Los pactos con Torra dejan aislado a Sánchez

El Gobierno admite que retiró del comunicado firmado con la Generalitat, por las exigencias de los independentistas, la alusión a que cualquier solución debería respetar la Constitución


MAdrid / La Voz

La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de celebrar un Consejo de Ministros en Barcelona va a marcar un antes y un después en la legislatura que rompe definitivamente cualquier lazo entre los partidos constitucionalistas. El jefe del Ejecutivo se juega la legislatura en Cataluña al quedarse aislado en su intención de solucionar el desafío independentista por la vía del diálogo y mediante sucesivas concesiones a los secesionistas. La principal, reconocida este viernes por el propio Gobierno, fue la de retirar la mención expresa a que cualquier «respuesta democrática» debería darse en el marco de la Constitución que figuraba en el texto inicial del comunicado que se firmó tras la reunión entre Sánchez y el presidente catalán, Joaquim Torra. Fue este quien exigió que no hubiera alusión a la Carta Magna. Y el Gobierno accedió a que se hablara solo de que la solución al «conflicto» debe decidirse en el marco de la «seguridad jurídica».

«Encauzar el conflicto»

Aunque el Ejecutivo insistió este viernes en la tesis de que esa expresión equivale a cumplir la Constitución y el Estatuto de Autonomía, desde la Generalitat entienden que, aunque fue recurrida al Constitucional por el Gobierno de Mariano Rajoy, con la ley catalana de referendos aprobada por el Parlamento autonómico sería posible celebrar una consulta sobre la independencia, siempre que no fuera vinculante, sin violar la «seguridad jurídica».

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, y la de Política Territorial, Meritxell Batet, valoraron como «muy positivos» los dos días que el Gobierno ha pasado en Cataluña y calificaron la visita como «una muestra de afecto y de aprecio» a los catalanes. Insistieron en que el diálogo es la única vía para «encauzar el conflicto» de Cataluña y en que este no resolverá ni con «soflamas emocionales» independentistas ni «con la aplicación perpetua del artículo 155» de la Constitución, como demandan el PP y Ciudadanos, porque esta última vía, ya aplicada por el Gobierno de Rajoy, «no aporta ninguna respuesta política a Cataluña en la actualidad».

Aunque el Gobierno se esforzó en ofrecer una imagen de normalidad, la reunión del Consejo de Ministros se celebró mientras en las calles de Barcelona se vivían momentos de extraordinaria tensión provocados por los grupos de radicales independentistas que trataron de impedir que el acto tuviera lugar y de paralizar la ciudad. De hecho, si Sánchez y algunos miembros del Gobierno pudieron acceder a la Casa Llotja de Mar, separada solo por unos cientos de metros del hotel en el que se alojaban, fue porque todo el recorrido estaba cortado al tráfico de vehículos y personas y blindado por centenares de agentes de las fuerzas del orden, que tuvieron que emplearse a fondo para frenar a los elementos más violentos, que llegaron a arrojar piedras contra ellos. Otros ministros accedieron en autobús hasta el lugar de la cita.

El Gobierno trató de llenar de símbolos y gestos de acercamiento a los independentistas la reunión del Consejo de Ministros. Entre ellos destaca la decisión de renombrar el aeropuerto del Prat con el nombre de Josep Tarradellas, primer presidente de la Generalitat tras la reinstauración de la democracia, o la declaración de reparación y de reconocimiento personal hacia Lluís Companys, expresidente de la Generalitat fusilado por el franquismo en 1940. Durante la rueda de prensa posterior, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, respondió en catalán a varias de las preguntas que le fueron formuladas en ese idioma. Y, al margen de gestos y símbolos, el Gobierno aprobó además destinar una partida de 112 millones de euros para la mejora de las carreteras en Cataluña.

Fracasa la imagen de distensión

Pero ni siquiera esos gestos y medidas fueron bien recibidos por la Generalitat, que acusó al Gobierno de haber tomado de manera «unilateral» el cambio de denominación del aeropuerto y consideró insuficiente la reparación a Companys porque lo que ellos exigen es que se reconozca que su asesinato fue «un crimen de Estado». La Generalitat tachó de «medidas estéticas» y «anuncios menores» las decisiones del Ejecutivo y añadió que «para eso» no se entiende «la necesidad de celebrar una reunión del Consejo de Ministros en Barcelona».

Los graves altercados de orden público registrados en la capital y en el resto de Cataluña, con enfrentamientos con las fuerzas de orden público, cortes de carreteras, cargas policiales que se saldaron con detenciones y decenas de policías heridos, así como la agresión a un periodista y el acoso a los profesionales de medios de comunicación nacionales que cubrían lo actos, impidieron que la reunión a dos bandas entre el Gobierno español y el de la Generalitat y la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona ofreciera una imagen de distensión, tal y como pretendía el Ejecutivo de Sánchez.

Los CDR siembran el caos pero fracasan en su intento de colapsar Barcelona

Melchor Saiz-Pardo

Más de 75 heridos, la mitad de ellos «mossos», y trece detenidos en los disturbios

Los Comités de Defensa de la República (CDR) perdieron fuelle el 21D. No solo porque no pudieron controlar las columnas que rodearon el Consejo de Ministros y que acabaron en disturbios, sino porque sus llamamientos a «desbordar» a las fuerzas de seguridad con acciones en toda Cataluña para conseguir su ansiado «paro de país» no estuvieron ni cerca de bloquear la actividad de la comunidad autónoma. Lo único que consiguieron con los disturbios que provocaron es que 77 personas resultaran heridas en sus enfrentamientos con los Mossos, que detuvieron a un total de trece personas. De los heridos, 35 son mossos.

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