Puigdemont y Junqueras, investigados por delitos que acarrean pena de cárcel
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El fiscal culpa a todo el Gobierno catalán de pretender derogar el orden constitucional
09 sep 2017 . Actualizado a las 13:26 h.El cerco político y judicial contra los promotores del ilegal referendo independentista en Cataluña continúa implacable. A la suspensión de la convocatoria de la consulta y de la ley que pretende habilitarla, decretada por el Tribunal Constitucional, se sumó ayer la admisión a trámite por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de dos querellas de la Fiscalía Superior de Cataluña contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras y los 12 consejeros que firmaron la convocatoria del plebiscito por impulsar «una derogación abierta y deliberada» del orden constitucional y aprobar una ley de referendo que es solo «una mera argucia fraudulenta para dar una tosca apariencia de legalidad a lo que no es sino una flagrante violación de la Constitución». El TSJC acumulará el procedimiento contra los miembros del Gobierno catalán a otro que ya tenía abierto contra la consejera de Gobernación Meritxell Borràs por la compra de urnas para el referendo, en manos de la jueza Mercedes Armas.
El fiscal solicita una fianza
A diferencia de lo que había ocurrido hasta ahora, además de los delitos de desobediencia y prevaricación la querella de la Fiscalía apunta al de malversación de caudales públicos, que implicaría penas de entre tres y seis años de cárcel, aunque si hay «grave daño o entorpecimiento al servicio público» la pena podría elevarse a ocho años. También por primera vez, se reclama que se les imponga una fianza y que, en caso de que no la depositen, se proceda al «embargo de bienes en la cuantía que prudencialmente se fije» para garantizar el pago de las posibles multas. Y se pide incluso la autorización para entradas y registros «en domicilios u otros lugares que exijan autorización judicial».
Para sostener la acusación de desobediencia, el escrito recuerda que el Tribunal Constitucional ha advertido en varias ocasiones al Gobierno catalán de que no solo debe dejar de impulsar actos preparatorios de la consulta ilegal, sino también impedirlos. «A pesar de ello ninguno de los mandatos del Tribunal Constitucional, especialmente vinculantes para todos los poderes públicos, ha impedido que desde el Gobierno y los grupos parlamentarios independentistas se siga insistiendo públicamente en mantener esta convocatoria», actuando «con absoluto desprecio» al Constitucional, señala.
Sostiene también que los querellados incurrieron en prevaricación al aprobar unos decretos que otorgan al pueblo de Cataluña «una supuesta cualidad de sujeto político soberano de la que carece en el ordenamiento constitucional», lo que supone una «arbitrario ejercicio» de unas potestades de las que carece el Gobierno de la Generalitat. El delito de malversación se justifica en que los querellados pusieron en marcha con el llamado decreto de normas complementarias «un procedimiento que va a generar un importante gasto público, estando el mismo orientado a llevar a cabo actuaciones delictivas en tanto radicalmente opuestas a las resoluciones del Tribunal Constitucional».
«Otra querella contra Forcadell
La querella solicita el cierre o el bloqueo al acceso de todas las páginas web desde las que se da «apariencia de cobertura legal y normalidad» a la consulta y se advierta a todos los medios de comunicación, públicos o privados, de que no deben «insertar publicidad institucional o propaganda sobre el referendo». Reclama que se aperciba a todos los alcaldes catalanes de que no pueden ceder locales ni recursos para la consulta ilegal y a todas las fuerzas de seguridad que impidan la promoción, organización y celebración de la consulta, requisando urnas, sobres o manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales.
El TSJC admitió otra querella de la Fiscalía contra la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa que admitieron a trámite el debate y votación de la ley de referendo pese a la prohibición del Constitucional, «dinamitando los presupuestos sobre los que se sustenta la nación española como patria común e indivisible», y que sean citados como testigos el secretario general de la Cámara, Xavier Muro, y el letrado mayor, Antoni Bayona, que advirtieron a Forcadell y a la Mesa de que aquello era ilegal.
