza que dejaba a una mayoría explotada malviviendo en suburbios inhumanos. Es lo que se llamó la «cuestión social» y que se empezó a resolver con la creación del «Estado social» en la Prusia de von Bismarck, como medida preventiva ante una revolución en ciernes, a propuesta del economista conservador Lorenz von Stein. El propósito era establecer las condiciones jurídicas, políticas y económicas que dieran pie a una serie de servicios (sanidad, educación, vivienda, cultura, subsidios, pensiones, etc.) y garantizaran unos derechos que permitieran a todas las personas ser miembros de pleno derecho de la sociedad. Políticas contra la desigualdad, la exclusión social y el abuso inspiradas en las declaraciones de derechos y libertades redactadas desde finales del siglo XVIII en diferentes países y que muchos de los que actualmente se autodenominan liberales olvidan.

Eso requería, claro está, un mayor gasto público sufragado mediante impuestos necesariamente progresivos. Así, se pasó de unos impuestos que no llegaban al 10% de la renta nacional de Europa o Estados Unidos en el siglo XIX (menos del 2% se destinaba a sanidad y educación) a una horquilla de entre el 30% de EEUU y el 50% de Europa (a excepción del Reino Unido: 40%) a finales del siglo XX. No hace falta explicar cómo se relaciona el incremento de gasto público con el bienestar y la esperanza de vida. Ni por qué el brazo político de esa «banca en la sombra» se afana por desregular los mercados y desmantelar el Estado social bajando los impuestos.

¿Y la próxima semana? La próxima semana hablaremos del gobierno (en la sombra), en el tercer y último capítulo de esta serie.