La política española es agotadora. No es extraño que los ciudadanos se alejen o se decanten por opciones que quieren romper con el orden conocido: es consecuencia del hartazgo. Lo que debería ser debate, negociación y, sobre todo, colaboración para llegar a acuerdos y resolver los problemas, se convierte de forma sistemática en polémica y enfrentamiento. Cualquier excusa vale para tensar la relación entre los partidos, pero también entre las administraciones.
Estos días, la atención está centrada en un barco en el que ha habido un contagio por hantavirus. Tres de los infectados han fallecido y, ayer mismo, los enfermos que aún permanecían a bordo fueron evacuados. Pues con este panorama, las administraciones se dedican a abrir un debate público sobre si se deja entrar en puerto español el barco pare prestarles auxilio.
Es comprensible que Cabo Verde haya avisado de que no tiene capacidad para hacer frente a esta crisis sanitaria. Pero con el robusto sistema de salud que tiene España y estando las Islas Canarias en la ruta de este crucero, no debería haber lugar a la discusión. Si la OMS pide que el barco entre un puerto español, no hay nada que objetar.
El presidente canario, Fernando Clavijo, dedicó ayer la mañana a hacer una tournée por los medios de comunicación mostrando su rechazo a que el barco atracase en Tenerife. Se quejaba además de la falta de comunicación.
Una cosa es que la información entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario no haya fluido como debiera; se puede reprochar que las formas no sean las acertadas, y tendrán razón. Y otra muy distinta oponerse a una serie de medidas que buscan reducir al máximo los riesgos de las casi 150 personas que siguen a bordo.
Es cierto que Canarias es un destino de primer orden, que el turismo es su principal industria. Y resulta lógico que Fernando Clavijo tema cualquier impacto negativo.
Como tampoco a nadie se le escapa que oír hablar de virus, confinamiento y ver a Fernando Simón en los telediarios y páginas de los periódicos pone los pelos de punta.
Pero todos estos condicionantes —la protección del turismo, el miedo al contagio— no pueden nublar el criterio de un Gobierno. Porque si España dice que no, y Portugal dice que no, y Francia dice que no y Países Bajos dice que no... ¿qué pasa? ¿Se quedan a la deriva 150 personas sine die? ¿Dejamos que se repita un episodio como el que protagonizó el Aquarius, al que el populista y extremista Salvini prohibió la entrada en los puertos italianos cuando llevaba a bordo 600 inmigrantes rescatados cuando estaban a la deriva en el mar?
Colaborar para que la situación de los pasajeros y tripulantes del crucero se solucione no debe ser solo una obligación consecuencia de los acuerdos de España con la OMS. Es básicamente una cuestión moral, de solidaridad, de humanidad. Y de puro sentido común.