Llevo unos años impartiendo a personas mayores un curso de «envejecimiento activo» que, según una definición de la Organización Mundial de la Salud, es «el proceso de optimización de las oportunidades de la salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen.» Un programa que he desarrollado en línea con las recomendaciones de instituciones nacionales e internacionales como la propia OMS, la ONU o la Comisión Europea, dado el difícil y muy preocupante reto que nos plantea el imparable envejecimiento de la población. Particularmente acusado en España, donde nunca en la historia ha habido más personas mayores de 65 años que menores de 16, como sucede desde finales del siglo XX.
En la primera sesión del curso analizamos el contexto en el que nos encontramos y no son pocas las/los participantes que asisten con preocupación al actual debate pre-electoral sobre la viabilidad de las pensiones públicas. En particular a mensajes, desde ciertos ámbitos de la economía y la política, amplificados interesadamente por medios, redes sociales y bots afines, en los que se insiste torticeramente en que no se puede sacrificar el futuro de los jóvenes para pagar las pensiones.
Al establecer vasos comunicantes entre los servicios públicos dirigidos a diferentes sectores de la población, en vez de entre la financiación de los servicios públicos en su conjunto y el lucro indiscriminado neoliberal, quieren justificar la privatización: el paso de un sistema de reparto a uno de capitalización, ocultando el lúbrico deseo del sector financiero de hacerse con el enorme botín de las pensiones. Pirómanos prendiendo fuego, una vez más, al contrato social. Enfrentado a la población entre sí; alimentando el conflicto intergeneracional entre jóvenes, trabajadores y pensionistas para que no miremos al elefante que se pasea por la habitación comiendo caviar y bebiendo champán.
El verdadero enfrentamiento es entre el Estado social y democrático de Derecho (artículo 1 de la Constitución Española) y el «Estado profundo» que sostiene una plutocracia al servicio de la codicia patológica de una minoría que se lucra conculcando nuestros derechos. El problema de la financiación de los servicios públicos no es el peso creciente de las pensiones de quienes se han partido el lomo durante décadas, sino de la progresiva concentración de riqueza en unas pocas manos que están parasitando todo el sistema.
Recordemos que obstaculizar deliberadamente la satisfacción de las necesidades humanas básicas es una forma de violencia. La voracidad depredadora del poder económico se asienta sobre el abuso y la coerción, aunque tratan de justificarlo teóricamente con falacias como la del goteo (trickle down) o la mítica meritocracia. Un discurso que una parte de los damnificados asume, afectada por el Síndrome de Estocolmo. Así, tenemos al brazo político de este terrorismo económico preparándonos para nuevos sacrificios en aras de la estabilidad de un sistema capturado por intereses contrarios a los de la ciudadanía. A saber, proponer la privatización de las pensiones no es una solución para la sostenibilidad del sistema, sino una cesión (comisionada) al afán de lucro indiscriminado del sector financiero porque, dejémoslo claro, décadas de estudios al respecto concluyen que los planes de pensiones privados no son rentables para los/las pensionistas, sino para las entidades financieras.
Enfrentar la financiación de diferentes servicios públicos entre sí es enfrentar a sus beneficiarios para que no vean cómo desaparecen los recursos públicos por la regresión (bajar impuestos a las rentas altas), evasión o elusión fiscales: decenas de miles de millones al año. O con el chantaje del impuesto revolucionario necroliberal que quiere imponer Trump para que dediquemos un delirante 5% del PIB a comprar armas ¿tal vez a empresas que financian las campañas electorales con las que se compra la presidencia de los EEUU?
Nuestro enfrentamiento es su estrategia para facilitar que los especuladores hagan de nuestras necesidades básicas (vivienda, pensiones, sanidad, educación) su agosto permanente; la temperatura veraniega ya la están consiguiendo mientras desmantelan el Estado del Bienestar. Eso es lo verdaderamente insostenible: el saqueo sistemático, no los servicios públicos que nos protegen. Son esas estrategias egoístas, que solo sirven a la preservación de privilegios de una muy restringida minoría, las que nos empujan a la precariedad, al enfrentamiento y al malestar de la mayoría.
No puedo dejar de insistir en que es la cooperación la que ha contribuido decisivamente a la evolución de nuestra especie. Al desarrollo de la inteligencia como forma de adaptarnos a un medio que no deja de cambiar. Y es en cambios de la envergadura del actual envejecimiento poblacional, o el cambio climático, cuando nos enfrentamos a momentos críticos que van a determinar el bienestar/malestar global de los tiempos venideros. Y solo mediante la cooperación intergeneracional y el cuidado mutuo podremos hacer de un problema una oportunidad para una nueva transformación social que nos permita seguir evolucionando dignamente como sociedad.