Rechazo mundial a la Constituyente

PEDRO GARCÍA OTERO CARACAS / CORRESPONSAL

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JUAN BARRETO | AFP

Estados Unidos congela los activos de Maduro tras la «fraudulenta elección» de la asamblea

01 ago 2017 . Actualizado a las 07:39 h.

El Gobierno de Estados Unidos incluyó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, lo que implica que no podrá establecer ninguna relación comercial con empresas de ese país o ingresar a su territorio; y los activos que pudiera tener en Estados Unidos quedan congelados, señaló la Casa Blanca en un comunicado, «después de la fraudulenta elección de la Asamblea Constituyente en Venezuela».

El castigo de Estados Unidos a Maduro es la reacción más dura de las muchas contrarias a los comicios para la Asamblea Constituyente, que ha suscitado un rechazo casi absoluto en todo el mundo. «Las elecciones ilegítimas del domingo confirman que Maduro es un dictador que no respeta la voluntad del pueblo venezolano. Al sancionar a Maduro, Estados Unidos deja clara la oposición a las políticas de su régimen, así como nuestro apoyo al pueblo de Venezuela, que aspira a que su país regrese a una democracia plena y próspera», señala el comunicado firmado por Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Maduro se había anticipado ya a las posibles sanciones de Estados Unidos: en un discurso televisado en la madrugada del lunes desde la plaza Bolívar de Caracas, donde celebró con un centenar de seguidores los resultados de la Constituyente, reiteró el carácter «antiimperialista» de la Asamblea, y señaló: «Nos importa un carajo (lo que diga] Donald Trump».

La consumación del proceso constituyente en Venezuela ha sido rechazada por buena parte de la comunidad internacional, incluyendo España, cuyo ministerio de Exteriores lamentó que «el Gobierno de Venezuela haya decidido seguir adelante con un proceso constituyente que no es aceptado por la mayoría de los venezolanos y conculca principios democráticos esenciales». Solo la izquierda radical, con Alberto Garzón y Pablo Iglesias a la cabeza, se posicionó al lado del régimen de Maduro, llamando golpistas a los opositores y dando toda la legitimidad a la votación del domingo.

En línea con España, se posicionaron, entre otros, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Perú y Paraguay. El Gobierno del presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, convocó una reunión de cancilleres de al menos 12 países de Latinoamérica, que confirmaron su asistencia y que discutirán el tema venezolano el próximo martes en Lima.

La Unión Europea, en tanto, envió un comunicado mucho más suave que los previos a la votación de ayer, señalando que «ha aumentado la división y deslegitimará más a las instituciones elegidas democráticamente en Venezuela», dijo en un comunicado un portavoz del servicio exterior de la UE.

La alta representante de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, «está trabajando en una respuesta conjunta de la UE que cubre la cuestión de la posibilidad de sanciones», como había pedido España si estos comicios llegaban a celebrarse. Según fuentes extraoficiales, 27 de los 28 países de la Unión (con la excepción de Portugal, cuyo Gobierno socialista tuvo ingentes negocios tanto con Maduro como con su antecesor, el fallecido Hugo Chávez) están a favor de sancionar a funcionarios venezolanos.

Tanto la UE como EE. UU., como ha señalado el senador estadounidense Marco Rubio, buscan maximizar el castigo a funcionarios y minimizarlo a los ciudadanos venezolanos, que ya padecen graves privaciones de alimentos y medicinas. 

La pelea seguirá

En tanto, los parlamentarios opositores de la Asamblea Nacional y la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, pelearán por sus cargos, después de que el domingo por la noche Maduro señalara que la Asamblea Nacional Constituyente les retirará la inmunidad a los diputados opositores y los enviará a «cárceles o psiquiátricos»; y que destituirá a Ortega, a quien el Gobierno chavista considera «traidora».

Ortega ya anunció ayer que ignorará los resultados de la ANC, y señaló que «lo que anunciaron fue una burla al pueblo y a su soberanía»; y que los números entregados por el Consejo Electoral fueron fraudulentos; mientras, la Asamblea Nacional se reunió, quizás por última vez, en el Palacio Legislativo. Su vicepresidente, Freddy Guevara (a quien Maduro llama «enano» y ha amenazado con enviarlo a la cárcel) indicó que «tienen las armas y pueden tomar el palacio, pero que no lo van a hacer sin resistencia». Las advertencias de Maduro alcanzaron también a los medios de comunicación críticos, a los que avisó de un posible cierre como represalia.

 

Sospechas de fraude en el resultado

El resultado del domingo, según la presidenta del Consejo Electoral, Tibisay Lucena (8.069.320 votos por los distintos grupos y planchas del chavismo, dado que la oposición no tuvo representación), no solo es insólito considerando lo vacíos que se vieron los centros de votación, sino que, como dijo Maduro minutos después de las declaraciones de la presidenta del ente electoral, «es la votación más grande que haya sacado la revolución bolivariana en toda su historia de 18 años».

Las encuestas de opinión daban una intención de voto no superior al 12 % de la población, como mostró un sondeo de Datanálisis publicado el sábado. Los números de la encuestadora coinciden, además, con un sondeo a pie de urna hecho por la Universidad Católica Andrés Bello, que colocaba la participación en 2,4 millones de personas.

Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, indicaba ayer que la participación fue de aproximadamente 3 millones de votantes. Pero los 8 millones de votos superan, incluso, por unos 30.000 sufragios, los obtenidos por Hugo Chávez en la elección presidencial del 2012, cuando el mandatario, ya enfermo de cáncer, disfrutaba de un precio del petróleo de 120 dólares, y por casi 2,5 millones los obtenidos por los diputados chavistas en el 2015.

Otro experto en elecciones, el director de Venebarómetro, Edgard Gutiérrez, indicó que «no importa la cifra que anunció Lucena». «Todos sabemos que es un fraude: la cifra que nunca olvidaremos es la de los asesinados de ayer», dijo. Y es que en apenas dos días, sábado y domingo, hubo 16 asesinatos, de ellos 13 el domingo. Es el número más alto para un solo día desde que empezaron las protestas contra Maduro, en abril de este año. Una cifra que el Gobierno obvió para enfocarse en una única muerte: la de un guardia nacional asesinado con una granada lanzada en un centro de votación en Táchira, en la frontera con Colombia.