López desvela un error en la valoración catastral de la fábrica de La Vega

La Voz REDACCIÓN

OVIEDO

Wenceslao López
Wenceslao López

Se ha valorado como suelo para construir cuando según la ley vigente en estos momentos La Vega es de uso industrial», ha insistido el exalcalde.

04 sep 2019 . Actualizado a las 15:03 h.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Oviedo, Wenceslao López, ha declarado que hay un error en la valoración catastral de los terrenos de la antigua fábrica de armas de La Vega al considerarse suelo residencial en vez de industrial. López ha asegurado que la valoración que el Ministerio de Defensa había hecho hasta la fecha de la fábrica procedía de ese informe catastral que valoraba la parcela como uso residencial por 617 euros por metro cuadrado. «Se ha valorado como suelo para construir cuando según la ley vigente en estos momentos La Vega es de uso industrial, un error que ha perdurado en el tiempo porque nadie se ha preocupado por el valor catastral hasta ahora», ha insistido el exalcalde.

El portavoz socialista ha señalado que en el apartado de «adquisición» del protocolo «se dice cómo hay que valorar La Vega y el Ministerio transcribe íntegramente el contenido del informe catastral, por lo tanto, lo que hay en ese apartado no puede considerarse una valoración por parte de Defensa». López ha afirmado que el Ayuntamiento necesita un certificado urbanístico para «estar en condiciones de adelantar una cifra fiable», y ha acusado al actual equipo de Gobierno de haber creado un informe «partidista, erróneo, incompleto y sectario».

La antigua Fábrica de Armas fue cedida en 1856 por el Ayuntamiento al Ministerio de la Guerra tras la Desamortización de Mendizábal y albergan los restos del convento de las Benedictinas, también desamortizado y donde se centralizaron todos los talleres los maestros armeros en 1850. El Ministerio y el Ayuntamiento firmaron dicho protocolo después de crear en 2017 un grupo de trabajo tripartito, junto con el Principado, para estudiar el futuro de las antiguas instalaciones y evitar su deterioro, tras cinco años desde el cese de actividades.