El Ayuntamiento de Oviedo les ha denegado una vivienda de emergencia y nadie quiere alquilarles un piso
30 may 2019 . Actualizado a las 20:42 h.Un juzgado de Oviedo decidirá su futuro el próximo martes, 4 de junio. Una familia integrada por cinco miembros, dos de ellos menores, se enfrenta a una orden de desahucio por impago del alquiler. Los cinco viven con los 800 euros que perciben del salario social, además de algunas ayudas sociales más que les corresponden por lo niños. El Ayuntamiento de Oviedo no considera su caso de emergencia y no les ha ofrecido una alternativa habitacional. Han llamado hasta a 16 pisos de alquiler para tratar de buscar una alternativa. Nadie les ha dado una oportunidad. Lo único que les queda en este momento es la ayuda de la Plataforma Antidesahucios de Oviedo, que ha convocado una concentración de protesta delante de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado para apoyarles y para denunciar cómo las administraciones le están negando el derecho a una vivienda digna.
Esta familia ovetense de cinco miembros reside en el barrio de La Tenderina, con dos menores de 10 y 16 años. La PAH explica que su situación es de «pobreza severa» y que en el Principado sigue habiendo 25.000 familias en esas condiciones, sin apenas ingresos y con una vivienda que pende de un hilo. La singularidad de este caso es que no consiguen que nadie les abra una puerta.
La PAH de Oviedo denuncia que el Ayuntamiento de Oviedo les ha denegado una vivienda pública por causa de emergencia social y ha argumentado que esta familia «no necesita atención especial por parte de los Servicios Sociales» y se ha limitado a aconsejarle como solución «que se busque otra vivienda de alquiler en el mercado libre». La plataforma señala que este consejo es una utopía. Con las condiciones económicas que sufren nadie quiere firmarle un contrato.
Hasta 16 negativas consecutivas han recibido. Lo demuestra con un listado de 16 pisos identificados con su dirección, con la descripción y el número de habitaciones de cada uno, el coste de la renta, los teléfonos de contacto de los arrendatarios y hasta los requisitos para firmar el acuerdo, que siempre incluyen un contrato de trabajo y una nómina. «A todos los sitios que llamo, me exigen como garantía de pago un contrato de trabajo, las últimas nóminas y en algunos hasta la vida laboral; en cuanto digo que cobramos el salario social, se acaba la conversación», ha explicado un miembro de la familia a la plataforma.
«Desgraciadamente no se trata de un caso aislado», denuncia PAH Oviedo, que aporta cifras. Señala que 38.000 personas en Oviedo se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social. 9.000 familias no pueden hacer frente a retrasos en el pago de gastos de su vivienda. «Mientras tanto, no existen viviendas públicas vacantes disponibles en Oviedo. En los últimos cuatro años no se ha terminado ni una sola vivienda social, pero más de 20.000 pisos permanecen vacíos», explica el colectivo. Insta a las administraciones a tomar cartas en el asunto: «Ante esta situación de verdadera emergencia habitacional, el Ayuntamiento de Oviedo y el Principado no pueden permanecer por más tiempo impasibles y han de acometer urgentemente acciones concretas para garantizar el derecho fundamental a la vivienda».
