En directo: El Gobierno activa el mecanismo previo para aplicar el artículo 155 de la Constitución
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Rajoy reitera su rechazo a cualquier mediación y envía un requerimiento a Puigdemont para que aclare antes del lunes si ha declarado la independencia de Cataluña. PP, PSOE y Ciudadanos pactan abrir el debate de reforma de la Constitución
11 oct 2017 . Actualizado a las 23:23 h.El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, desoyó ayer todas las peticiones del Gobierno español, del Congreso de los Diputados, de toda la oposición en Cataluña, de todas las instituciones de la UE y de numerosos organismos internacionales y proclamó la independencia de Cataluña, aunque, en un intento de eludir las responsabilidades ante esa abierta violación de la Constitución, reclamó de inmediato que el Parlamento [catalán] suspendiese los efectos de esta declaración para emprender un diálogo en las próximas semanas «sin el cual no es posible llegar a una solución acordada».
El Parlamento catalán no llegó a votar ni a proclamar ninguna propuesta, y los secesionistas congregados en el exterior pasaron de la euforia a la depresión en segundos. Este miércoles, como respuesta al paso dado por Puigdemont, el Gobierno ha activado el mecanismo previo para aplicar el artículo 155 enviándole un requeremiento al presidente de la Generalitat para que aclare si ha declarado o no la independencia de Cataluña. El Govern deberá responder antes del lunes 16. En caso de que la respuesta sea un sí, tendrá hasta el jueves 19 para rectificar y evitar que se aplique el controvertido artículo.
«Pides diálogo y te responden poniendo el 155 sobre la mesa. Entendido». El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont ha recurrido a Twitter para expresar su opinión sobre el requerimiento del Gobierno.
Los Mossos d'Esquadra han presentado este miércoles el informe de las actuaciones que realizaron el 1 de octubre al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en el que aseguran que la Policía Nacional y la Guardia Civil cargaron contra los presentes en diversos puntos de votación desde primera hora sin informales y sin darles explicación alguna del porqué se actuó «de manera diferente a la acordada» en las reuniones de coordinación.
La compañía Idilia Foods, propietaria de marcas como Cola-Cao, Nocilla y Okey, ha decidido hoy trasladar su sede social de Barcelona a Valencia «ante la situación política actual». La empresa, que tiene su sede en Cataluña desde hace más de 70 años, ya anunció el pasado lunes, día 9, que sacaría su sede social de la comunidad catalana «ante una declaración de independencia» con el fin «de mantener la seguridad jurídica para poder seguir trabajando con normalidad». Tras la declaración de anoche del presidente de la Generalitat, la compañía ha confirmado hoy que traslada su sede social a Valencia y se suma así a las más de 40 empresas que han decidido llevarse su sede social fuera de Cataluña.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, recibió a las 15:47 horas de hoy el requerimiento en el que el Gobierno le da de plazo hasta el lunes para que aclare si ayer declaró o no la independencia. Con membrete del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, el documento insta a Puigdemont, «al amparo del artículo 155 de la Constitución», a «confirmar si alguna autoridad de la Generalitat de Cataluña ha declarado la independencia» o si su comparecencia de ayer en el Parlament «implica la declaración de independencia al margen de que esta se encuentre o no en vigor».
Más de cuatro horas ha durado el debate de este miércoles, que ha terminado con Rajoy prometiendo que no menospreciará a ningún ciudadano español.
Los Mossos d'Esquadra han denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que la Policía Nacional y la Guardia Civil actuaron el 1-O sin informarles de sus intervenciones, de forma distinta a la que se había acordado, por lo que los sistemas de coordinación no resultaron «eficaces».
Así lo pone de relieve la policía catalana en un informe que ha presentado ante la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga al Govern por la convocatoria del 1-O, suspendido por el Tribunal Constitucional, en el que detalla que los Mossos decomisaron más de 400 urnas e impidieron la votación en un total de 446 colegios electorales.
La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha tomado una decisión insólita después de que Albert Rivera se quejase de haber sido tachado de «falangista» por parte del portavoz del PDeCAT. Carles Campuzano se ha negado a retirar este calificativo y Pastor, aún así, ha ordenado que la palabra «falangista» sea retirada del diario de las sesiones a petición propia.
«Usted sabe perfectamente cuál será la respuesta del president Puigdemont», dice Tardá. Y se dirige al PSOE: «Si algún día el president Puigdemont es detenido ustedes serán corresponsables de lo ocurrido. No vale decir que el trabajo sucio lo hace el PP, porque ustedes habrán apoyado la respuesta autoritaria».
Margarita Robles (PSOE): «Quiero agradecerle que se haya sumado a las propuestas hechas por el grupo socialista».
Pablo Iglesias (Podemos): «Deberían ser más autocríticos. No tiene legitimidad para decir que hay que cumplir la ley, porque ustedes no lo han hecho». «A lo mejor lo sensato sería cambiar las leyes. A veces es necesario crear nuevas leyes para solucionar los conflictos políticos».
Albert Rivera (C's): «Creo que no solo hay que plantearse qué va a contestar Puigdemont, sino qué vamos a hacer por nuestro país». «Yo le apoyaré, señor Rajoy, en la defensa de la Constitución, pero hay que actuar. Tome conciencia del problema. Es todo un chantaje, un engaño, un teatro».
El grupo de inspección, ensayos y certificación Applus, que hace un mes se hizo con las ITV gallegas, ha acordado trasladar su sede social de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) a Madrid. La multinacional cuenta con 350 oficinas y laboratorios en más de 70 países.
El BNG critica que el presidente del Gobierno dé «un portazo» al diálogo con su «inmovilismo, prepotencia y autoritarismo» y asegura que la aplicación del artículo 155 de la Constitución supondrá otra «escalada de represión». «Es absolutamente intolerable que ante la petición de diálogo y mediación internacional del presidente Puigdemont la respuesta de Rajoy sea de nuevo la amenaza», considera el Bloque a través de un comunicado.
La Bolsa española ha subido hoy el 1,34 % y se ha acercado a los 10.300 puntos animada por la «desactivación» del proceso independentista en Cataluña, el repunte de los grandes valores y el elevado nivel de los grandes mercados internacionales, según datos del mercado y expertos consultados.
Rajoy: «Tampoco pasa nada por rectificar y, a lo mejor, no hace falta que lo haga, sino que nos confirme lo que ha dicho el señor Esteban (que la independencia no fue declarada) y que está actuando dentro del marco constitucional».
El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha considerado durante su turno de palabra, antes de las réplicas de Rajoy, que el referendo indepententista del 1 de octubre fue un «pucherazo» y no da valor alguno a los siguientes pasos de la Generalitat, a la que acusa de ser una «maquinaria secesionista» que practica «políticas de odio» y «adoctrina niños».
«Cuando se viola la ley viene todo lo demás: las empresas que se van, el acoso a los ciudadanos. Insisto, lo que no es legal no es democrático». Y continúa: «Todos tenemos sentimientos, ustedes pueden tener uno y otros, otro, y la mayoría tienen un sentimiento por su país, del que forma parte Cataluña y también Murcia». En este punto, Rajoy se detiene en el discurso del diputado del Grupo Mixto, Joan Baldoví: «Baldoví habló de las patatas catalanas y las murcianas, no habló de las gallegas ni de las papas canarias, y lo que es más importante, ¡se le olvidó hablar de las patatas españolas!».
«Conozco a mucha gente asustada, con miedo, acosada. De esa gente no se está hablando», responde Rajoy a Tardà, de ERC. «No han estado en los grupos de trabajo, ustedes no quieren hablar, no quieren dialogar, quieren imponer, que es lo que han hecho estos días. No puedo aceptar ninguna petición de diálogo mientras que usted y su partido no actúen en consecuencia».
«No hay ninguna Constitución en el mundo que reconozca el derecho de autodeterminación», recuerda Rajoy. «La aprueban el señor Farage, el señor Wilders y una parte de los diputados de extrema izquierda y de extrema derecha en el Parlamento Europeo, y el señor Maduro. Yo no quiero esos compañeros de viaje para España, y usted tampoco debería quererlos, señor Iglesias», añade. «¿Alguien en esta cámara cree que el señor Suárez hubiera estado a favor del derecho de autodeterminación?», se pregunta.
«Estoy de acuerdo en el diálogo, pero dentro de la ley y la Constitución», insiste el presidente del Gobierno.
«Es muy difícil decirle al Gobierno de España que no pregunte o requiera al presidente de la Generalitat en un tema tan importante como el que estamos viviendo», dice Rajoy, que también aborda la reforma de la Constitución: «Estamos dispuestos a participar activamente en la comisión sobre la modernización del Estado autónomo, sobre la reforma de la Constitución. Nunca me he negado a dialogar».
«Aitor Esteban ha dicho que Puigdemont no declaró la independencia, pero hay muchas personas que ven las cosas de otra manera. Por eso sería importante que aclarase si lo hizo o no. No es lo mismo que alguien declare la independencia o que no la declare».
La práctica totalidad de ayuntamientos gobernados por ERC en Lérida estarán abiertos este jueves 12 de octubre, festividad de la Virgen del Pilar y Fiesta Nacional de España «porque no tienen nada que celebrar». En los 49 de la Plana y los cuatro del Solsonès serán los alcaldes los que abran las puertas de los consistorios, ha explicado a Europa Press el presidente de la Federacion regional de ERC en Lleida, Carles Comes.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha defendido que la crisis secesionista en Cataluña «debe resolverse dentro del orden constitucional de España» y ha puesto en valor que «España es un aliado comprometido, que hace importantes contribuciones para nuestra seguridad compartida».
El Gobierno, en el requerimiento previo a la posible activación del artículo 155 de la Constitución, ha decidido dar cinco días (hasta el lunes 16) al presidente catalán para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña y fija un segundo plazo, hasta el jueves 19, a las 10 horas, para que, en caso de confirmar que sí la ha declarado, rectifique y evite la aplicación del 155.
Ambos plazos figuran en el requerimiento aprobado esta mañana en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros y que ha sido entregado esta tarde a la Generalitat catalana. El segundo plazo, que vence el jueves, marcaría el inicio de la puesta en marcha del controvertido artículo constitucional, que establece la obligatoriedad de que el Gobierno formule un requerimiento al presidente de la Comunidad antes de plantear en el Senado las medidas que piensa aplicar.
Campuzano se muestra abierto al diálogo y le pide a Rajoy que aproveche la oportunidad porque, dice, puede que sea la última para dialogar.
Campuzando arranca denunciando lo que se vivió en las calles catalanas el 1-O: «Es imprescindible que el minsitro de Interior dimita y que alguien pida perdón».
«Hoy el mundo sabe que Cataluña se ha ganado el derecho a tener su propio Estado. Ayer, el presidente de la Generalitat, hizo un acto de tremenda generosidad y de altura política, dio un paso para hacer efectivo el mandato del 1 de octubre, pero también anunció la suspensión de cualquier declaración, y mantuvo la puerta abierta al diálogo y la mediación», ha considerado.
El requerimiento de Rajoy a Puigdemont da de plazo hasta el lunes 16 para que el Govern confirme si ha declarado la independencia. Fija un segundo plazo, hasta el jueves 19, para que, en caso de responder que sí, rectifique y evite así su aplicación.
«Lo democrático no es siempre legal y lo legal no es siempre democrático», le dice el del PNV a Rajoy.
«Los hechos son que el 1 de octubre, gente normal y de toda condición quiso ir a votar», considera el portavoz del PNV. «No estaban cometiendo ningún delito», añade, para condenar, a continuación, que hubo violencia «innecesaria, excesiva». «Unas palabras en relación a la violencia que hubo el 1-O hubiera sido de gran ayuda».
Contradiciendo su espíritu de diálogo, ERC confirma que no participará en la comisión que propone el PSOE para reformar la Constitución.
El presidente Feijoo amplió sus reflexiones sobre los últimos acontecimientos en Cataluña y mostró este miércoles su estupefacción por el nivel de «chapuza» alcanzado por el gobierno de Puigdemont, una «humillación» que no se merecen los ciudadanos de esa comunidad. «No hay precedentes de tantos engaños», calificó el jefe del Ejecutivo gallego, que cree que no es posible el diálogo con aquellos «que leen una cosa en el Parlament y después firman otra totalmente distinta». Lo sucedido en los últimos días es una demostración para Feijoo de que no se está buscando la independencia, «sino un negocio para perpetuarse en el poder», para acabar describiendo el logro del presidente de la Generalitat: dividir a todos los catalanes y a los independentistas».
El de ERC hace alusión a las polémicas declaraciones de Pablo Casado: «Ustedes están dispuestos a todo, a vulnerar derechos civiles, incluso a no condenar a Casado».
«Para ustedes la unidad de España prevalece por encima a la democracia, incluso es previa a ella. Por eso el señor Puigdemont dijo que no tenemos nada en contra de España ni de los españoles, no tenemos nada en contra de la unidad de España, pero esto podemos decidirlo nosotros los catalanes. No pretendo tener razón, solo que hagan el esfuerzo de reconocer que estamos en el siglo XXI, y que somos libres, y que por eso tenemos el derecho y el deber de sacarnos las cadenas de todos los prejuicios ideológicos. Tenemos derecho a decidir».
«No hay Constitución sin respeto a la democracia», defiende Tardà tras dirigirse directamente a Rajoy: «Le dije que era posible que en España volvieran a existir presos políticos y creo que estamos a las puertas de ello».
En su turno de palabra, Albert Rivera (Ciudadanos) ha insistido en que el nacionalismo «es una ideología que pretende dividir a los catalanes y sacarlos de España y de Europa». «Pero la Cataluña silenciada ha dicho basta con el espíritu de Barcelona». «Celebro que el Gobierno haya recapacitado y haya tomado una decisión: que es defender la Constitución española», ha señalado.
El Consejo Catalán de la Empresa, que aglutina a la Generalitat, sindicatos y las principales patronales catalanas, ha instado hoy al mundo socioeconómico a «no tomar decisiones irreversibles que puedan acabar perjudicando a los que las toman y al conjunto de la sociedad». Este organismo ha hecho público un comunicado en el que realiza este llamamiento en plena avalancha de empresas que anuncian el traslado de su sede social fuera de Cataluña, como consecuencia de la incertidumbre política y ante una eventual declaración unilateral de independencia.
Societat Civil Catalana (SCC), Espanya i Catalans, Empresaris de Catalunya y otras entidades han acordado celebrar el 12 de octubre una manifestación en Barcelona que empezará a las 11 horas y acabará a las 12 en plaza Catalunya, donde se leerá un manifiesto y se dará por finalizado el acto, en el que se prevé que participen activamente C's y el PP.
Yolanda Díaz: «Ustedes no comprenden lo que pasa en Cataluña, quieren humillar a Cataluña, desde Galicia les decimos detengamos el odio como arma política, la demanda del referendo es la única salida». «Será hoy, mañana o en cinco años, pero lo veremos, habrá referendo. Ustedes que pueden dialoguen, parlem, hablemos, falando se entende a xente».
El Ministerio de Educación Cultura y Deporte ha enviado un segundo requerimiento a la consejera catalana, Clara Ponsatí, en el que alerta de que el acoso escolar a los alumnos que no participan en actos a favor de la independencia y contra la Policía y Guardia Civil en colegios e institutos se ha incrementado «exponencialmente» tras el referendo ilegal del pasado 1 de octubre.
Este texto, fechado el 5 de octubre, es el segundo de esta naturaleza con el que el departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo exige a la responsable autonómica de Educación que depure responsabilidades entre el profesorado por los actos de adoctrinamiento y restaure los derechos conculcados a los alumnos hostigados por motivos ideológicos. «Si no hay respuesta, o no es satisfactoria, iremos a los tribunales», ha afirmado este miércoles el ministro en la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno del Congreso.
Doménech reclama diálogo y rechaza la intervención de la Generalitat: «Esto no se acaba deteniendo a gente ni convocando elecciones desde el Estado». Insiste: «Diálogo, diálogo y diálogo».
Iglesias: «No tengo hijos, pero me gustaría, y me gustaría que conocieran una España en la que estuviera Cataluña y eso solo ocurrirá si se celebra un referendo».
«Ustedes son los principales responsables de que se rompa España. Les pido que no apliquen el artículo 155 de la Constitución, le pido que se ponga al frente de una negociación y no detrás de la policía, deje de romper España».
El tono cambia por completo en el Congreso: «Desconfíe del señor Rivera, que es el principal operador político del señor José María Aznar y este no le quiere bien».
«No podemos aceptar esas declaraciones unilaterales de independencia excluyentes, que empobrecen a Cataluña y que afectan sobre todo a las clases trabajadoras. Vuelvan al marco constitucional», ha instado la portavoz socialista. Robles ha invitado además a todos los partidos, también a Puigdemont, a acudir a la Cámara Baja para explicar su proyecto en la comisión parlamentaria que va a servir de base para una futura reforma de la Constitución. «Es el momento de la política y la política se hace en el Parlamento».
«Nos hubiera gustado que esta comparecencia hubiera sido el 2 de octubre», dice Robles. Sin embargo, el PSOE recoge el guante: «Es el momento de hacer política, hacemos una llamada a que en el requerimiento que se ha hecho, el Govern se pronuncie por los derechos constitucionales».
Rajoy: «Habrá consecuencias peores mientras en Cataluña no se vuelva a la legalidad»
Rajoy insiste en que «lo que no es legal no es democrático» y se refiere a una posible mediación: «No hay mediación posible entre la desobediencia y la legalidad. ¿Qué se busca, que un tercero le diga al Gobierno que deje de cumplir las leyes?»
El presidente del Ejecutivo justifica su decisión de poner en marcha la vía del artículo 155 por «el ataque desleal y muy peligroso» de los dirigentes catalanes contra la Constitución, la unidad de España, el Estatuto de Cataluña y «lo que es peor, contra la convivencia».
«Lo que hemos visto, el desorden, la división entre catalanes y la huida de empresas son dramáticas consecuencias de la violación de las leyes», ha insistido Rajoy. «La ley es lo que permite vivir civilizadamente, la que ampara los derechos de todos los ciudadanos, la que defiende al débil, la que delimita los cauces de la convivencia en armonía. Cuando falla la ley, triunfa la arbitrariedad, se abre paso el abuso y la injusticia, se pisotean los derechos y desaparece la concordia», ha proclamado.
El Consejo de Administración de Bimbo ha acordado hoy trasladar el domicilio de sus sociedades con sede en Cataluña al Parque Empresarial Las Mercedes (Madrid), desde donde el grupo ya dirige la organización de Europa, África y Asia, con el fin de «mantener la seguridad jurídica» y seguir trabajando con «normalidad».
En un comunicado, la compañía puntualiza que continuará operando como viene haciendo hasta ahora a través de sus oficinas y centros de producción situados en Andalucía, Aragón, Cantabria, Canarias, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana, así como a través de sus centros de venta distribuidos por toda España, que dan trabajo a unas 6.000 personas.
Rajoy asegura que escuchará las aportaciones de todas las fuerzas parlamentarias sobre Cataluña, recordándoles que tienen «la obligación de contribuir a mitigar con serenidad» una situación que los españoles están viviendo con «inquietud y zozobra». Considera el presidente del Gobierno que este es un debate que «afecta al nervio más profundo de la sociedad catalana y española».
El presidente del Gobierno acaba de asegurar en su comparecencia ante el pleno del Congreso que desea «fervientemente» que el jefe del Govern, Carles Puigdemont, «acierte en su respuesta» al requerimiento que ha acordado enviarle el Ejecutivo para que explique si ha declarado la independencia de Cataluña.
El presidente de la Generalitat considera un error que se le llegase a aplicar a Cataluña el artículo 155 de la Constitución para suspender la autonomía y ve injustificable su arresto, en caso de que se produjese: «Este no es el momento de enviar a la cárcel a alguien con quien tienes discrepancias políticas». «Tenemos que hablar, tenemos que hablar en las condiciones adecuadas», ha declarado Puigdemont a la CNN.
Más detalles sobre la reunión que ha propuesto Puigdemont, de la que ha hablado en una entrevista a la CNN: sería entre «dos representantes del Gobierno catalán y dos representantes del Gobierno central» y serviría para sentar los primeros términos de la negociación, por ejemplo nombrando un mediador. El presidente catalán exige que se haga «sin condiciones previas», es decir, sin que el Estado vete de entrada qué cuestiones o no está dispuesto a abordar -como por ejemplo de un referendo acordado-.
«Ningún supuesto resultado de ese referendo ilegal puede legitimar ninguna decisión política», asegura el presidente del Gobierno.
Rajoy habla ante el Congreso sobre la situación de Cataluña. «Estamos ante la ruptura deliberada de la concordia», asegura Rajoy.
Puigdemont querría una mesa de negociación según habría avanzado en una entrevista con la CNN y recoge La Vanguardia, en la que estarían representados el Govern catalán y el Gobierno español. Así habría cuatro personas, dos de cada gobierno.
El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha opinado hoy que la situación en Cataluña requiere de un diálogo entre las partes «con verdadera voluntad de acuerdo» y que «la salida del laberinto» del debate sobre la estructura territorial se encuentra «en un horizonte confederal».
El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha calificado este miércoles el discurso de este martes del presidente Carles Puigdemont sobre la independencia de Cataluña en el Parlament de un «intento de pacificación», y ha considerado que si el Estado no lo considera así cometerá «un grave error».
«Es un enésimo intento de comenzar a dialogar, a hablar, y a través del diálogo constructivo, sin renuncias por parte de nadie, poder construir un escenario que nos lleve a los acuerdos que son necesarios» ha afirmado en declaraciones a los medios en Lleida, donde ha inaugurado el curso del INEFC.
El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Jose Ramón Lete, aseguró que los presidentes de diez federaciones, tres de ellos catalanes, le han «transmitido un mensaje de «tranquilidad» y que «las competiciones de ámbito estatal se van a desarrollar con total normalidad».
El secretario general del PSOE ha decidido suspender la reunión con los líderes territoriales de su partido y el Comité Federal que había previsto convocar esta semana para forjar una posición común sobre el apoyo que el partido debía dar al Gobierno en su respuesta al desafío independentista, han informado fuentes socialistas. A la espera de ver qué contesta Puigdemont -de su respuesta dependerán las medidas del Gobierno-, Sánchez ha decidido suspender la reunión del Consejo de Política Federal donde están representados los presidentes autonómicos, los líderes territoriales del PSOE y el PSC, así como el Comité Federal que debería rubricar el apoyo del PSOE a las medidas del Gobierno en Cataluña.
El conseller de Salud de la Generalitat, Toni Comín, ha elevado a más de un millar el número de personas heridas por las cargas policiales durante la jornada del referendo. «Ya son más de mil las personas que han sufrido lesiones físicas, la mayoría contusiones, pero también fracturas, incisiones, o fisuras y hematomas que han ido saliendo al cabo de los días», ha dicho.
El conseller de Salud ha explicado que su departamento ha puesto en marcha un programa de apoyo a los profesionales de la atención primaria y de la salud mental para que sepan gestionar los casos que empiezan a aparecer de ciudadanos que «han recibido un impacto psicológico por los episodios de violencia gratuita y que ahora sufren angustia, miedo o estrés postraumático».
El TSJC acepta la querella de Vox contra Puigdemont por malversación, prevaricación y desobediencia. La causa también afecta al resto de miembros del Gobierno y la mesa del Parlamento. Excluye, por ahora, los delitos de sedición y rebelión.
La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha cargado esta mañana contra el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, por reeditar la «triple alianza» con PP y Ciudadanos para «nada menos» que «aplicar» el artículo 155 y suspender el autogobierno de Cataluña. Ha mostrado su «tristeza» y «preocupación» por la decisión de los socialistas y ha avanzado que Podemos trabajará para que cualquier mínimo cambio esté en manos de los ciudadanos.
«Ha terminado el PSOE de la plurinacionalidad, el PSOE de las primarias que ganó Pedro Sánchez, el PSOE de sus militantes, y ha regresado por desgracia para el conjunto de los españoles el PSOE Susana Díaz, que apoya la estrategia del porrazo y la mano dura», ha sentenciado. «No me explico como al PSOE le puede parecer un buen aliado para impulsar una reforma constitucional el partido más corrupto de Europa».
Un empresario inmobiliario de Madrid, «dolido con la huida empresarial masiva de Cataluña», ha desplegado en un edificio en construcción en el barrio madrileño de Valdebebas una bandera de España, la más grande jamás fabricada, de 731 metros cuadrados. Con la colocación de esta bandera, el empresario César Cort desea expresar «el deseo general de los españoles de permanecer unidos, respetando la legalidad y amparados en la Constitución».
No entendemos España sin Cataluña ni Cataluña sin España», y añade que el tamaño de la bandera simboliza que «en ella cabemos todos los españoles en libertad». La enseña de 17 metros de ancho por 43 metros de largo, pesa 248 kilos y ha sido extendida en vertical en un edificio de catorce plantas en el número 7 de la calle José Antonio Corrales, en el barrio madrileño. Mide más del doble que la que ondea en Colón.
El Sindicato de Mossos d'Esquadra (SME) ha pedido la desactivación del dispositivo Àgora de refuerzo del despliegue de unidades antidisturbios (Brimo y Arro) al preverse que se está entrando «un periodo de calma» en el contexto político en Cataluña.
En un comunicado, han pedido regresar a la normalidad de los horarios, que se han visto modificados desde el 4 de septiembre y que generan un «desgaste muy elevado, tanto a nivel físico como a nivel de conciliación laboral» a los agentes. El sindicato ve «absolutamente paradójico» que el Govern diga que el proceso independentista es pacífico pero que al mismo tiempo la Dirección General de Mossos diseñe un dispositivo policial con horarios imposibles que les mantiene ahogados, en sus palabras.
El Ibex 35 aceleró hoy las subidas a media sesión, rozando los 10.300 puntos tras la respuesta del Gobierno sobre Cataluña.
Al teclear «plaza de España, Barcelona» en Google Maps, el servicio cartográfico del gigante de Internet conduce directamente a la ubicación catalana, pero le cambia el nombre: Plaza del 1 de octubre. Probablemente se trate de una gamberrada orquestada por algún hacker.
El diputado de la CUP en el Parlament Sergi Saladié ha explicado este miércoles que no están por una reforma de la Constitución como respuesta al conflicto político entre Cataluña y el resto de España: «Es una fiesta que no va con nosotros». «Hace tiempo que hemos desconectado del Estado español», ha subrayado en una entrevista a La Sexta Saladié, que además considera difícil que esa reforma pueda satisfacerles tras las declaraciones de los últimos meses de voces del PP, PSOE y Cs rechazando el derecho de autodeterminación de Cataluña.
Ha dicho que la CUP respeta que se haya decidido emprender el proceso de reforma de la Carta Magna, pero ha pedido el mismo respeto para la «decisión de autodeterminarse como pueblo» que considera que han tomado los catalanes.
La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha insistido hoy en que solo la Constitución puede ser fuente de derecho, por lo que ni la Ley de Transitoriedad ni «ninguna declaración formal o aformal, implícita o explícita de independencia» pueden tener efectos jurídicos.
El pleno de la sala de gobierno, que reúne a presidentes de las Audiencias Provinciales, del TSJC y a magistrados de instrucción y de otras jurisdicciones, se ha reunido hoy de forma extraordinaria para analizar la comparecencia de ayer del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el Parlament. Tras la reunión, ha emitido un comunicado en el que resta cualquier validez a la Ley de Transitoriedad que el Parlament aprobó el pasado 6 de septiembre para desplegar los efectos jurídicos de la independencia. «Ni la Ley de Transitoriedad, suspendida por el Tribunal Constitucional, ni ninguna declaración formal o aformal, implícita o explícita de independencia despliegan efecto jurídico alguno», prosigue el comunicado.
El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha lamentado el requerimento anunciado este miércoles por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy: «Respuesta a la oferta de diálogo del presidente Puigdemont: aplicar el articulo 155».
Cuixart ha considerado en un tuit que el requerimiento anunciado por Rajoy para que Puigdemont aclare si el martes declaró la independencia supone la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir la autonomía catalana. Lamenta que no haya aceptado la oferta de diálogo y mediación por la cual Puigdemont suspendió el martes la declaración de independencia.
El comisario mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ha sido también citado, junto a los líderes de ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, para declarar el próximo lunes 16 en la Audiencia Nacional en la causa por sedición.
La Fiscalía ha estado estudiando esta mañana la situación creada tras la comparecencia de Puigdemont en el Parlamento de Cataluña sin haber llegado aún a decidir el ejercicio de nuevas acciones penales al respecto. Tampoco se descartan. Lo que se estudia es si los últimos acontecimientos protagonizados por los dirigentes catalanes independentistas podrían entenderse o no como nuevos delitos a añadir a los que ya se investigan, o podría hablarse de otros supuestos diferentes.
La Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales consideraron en un comunicado conjunto que «tristemente» se había consumado el «golpe al Estado de Derecho y al régimen de libertades de todos los ciudadanos» al entender consumada declaración unilateral de independencia.
Francia considerará ilegal «toda declaración unilateral de independencia» declarada por las autoridades catalanas. «En ningún caso podría ser reconocida», indicó hoy una portavoz del Ministerio francés de Exteriores. Reconoció que se mantiene la preocupación por la situación en Cataluña tras «las declaraciones» de ayer del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y reiteró que «la unidad y la legalidad constitucionales deben ser respetadas y preservadas».
La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado de nuevo para el próximo lunes día 16 a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, a los que investiga por un delito de sedición.
Ambos acudieron ya a declarar como investigados el pasado 6 de octubre junto al mayor de los mossos, Josep Lluís Trapero, por el asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre y quedaron en libertad al no pedir la Fiscalía medidas cautelares a la espera de que los imputados se instruyeran de un nuevo atestado aportado ese mismo día por la Guardia Civil y que ampliaba la investigación al 1-O.
Albert Rivera: «Yo he hablado con el presidente y me ha dicho que van a aplicar el artículo 155, con un requerimiento previo, a menos que Puigdemont se baje de la moto».
El director general del FC Barcelona, Óscar Grau, ha asegurado hoy que la entidad azulgrana tiene intención de seguir formando parte de la Liga de Fútbol Profesional española si finalmente Cataluña declarase la independencia. «La Liga y el Barça han de ir de la mano. Queremos continuar en la Liga», ha asegurado Grau durante la rueda de prensa en la que ha hecho balance económico de la temporada 2016-17 y ha presentado un presupuesto récord de 897 millones para la campaña 2017-18. «Este presupuesto está confeccionado en base a que continuaremos en la Liga», ha insistido.
Dolors Bassa, la titular catalana de Trabajo: «Es un ping pong».
Rivera se muestra dispuesto a hablar con el PP y el PSOE de la reforma de la Constitución, pero de una reforma «para todos los españoles, para nuestros hijos, nietos, para el futuro de España», no para los que «quieren liquidar nuestro país».
Albert Rivera declara ante los periodistas en el Congreso que «se alegra» de que Rajoy «haya recapacitado y escuchado a los que pedían el 155». «Hay que defender la Constitución desde la Constitución».
«En función de lo que responda Puigdemont, será él el responsable de que España responda con los instrumentos que nos permite la Constitución».
«Es evidente que se está activando el artículo 155. Y durante las conversaciones que hemos mantenido el presidente del Gobierno y yo, le he trasladado la interpretación que tenemos en el PSOE de 155. Espero que lo tenga en cuenta».
Sánchez: «El acuerdo que tengo con el presidente del Gobierno es que abramos la vía política para reformar la Constitución». «Hemos acordado que la comisión de valoración del estado autonómico dure seis meses y luego abramos el debate de la reforma constitucional».
«Siempre hemos considerado que la mejor manera de defender la Constitución es su actualización. La postura socialista implica que acompañamos al presidente del Gobierno en su requerimiento para clarificar y sacar del pantano en el que ha metido Puigdemont a la política catalana. La sociedad no se merece vivir con la angustia de saber si ha declarado o no la independencia. En segundo lugar, ha llegado la hora de que abordemos la reforma constitucional».
«Creo que es importante y urgente requerir a Puigdemont que aclare qué quiso decir ayer en el Parlament».
«Empatizamos con los catalanes que se fueron a la cama tranquilos porque en Cataluña no se impuso la DUI, pero al igual que empatizamos con ellos, sabemos que la situación puede verse más empantanada y que el bloque soberanista, en lugar de diálogo, puede estar buscando más tiempo».
El vicepresidente de la Generalitat avala la estrategia de aplazar la declaración de independencia que anunció este martes Puigdemont y descarta «claramente» que se deban convocar unas elecciones catalanas anticipadas para dar una salida a la situación actual de Cataluña. «Lo que quiero es que este trabajo culmine de la mejor manera posible y lo más rápido posible. Ahora hacer unas elecciones no ayudarían a que fuera rápido. Las descarto del todo», ha explicado en una entrevista de Rac1.
Preguntado por si esta es una opinión compartida por todo el Govern, el vicepresidente ha afirmado: «Yo seguro que las descarto y espero no ser el único que las descarte. Lo que toca es asumir la responsabilidad y asumir nuestro trabajo».
El consejo de administración de Axa España ha aprobado el cambio de domicilio social de las entidades Axa Vida y Axa Pensiones de Barcelona a Bilbao. Según ha informado la compañía en un comunicado, esta decisión viene motivada «por la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y proteger los intereses de los clientes, mediadores, accionistas y empleados ante el contexto actual en Cataluña».
La aseguradora ha trasladado un mensaje de «tranquilidad y normalidad» a todos los empleados, especialmente a los que tienen su centro de trabajo en Cataluña, clientes, distribuidores y accionistas. Ha añadido que el cambio de domicilio social de estas entidades no tiene ninguna consecuencia en los productos y servicios de los clientes ni afectará a los empleados y distribuidores, «ya que actividad continúa con normalidad».
El Gobierno británico considera «esencial» que se respete la Constitución española y la legalidad y ha dejado claro que, como socio y aliado de España, le importa la fortaleza y la unidad del país. «España es un aliado cercano y un buen amigo, cuya fortaleza y unidad nos importa, y consideramos esencial que la legalidad se mantenga y la Constitución española se respete», ha dicho un portavoz del Foreign Office.
La primera ministra británica, Theresa May, había insistido ante la Cámara de los Comunes en que quería ver «una solución pacífica» a la situación de Cataluña y había admitido que «nadie quiere ver el tipo de violencia y las escenas» que se vieron «en las calles de Cataluña».
La vicepresidenta del Gobierno ha llegado a la sesión de control del Gobierno para responder a la pregunta de la diputada de Unidos Podemos, Irene Montero sobre las razones que tiene el Gobierno para rechazar sentarse con la Generalitat para pactar una mediación, como ha propuesto Pablo Iglesias.
Sáenz de Santamaría ha acusado a Podemos de ser «la coartada» de los secesionistas y de tener un «afán corrosivo» para «desestabilizar las instituciones» que les lleva a estar siempre «en medio de los problemas» y nunca en la solución.
«No caben mediaciones entre la democracia y la imposición, entre la ley y la desobediencia», y ha emplazado a Podemos a aclarar «qué han pactado» con Puigdemont para convertirse en los «defensores de los independentistas» en el Congreso.
Mariano Rajoy ha anunciado que el Consejo de Ministros ha decidido dirigirse formalmente a la Generalitat para que aclare si ha declarado la independencia de Cataluña como procedimiento previo a cualquiera de las medidas que el Gobierno puede tomar al amparo del artículo 155 de la Constitución.
El secretario general del PSOE comparecerá a las 12.30 desde Ferraz, tras la declaración de Mariano Rajoy, que arrancará en breves minutos.
La jueza Carmen Lamela ha ratificado hoy la competencia de la Audiencia Nacional para investigar como sedición lo hechos ocurridos en Cataluña en torno al 1-O al entender que no son «aislados» sino que forman parte de una hoja de ruta para la independencia, en la que participan los presidentes de la ANC y de Òmnium Cultural.
Lamela hace esta apreciación al rechazar la declinatoria de competencia a favor de los juzgados de Barcelona interpuesta por los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, investigados en la causa abierta por sedición en la Audiencia Nacional.
La juez recuerda que al admitir a trámite la denuncia de la Fiscalía por los disturbios del 20 de septiembre en unos registros para impedir el 1-O ya dijo que, si bien todos los delitos de sedición no son competencia de la Audiencia Nacional, en este caso sí lo eran porque suponen una ruptura de la forma de gobierno, delito del que sí es competente este tribunal.
A esto añade ahora que los hechos no son aislados «como quieren hacer parecer las partes que proponen la cuestión de competencia, sino que se enmarcan dentro de una estrategia compleja» en la que colaboran Cuixart y Sánchez «en ejecución de la hoja de ruta diseñada para obtener la independencia de Cataluña».
El diputado de ERC, Gabriel Rufián, ha preguntado en el sesión de control al Gobierno por la posibilidad de que el Gobierno acepte alguna de las mediaciones ofrecidas para solucionar el conflicto catalán. Le ha tocado responder al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo: «Siento que se tenga que comer un marrón que no le toca a usted», le ha dicho Rufián. A lo que el ministro ha respondido que «no es ningún marrón». Ha recordado cómo hace 40 años se restauró la democracia en España y ha negado la mediación: «En 40 años hemos resuelto nuestros problemas, un país como este no necesita mediadores para resolver sus problemas. Somos capaces de resolverlo con el diálogo entre nosotros».
El exministro socialista y expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, se ha mostrado contrario a que el Gobierno abra una negociación con el líder del Ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, al mismo tiempo que avisado de que «hay que tener mucho tacto político para no hacer actuaciones políticas que vayan a recomponer la unidad» del frente independentista. A su juicio, después de que Puigdemont haya dejado en suspenso la declaración unilateral de independencia para buscar un mediador, él «ha quedado debilitado» ante parte de la sociedad catalana que está a favor de la independencia y que se ha sentido «frustrada» por esa decisión.
El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, ha destacado que tiene «plena confianza» en el presidente de la Generalitat y en que el gesto de suspender la declaración de independencia posibilite la mediación internacional.
En un comunicado, ha apoyado la vía por la que ha apostado Puigdemont y se ha mostrado esperanzado en que la suspensión de los efectos de la declaración de independencia pueda «garantizar que la comunidad internacional abra vías de diálogo para asegurar el transito hacia la nueva república».
La decisión de Puigdemont ha permitido que «la comunidad internacional haya visto quién tiene voluntad de diálogo y quién no», y ha destacado que la fuerza de los ciudadanos es esencial para seguir avanzando como hasta ahora.
Los líderes del Partido Popular Europeo (PPE) y Socialistas y Demócratas (S&D) en la Eurocámara, el alemán Manfred Weber y el italiano Gianni Pittella, respectivamente, han advertido al presidente de la Generalitat de que cualquier opción de diálogo debe enmarcarse dentro del respeto de la Constitución y Estado de derecho.
«Llamamos con urgencia a un diálogo sobre la base de la Constitución española», escribió Weber en la red social Twitter tras el discurso de Puigdemont en el que asumió el mandato para declarar la independencia unilateral de Cataluña pero dijo después suspender este paso para dejar espacio al diálogo.
Weber ha lamentado que el referendo ilegal del 1 de octubre haya «dejado un país dividido» y se ha mostrado convencido de que el «único camino» para resolver la crisis política pasa por buscar una solución dialogada. «Los movimientos unilaterales solo pueden empeorar las cosas de manera dramática», ha añadido el líder de los 'populares' europeos en la Eurocámara.
El líder de los socialistas europeos, por su parte, ha llamado a las autoridades catalanas a que «vuelvan a la legalidad» antes de contemplar otros escenarios. «No puede haber diálogo sin respeto al Estado de derecho», ha afirmado Pittella en un breve mensaje difundido en la misma red social.
Juan Ignacio Zoido, responde en el Congreso a las preguntas sobre la intervención de los policías y guardias civiles desplegados en Cataluña durante el 1 de octubre. «Las fuerzas de seguridad han tenido que cubrir las deficiencias que otros también han producido, y han tenido un cumplimiento de la norma con proporcionalidad», destacaba el ministro del Interior.
La pegunta del diputado Feliu Joan Guillaumes, sobre la violencia policial ha provocado un gran revuelo en las bancadas de la Cámara y ha obligado a a la presidenta a poner orden.
El presidente del Gobierno hará una declaración a las 12.00 para informar de las medidas tomadas en el Consejo de Ministros extraordinario, informa Fran Balado.
Un grupo de anarquistas ha irrumpido en la Embajada de España en Atenas, donde ha lanzado panfletos a favor de la independencia, según han confirmado fuentes del Ministerio español de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Los anarquistas griegos que han entrado en la legación diplomática forzando una ventana. Su irrupción ha provocado que se desaloje el recinto, donde solo ha permanecido personal diplomático. La Policía griega ha rodeado el edificio y ha dialogado con el grupo de anarquistas, que ha estado en el interior de la Embajada durante aproximadamente una hora: finalmente se han ido de la legación de forma pacífica.
Pablo Iglesias ha confirmado que ayer mantuvo un intercambio de mensajes con Mariano Rajoy, a quien le trasmitió la posición de su partido, que pide al Ejecutivo que no actúe «como partido» y no se decante por imponer la fuerza en Cataluña.
Iglesias, en declaraciones en los pasillos del Congreso, ha abogado por un proyecto de país que «seduzca al conjunto de los ciudadanos». El líder de Podemos ha insistido en que la formación morada tiene un proyecto de país que cree en una España plurinacional que reconozca a Cataluña como nación. «Por desgracia el Gobierno va en la línea de actuar como partido y no como el Gobierno del conjunto de los ciudadanos», ha añadido.
El Gobierno chino ha mostrado su convicción de que pueblo de España «puede» tratar la cuestión de Cataluña y «mantener la unidad y prosperidad nacionales». «Siempre hemos dicho que es un problema de España, y creemos que el Gobierno y el pueblo españoles son capaces de resolver ese problema y mantener la unidad y la prosperidad», afirmó hoy una portavoz del Ministerio chino de Asuntos Exteriores, Hua Chunying, en una conferencia de prensa.
«España es un buen amigo de China. Continuaremos respetando la soberanía e integridad nacionales de España, así como el principio de no injerencia en asuntos internos», añadió.
La declaración del president Puigdemont para que Cataluña se convierta en un estado independiente carece de valor jurídico e incumple hasta las propias leyes catalanas de referendo y transitoriedad, según han coincidido en señalar los portavoces de tres asociaciones profesionales de magistrados.
«Según la Ley de Referendo, que por otro lado está suspendida por el Constitucional, solo puede declarar la independencia el Parlament. No puede hacerlo el president. De modo que han incumplido hasta sus propias leyes», ha dicho a Efe Ignacio González Vega, de Jueces por la Democracia.
Así, «la declaración de Puigdemont y el documento firmado después fuera del Parlament son, desde el punto de vista de los efectos jurídicos, irrelevantes», añade. Esta «pantomima» no puede tener ningún efecto jurídico, explica a Efe por su lado Jose Luis Armengol, de la asociación Francisco de Vitoria.
El PSOE acaba de retirar las tres preguntas que tenía para el pleno de esta mañana sobre Cataluña, lo que se interpreta como una prueba más del acercamiento de Pedro Sánchez al Gobierno en las últimas horas, en las que también aplazó la reprobación a Soraya Sáenz de Santamaría en el Congreso y dejó de mostrar sus dudas sobre su respaldo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, informa Fran Balado desde La Moncloa.
Ciudadanos también ha decidido retirar a última hora la pregunta que tenía en la sesión de control al Gobierno sobre Cataluña. Con estos movimientos, el frente constitucionalista sale reforzado.
El presidente de Freixenet, José Luis Bonet, ha anunciado que propondrá en el próximo consejo de administración, que tendrá lugar «a final de mes», la salida de Cataluña de la sede social de la empresa.
«Yo lo he dicho públicamente, en el caso de que haya independencia, yo propondré al consejo la salida de Cataluña como sede social, y en el próximo consejo pues lo voy a hacer», ha manifestado en Salamanca, donde ha participado en el Foro El Norte de Castilla.
El portavoz de SíQueEsPot en el Parlament, Joan Coscubiela, ha avisado al Gobierno central de que aplicar el artículo del 155 de la Constitución llevaría a un escenario de «conflicto total» la situación de Cataluña y el resto de España.
En declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, ha celebrado que Puigdemont, no declarara la independencia y ha pedido al Estado que vea esto como una «oportunidad para el diálogo y no para el conflicto». «Este martes se produjo una renuncia a la declaración unilateral. Hay que aprovechar esta posibilidad para el diálogo», ha concluido el portavoz.
El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, ha advertido al presidente de la Generalitat de que el Gobierno central no negociará «la voladura del Estado de derecho» con el Ejecutivo catalán.
En declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, ha lamentado que Puigdemont no aprovechara el pleno de este martes para poner «punto final al proceso rupturista», que ha definido como un salto al vacío perjudicial para Cataluña.
El líder popular exige al presidente catalán que diga «qué es lo que quiere negociar» y le ha avisado de que en ningún caso el Gobierno central dialogará sobre una posible independencia de Catalunya, que rechaza frontalmente.
El popular ha confiado en que el PSOE apoye la respuesta que el Gobierno central decida dar a Cataluña, ya que considera que el proceso soberanista no es un desafío al PP, sino «un ataque al Estado de derecho».
El Consejo de Ministros extraordinario ha finalizado tras hora y media de reunión, informa Fran Balado. Ahora, van a dar una rueda de prensa o publicar un comunicado para informar de las medidas que adopte el Gobierno y, a partir de las cuatro de la tarde, el presidente del Gobierno comparecerá ante el pleno de Congreso para explicárselas a los diputados.
Además, el Congreso celebra a partir de las 11.00 la sesión de control al Gobierno, que se aplazó dos horas precisamente para no coincidir con el la reunión en Moncloa, y permitir a los miembros del Gobierno acudir a su cita semanal en la Cámara Baja
La líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, aboga por aplicar el artículo 155 de la Constitución para convocar elecciones autonómicas y acabar con «la suspensión de la economía, del sentido común, de la convivencia».
En una entrevista de Antena 3 recogida por Europa Press, ha dicho que el artículo 155 «da muchas opciones», desde suspender totalmente la autonomía de Cataluña -una opción que Cs no comparte- hasta intervenir la competencia para convocar elecciones y para que lo haga el Gobierno central.
«Si en las próximas horas Puigdemont no convoca elecciones se podría hacer con el 155», ha destacado Arrimadas, que lleva semanas pidiendo la aplicación de este artículo para poder convocar cuanto antes elecciones para que los catalanes puedan expresarse con garantías y elegir un nuevo Govern que desbloquee la situación actual.
La exdiputada de ERC Pilar Rahola ha asegurado que las peticiones de representantes internacionales, como Kofi Annan o Donald Tusk, hicieron al president de la Generalitat catalana ofrecer diálogo al Gobierno español. No obstante, ha indicado que este tiempo va a ser «corto».
En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Rahola ha señalado que el president estaba decidido «a llegar al final con todas las consecuencias», ha explicado que, cuando tienes a gente como el exsecretario general de la ONU y premio Nobel de la Paz, Kofi Annan, ofreciéndose «a intervenir» o al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que te piden explícitamente «que pares y des un tiempo para el diálogo, un político y estadista de nivel es hacerlo».
Según ha apuntado, Puigdemont recibió muchas «llamadas de importancia, de cancillerías, de organizaciones de todo tipo, políticas, religiosas... Era responsabilidad del presidente de valorarlo», ha aseverado.
El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha afirmado que «nadie ni nada está por encima de la ley», y ha calificado la situación actual de «compleja» y «difícil».
«Cuando hablamos de Cataluña, y en general de cuestiones políticas, tenemos que tener en cuenta que estamos en un Estado de Derecho, y en un Estado de Derecho se tiene que respetar la ley. Nadie ni nada está por encima de la ley», ha apuntado durante su intervención en un desayuno organizado por la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE).
En cuanto al sector financiero, Goirigolzarri ha recordado que todos los bancos españoles están bajo la regulación y la supervisión de las autoridades europeas y del Banco Central Europeo (BCE). «Esto a todos nos tiene que dar serenidad y tranquilidad», ha dicho. En todo caso, ha apuntado que en las situaciones complejas, «uno no se puede dejar dominar por el abatimiento». «Tenemos que pensar en el futuro y ser positivos», ha manifestado Goirigolzarri, que se ha confesado «convencido» de que la sociedad española saldrá de esta. «Pensemos que somos capaces de manejar con éxito esta situación y lo vamos a hacer con la ayuda de todos», ha concluido.
El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de este miércoles una declaración institucional con la que hace «una llamada firme y decidida al diálogo» y sostiene que este martes el president de la Generalitat de Catalunya «abría el cauce para ello».
El Gobierno de Navarra «reconoce el esfuerzo que sin ninguna duda el president y la mayoría parlamentaria han realizado», pero «sobre todo reconoce y reivindica el esfuerzo que con esta decisión se ha pedido a una parte importante, incontestable de la sociedad catalana, aquella que el pasado 1 de octubre reivindicó con el hecho su derecho a votar democráticamente, a pesar de las dificultades que por la fuerza todos recordamos, y que han dejado una estampa indeleble en la comunidad internacional».
El presidente de Aguas de Barcelona (Agbar), Àngel Simon, ha expresado su apoyo a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha urgido a volver al diálogo a los gobiernos de Puigdemont y Rajoy, y ha pedido que la capital catalana tenga «voz propia» en la cuestión catalana.
Ha destacado que Agbar lleva 150 años trabajando a favor de Barcelona, y por ello ha lamentado que «años de trabajo en favor de la convivencia, la cohesión social y el progreso económico puedan, de un día para otro, verse afectados y encaminarnos hacia una situación de incertidumbre social y económica que vendría acompañada por un desprestigio internacional, nada favorable a nuestro desarrollo».
Agbar es especialmente relevante para Galicia, ya que la empresa, de capital francés -el grupo Suez controla el 100 % de su capital tras comprarle en el 2009 su participación a La Caixa-, es propietaria de Viaqua, compañía concesionaria del servicio de aguas de 52 concellos de la comunidad. Así, en la práctica, Aguas de Barcelona suministra a unas 750.000 personas, es decir, a un cuarto de la población gallega.
El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, ha acusado al presidente de la Generalitat de «decir una cosa y hacer la contraria», una decisión que ha tachado de «truco», en declaraciones a la radio francesa Europe 1.
En este sentido, preguntado sobre la posibilidad de celebrar un nuevo referendo en Cataluña, Dastis se ha mostrado contundente: «No podemos aceptar que una parte de los catalanes decida por el resto de España».
El portavoz de la CUP, Quim Arrufat, ha reconocido que la confianza de este grupo con Puigdemont ha quedado «tocada». Lo ha hecho en una entrevista en RAC-1 en la que ha explicado que, en un principio, la idea del Govern era leer la declaración de independencia que habían firmado previamente los diputados de Junts pel Sí y de la CUP.
Y ha advertido a Puigdemont que «no se puede alargar esta situación sine die». Ayer propuso un período de suspensión de un mes, pero hoy se ha mostrado partidario a reducirlo.
Lo dicho y hecho ayer por Puigdemont ha incrementado el temor de las empresas catalanas a que la situación de inseguridad jurídica en la que se mueven vaya a peor. Y eso hará que en los próximos días se sumen nuevos nombres a la lista de las firmas que ya se han abandonado el territorio catalán.
El Grupo Planeta es una de esas empresas que se lo estaban pensando, pero a sus responsables les bastó con escuchar a Puigdemont para hacer las maletas.
Jordi Turull cree que «no hay que esperar semanas» para saber si hay una «voluntad de diálogo» por parte del Estado y, dependiendo de la respuesta del Gobierno, el consejero de Presidencia catalán ha garantizado que serán «consecuentes» con el compromiso de proclamar la república catalana.
En declaraciones a Catalunya Ràdio y TV3, Turull ha puesto en valor el «gesto» de diálogo «sincero» que ofreció ayer Puigdemont, y ha defendido que este «tiempo muerto» es la «mejor inversión» en aras de que el mandato del referendo del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional, sea «efectivo».
No obstante, ha advertido de que este «tiempo muerto» y este «gesto» de diálogo no supone «renunciar absolutamente a nada» ni «ningún paso atrás» en el proceso independentista.
«Si el Gobierno pone en marcha el 155, quiere decir que no hay ninguna voluntad de diálogo, y el Govern entonces será consecuente con el compromiso con el pueblo catalán», ha dicho. En este supuesto, ha aclarado que se procedería a proclamar la república catalana en los «tiempos» y con la «fórmula» que determine el Parlament.
El pleno del Senado se ha reanudado con la vista puesta en el Consejo de Ministros, ante la posibilidad de que el Gobierno acuerde poner en marcha el artículo 155 de la Constitución para hacer frente a la crisis catalana.
Y ello porque si el Gobierno decidiera activar el 155 será el pleno del Senado el que, por mayoría absoluta, tendrá que refrendar las medidas que pudiera acordar el Ejecutivo para obligar a la Generalitat a cumplir con la Constitución.
Pero antes de que el asunto llegara al pleno tendría que pasar primero por la Mesa de la Cámara para su calificación, y después por la Comisión General de Comunidades Autónomas, que preside el presidente de Melilla, Juan José Imbroda.
Esta comisión puede modificar las medidas que proponga el Gobierno y debería dar audiencia al propio Puigdemont, o a la persona que él designe, para que pueda presentar alegaciones a los acuerdos gubernamentales.
Será la propuesta que finalmente adoptara esta comisión la que, en su caso, se elevará a pleno para su aprobación por mayoría absoluta, siempre de acuerdo con lo establecido en el artículo 155 de la Constitución; al contrario que en el Congreso, el PP cuenta con mayoría absoluta en esta Cámara.
El consejero de Presidencia de la Generalitat ha pedido a Rajoy que le de «día, lugar y hora» para negociar, durante una entrevista que la Catalunya Radio.
Turull espera que no se aplique el artículo 155 de la Constitución, porque eso «querría decir que no hay voluntad de diálogo» por su parte.
El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Sigmar Gabriel, ha asegurado que una declaración de independencia unilateral por parte del Gobierno catalán sería «irresponsable», al tiempo que ha asegurado que la solución a la crisis catalana solo puede alcanzarse «en el marco de la Constitución española».
«Nuestra experiencia europea común demuestra que la fuerza de Europa radica en la unidad», ha afirmado Gabriel en un comunicado publicado esta mañana por el Ministerio de Exteriores alemán.
El ministro alemán ha recalcado que la solución a «la crisis catalana» solo puede lograrse «mediante conversaciones basadas en el Estado de Derecho y en el marco de la Constitución española».
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y el jefe del Ejecutivo han mantenido una conversación telefónica de 15 minutos esta mañana, previa al Consejo de Ministros que preside en estos momentos Mariano Rajoy, según informa Fran Balado.
Rivera considera que los independentistas están debilitados y que, a tenor de la declaración de ayer de Puigdemont, el presidente catalán solo está tratando de ganar algo de tiempo para rearmarse. Por eso invita a Rajoy a que actúe cuanto antes.
El Ibex 35 ha abierto la sesión de hoy con una subida del 1,56%, impulsado por la banca, a la espera de las medidas que adopte el Consejo extraordinario de Ministros sobre Cataluña. El selectivo madrileño conquistaba la cota psicológica de los 10.300 puntos, ante la incertidumbre generada por la decisión de Puigdemont, que ha provocado que se intensifique el éxodo de empresas.
En los primeros compases de la sesión de este miércoles, todos los valores cotizaban en verde, salvo Dia, que se dejaba un 0,4%. Precisamente eran los bancos catalanes, Sabadell y Caixabank, los que lideraban las subidas, con alzas superiores al 3%.
Por detrás se colocaban Mediaset (-3,6%), Santander (+2,5%), BBVA (+2,5%), Bankinter (+2%), Endesa (+2%), Bankia (+1,8%) y Gas Natural (+1,3%).
A partir de las 11.00, en el Congreso de los Diputados, el Gobierno deberá hacer frente a once preguntas y a una interpelación relacionadas con la crisis abierta en Cataluña en el Pleno de control, el primero que se celebra tras el referendo. Una sesión en la que no estará presente el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que protagonizará la sesión vespertina con su comparecencia para hablar de la posición del Ejecutivo ante el proceso soberanista.
El PSOE, Podemos, Ciudadanos, En Comú y PNV registraron la semana pasada cinco preguntas para la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que versan exclusivamente sobre Catalunya, pero la 'número dos' del Gobierno sólo responderá este miércoles a dos de ellas.
También estaba previsto que Sáenz de Santamaría atendiese la interpelación del PSOE que abría la puerta a su reprobación, pero los socialistas han decidido aplazarla. El resto de interrogantes relacionados con el conflicto catalán los atenderán los ministros de Educación, Sanidad, Interior, Justicia y Asuntos Exteriores.
El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, preside desde las nueve la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en la que se decidirá cómo actuar ante la intervención de ayer del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el Parlament.
Pese a esa calculada ambigüedad, el Gobierno dio por hecho que había habido una ilegal declaración de independencia. El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, convocó ayer en la Moncloa al líder del PSOE, Pedro Sánchez, para consensuar la respuesta a ese desafío, que se materializa esta mañan en un Consejo de Ministros extraordinario en el que la aplicación del artículo 155 de la Constitución está encima de la mesa.
Rajoy se reúne hoy también con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Sin aclarar el alcance de esas medidas, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló anoche que no se puede aceptar que se de validez a la ley catalana de referendo suspendida por el Tribunal Constitucional ni que se asuman como válidos los resultados de esa consulta ilegal. Explicó que Puigdemont ha sumido a Cataluña «en la mayor de las incertidumbres» con un discurso propio de «una persona que no sabe dónde está, ni a dónde va, ni con quién quiere ir», y rechazó también cualquier negociación o mediación internacional. Rajoy, comparecerá hoy en el Congreso para explicar los pasos políticos y judiciales que piensa dar ahora. A la espera de ello, ninguna instancia judicial tomó ayer medida alguna tras la sucedido en el Parlamento catalán.