Moncloa antepone su «compromiso de gobernar» al dictamen del Consejo de Estado sobre la investidura de Puigdemont

El Gobierno admite que es una situación excepcional, pero que emplearán todas las herramientas legales a su alcance para impedir la investidura del expresidente catalán. Torrent mantiene la fecha del pleno de investidura


Madrid

 «Respetamos los criterios del Consejo de Estado, pero su dictamen no es vinculante. El Gobierno considera que tiene argumentos legales suficientes para evitar que el señor Puigdemont pueda continuar con este desafío al Estado de derecho y a la legalidad». Esta fue la argumentación empleada por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría para justificar la decisión del Gobierno de seguir adelante con la impugnación de la investidura de Carles Puigdemont, desatendiendo el dictamen ofrecido por el Consejo de Estado, que ayer trasladó un informe desaconsejando la presentación de este recurso.

El Ejecutivo destacó que tiene entre sus obligaciones «defender España y el Estado de derecho», algo que garantizan que es lo que han realizado hasta la fecha, y algo que aseguran que están haciendo con este movimiento. «Tenemos que hacer todo lo legalmente posible que esté en nuestro mano» para evitar la investidura de Puigdemont, dijo Sáenz de Santamaría. «Está en busca y captura en territorio nacional por delitos por los que se ha negado a rendir cuentas ante el Supremo, delitos muy graves como la rebelión, la sedición o la malversación. Entendemos que esta circunstancia le impide ser investido presidente de la Generalitat», recordó la vicepresidenta, que ayer apuntó que en Moncloa entienden que este «carece de libertad deambulatoria».

Sáenz de Santamaría insistió en que la acción del Gobierno solo se dirige contra esa propuesta específica. «Hemos impugnado la propuesta de candidato que hace el señor Torrent. Podría haber propuesto a más de cien candidatos, pero entendemos que no puede proponer al señor Puigdemont. Si el señor Torrent decidiera proponer a otra persona que no estuviera en busca y captura, entendemos que pueda celebrarse», dijo, aclarando que no podría tratarse de otro candidato que no arrastre problemas con la Justicia similares a los del expresidente catalán.

El Gobierno tenía hoy un partido complicado tras un Consejo de Ministros muy movido y sacó a jugar ante la prensa a su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, para tratar de explicar el embrollo en el que se ha metido al impugnar ante el Constitucional la investidura de Puigdemont, propuesta por el Parlamento catalán para el próximo 30 de enero. Ayer recibió el dictamen desfavorable del Consejo de Estado encajando un importante revés en su estrategia legal. Este mismo viernes algunos de los apoyos con los que contaba ayer para emprender esta vía empiezan a desmarcarse, como apuntan algunas voces desde el PSOE. Sin embargo desde Moncloa insisten en que cuentan con el compromiso de Ferraz.

Tal y como avanzó ayer La Voz de Galicia, el Ejecutivo continuará adelante con este recurso de impugnación a pesar de que el Consejo de Estado lo ha desaconsejado, al considerar este órgano consultivo que los tiempos y los ritmos no son adecuados y que por tanto conviene esperar. La intención del Gobierno es la admisión a trámite de este recurso, ya que según el artículo 161.2 de la Constitución la candidatura de Puigdemont quedaría paralizada. De este modo, en Moncloa podrían comprobar de una vez si el nuevo presidente de la Cámara catalana está dispuesto a respetar la legalidad y anula la sesión de investidura del expresidente fugado en Bruselas, o si bien sigue los pasos de su antecesora en el cargo, Carme Forcadell, que retorció el reglamento de la Cámara hasta el extremo tratando de revestir de legalidad la declaración de independencia y que se encuentra en libertad condicional bajo fianza, investigada por rebelión, delito por el que se enfrenta hasta a 15 años de prisión.

Lo cierto es que en las últimas horas la estrategia de la Moncloa ha dado un importante giro con la decisión de presentar este recurso. ¿Qué ha cambiado? El viaje del presidente del Parlamento catalán a Bruselas para evacuar consultas y la reunión que mantuvo ayer con representantes de los partidos políticos, y que «a pesar de las peticiones de todos ellos de que explicase de cómo se iban a realizar las cosa, no lo hizo», explicó la vicepresidenta.

Torrent mantiene la investidura

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha afirmado este viernes que tratar de impugnar la candidatura de Carles Puigdemont es un «fraude de ley que atenta contra los derechos de los electores de Cataluña, contra los diputados y, en definitiva, contra la democracia parlamentaria», según recoge Europa Press. Torrent ha pedido a los servicios jurídicos de la Cámara «analizar la decisión» del Gobierno central, y ha avisado de que el pleno de investidura fijado para el martes se mantiene, ya que ha alegado que nadie le ha notificado que no pueda celebrarse.

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En la Moncloa no se fían del renovado discurso de las fuerzas independentistas catalanas, en el que prometen renunciar a la vía unilateral para alcanzar sus objetivos separatistas, y están dispuestos a poner a prueba a los nuevos actores de este culebrón incluso con actuaciones desaconsejadas por el Consejo de Estado. Este órgano consultivo mostró ayer su rechazo a que el Gobierno eleve un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) solicitando la impugnación de la candidatura de Carles Puigdemont para ser investido presidente de la Generalitat de Cataluña, propuesta oficializada el pasado lunes por el presidente de la Cámara autonómica, Roger Torrent, tras el acuerdo alcanzado entre Junts per Catalunya y ERC.

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