JxCat y ERC hablan de acuerdos y de un gobierno independentista de concentración pero la CUP ya exige que se construya la República. Hasta 18 candidatos al Parlament se encuentran en manos de la Justicia
22 dic 2017 . Actualizado a las 16:22 h.Un día después de los diabólicos resultados que no despejan el horizonte en Cataluña, muchos se preguntan si será posible que el bloque secesionista se llegue a poner de acuerdo para llevar adelante la mayoría absoluta, la única oportunidad de formar gobierno. Y es que la suma del bloque constitucionalista (Ciudadanos, PSC y PP) se queda en 57 escaños, lejos de la absoluta, mientras que la de JXCat, ERC y los comunes de Xavier Domènech, en 66.
Tan solo con los escaños de JxCat (34), ERC (32) y CUP (4) se superan los 68 escaños necesarios (llegan a 70). De hecho, a las listas de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras les bastaría con la abstención de la formación antisistema para sacar adelante la eventual investidura del expresident fugado en segunda votación.
Pero, ¿podrá llegar a entenderse el bloque independentista pese a sus propias rencillas durante la campaña?; ¿persistirán en su desafío pese a tener sobre la cabeza la espada de damocles de un nuevo 155, una suspensión de la autonomía que, esta vez sí, sería durante un largo período?
Las declaraciones de los líderes políticos pocas horas después de los comicios no despejan las dudas. Elsa Artadi, la directora de campaña de JuntsxCat, ha defendido que no habrá problemas para llegar a una sintonía con los otros partidos secesionistas. «No tengo ninguna duda de que nos entenderemos», llegó a afirmar. Una idea a la que también se sumó ERC. Su portavoz, Sergi Sabrià, ha apostado esta mañana por formar un Govern de concentración con las fuerzas independentistas y que incluya a la CUP, tras los resultados electorales del 21D. Sabrià ha apremiado, incluso, a alcanzar un acuerdo lo antes posible: «Cada día que se aplica el 155 de Rajoy es un día negro».
Preguntado por si ofrecerán a los de Xavier Domènech participar en este eventual Govern, Sabrià se ha mostrado partidario de «tirar cables a los comunes» para «llegar a acuerdos siempre que sea posible» y que salgan de la «ambigüedad permanente»: «Que estén en contra del 155 y a favor de la república», ha aseverado.
Sin embargo, y pese a esta aparente sintonía, las declaraciones realizadas esta mañana desde la CUP, formación que pese a su batacazo electoral o, precisamente por ello, pretende bloquear la investidura de cualquier presidente que no proclame la independencia inmediata, parecen alejar el acuerdo. Los anticapitalistas sí están dispuestos a respaldar la investidura de un presidente independentista e incluso a formar parte del futuro Ejecutivo catalán pero solo si el resto de formaciones soberanistas asumen su programa político, basado en «construir» la República. La CUP pretende bloquear la investidura de cualquier presidente que no proclame la independencia inmediata. Algo que ni Junts per Catalunya ni ERC pueden permitirse.
Esta mañana, Inés Arrimadas, la gran vencedora del 21D, ha llamado a no adelantar acontecimientos. La líder de Ciudadanos en Cataluña defiende que los partidos secesionistas han salido debilitados y «tocados» en los comicios.
Buscarán un referendo pactado
Pese al ruido inicial en pro de la proclamación de la república, el nuevo Gobierno catalán apostará por un replanteamiento de la estrategia política que pasará por una movilización en la calle para tratar de forzar al Ejecutivo de Rajoy a negociar un referendo pactado. Una opción que sí es claramente mayoritaria, porque es la que defiende Catalunya en Comú, que no es estrictamente independentista, lo que daría más fuerza a esa reivindicación.
Aún así, esta mañana Domènech, el cabeza de la lista de Catalunya en Comú-Podem (CatECP), ha rechazado apoyar la investidura de Carles Puigdemont o de cualquier otro candidato de JxCat.
Un parto de investidura del todo menos sencillo
A las deterioradas relaciones de las listas de Puigdemont y Junqueras, y a la exigencias de la CUP, se añade, además, la situación judicial de los principales líderes secesionistas, un escollo que complica aún más las negociaciones. Las listas del bloque secesionista incluyen 18 candidatos investigados por el «procés»: ERC tiene 9 candidatos pendientes de ser juzgados por los 8 de JxCat y uno de CatECP.
Para empezar, contra todos los pronósticos demoscópicos, el expresident fugado a Bruselas Carles Puigdemont batió al encarcelado exvicepresidente Oriol Junqueras y es, por tanto, el señalado para formar Govern. El problema es que para investir a cualquier de ellos presidente la primera condición es que Puigdemont y al menos dos de los consejeros huidos a Bélgica regresen para votar, dado que si no lo hacen el secesionismo no tiene mayoría. Y su vuelta supondría su inmediato ingreso en la cárcel.
Sobre el papel, Puigdemont puede recoger el acta de diputado sin necesidad de acudir físicamente al Parlament, ya que, de acuerdo con el artículo 23 del reglamento de la cámara, hay que presentar la «credencial expedida por el órgano correspondiente de la administración electoral» y jurar o prometer respetar la Constitución y el Estatut, además de presentar una declaración de actividades y de bienes, trámites que puede realizar un apoderado de JxCat. El problema sería la sesión de investidura, en la que se presupone que debe participar el candidato a presidente de la Generalitat.
Según el artículo 146 del reglamento, en la sesión de investidura «el candidato presenta, sin limitación de tiempo, el programa de gobierno y solicita la confianza del pleno».
Durante la campaña electoral, Puigdemont afirmó estar dispuesto a «correr el riesgo» de volver a España tras las elecciones, pese a la orden de detención, si contaba con apoyos suficientes para poder ser investido, porque espera que «pesen más los votos que las esposas».
Si como parece más que probable, Puigdemont acaba cediendo su escaño a otro miembro de su lista para evitar la prisión, no tendría ninguna posibilidad de ser presidente, al no ser diputado.
En cuanto a los candidatos que consiguieron actas de diputados y están presos podrán desplazarse hasta la Cámara para asumir su cargo si se lo permite el juez instructor al acogerse a «importantes y comprobados motivos», una fórmula de la Ley General Penitenciaria gracias a la cual podrán salir de prisión. Eso sí, unas horas. Y aunque no tendrán un cómputo máximo de días anuales que podrán salir para ejercer el cargo, lo cierto es que es impensable que puedan realizar funciones normales de parlamentario.
Posiblemente sea la reflexión compartida esta mañana sin tapujos por Puigdemont, durante una videoconferencia que realizó para los miembros de su candidatura en Barcelona, la que resuma el escenario que se plantea: «España tiene un pollo de cojones».
El calendario tampoco ayuda
Celebradas ya las elecciones, el reloj ha comenzado a correr para la formación de un nuevo Gobierno y, por tanto, la anulación inmediata del 155. Los plazos los marcará Rajoy. Es el presidente de la Generalitat en funciones quien debe convocar la sesión para constituir el Parlamento. Y como Carles Puigdemont está cesado, quien lo hará será Rajoy.
El Estatuto de Autonomía catalán establece que en los 20 días hábiles siguientes a las elecciones, la Cámara catalana debe haber quedado constituida lo que sitúa el escenario en el 23 de enero.
Una vez constituido el Parlament, en los diez días hábiles posteriores deberá celebrarse el debate de investidura del nuevo president, un calendario que sitúa la primera fecha límite en el 6 de febrero.
El artículo 67.3 del Estatut prevé que si transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura sigue sin haberse podido elegir al nuevo president, el Parlament queda disuelto automáticamente. Por tanto, si el 7 de abril no hay Govern, se convocarán automáticamente elecciones para principios de junio.
