España exigirá a la UE compensaciones para los afectados por la subida de aranceles de Trump

El ministro Planas lo considera «inaceptable» y pide una negociación firme


Madrid

Gobierno y comunidades han hecho frente común reclamando a la UE «firmeza» en la negociación para lograr que Estados Unidos deje al sector agroalimentario fuera de la guerra comercial y dé marcha atrás o, al menos, aplace la imposición de aranceles anunciada por Trump. Con esa exigencia bajo el brazo, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, hablará este miércoles con los comisarios europeos Cecilia Malmstrom y Phil Hogan, según confirmó este lunes en rueda de prensa, tras reunirse con los consejeros autonómicos para tratar el problema, que este martes abordará también con organizaciones sectoriales.

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Javier Alonso, de la conservera Portomar de Vilagarcía: «Probablemente afecte al empleo» El empresario arousana se suma a otras voces del sector agroalimentario a nivel nacional. Lamenta ser el pagano de los aranceles. Temen un fuerte impacto económico y la pérdida de puestos de trabajo.

Planas calificó de «inaceptables» los aranceles e insistió en que «el sector agroalimentario no es el objeto de esta disputa —es el aeronáutico— y no tiene por qué ser la víctima del conflicto comercial». Por ello, aunque insistió en que el primer paso es «negociar» para evitar los gravámenes, de no ser posible, el Ejecutivo planteará, entre otras medidas para paliar sus efectos, que la UE compense a los afectados.

«Si se producen perturbaciones graves en los mercados agrarios —está el antecedente del veto ruso en el 2014, que afectó al sector frutícola español—, deberían aplicarse compensaciones a los productores», dijo el ministro, que propuso también medidas de promoción en mercados alternativos, ya que EE.UU. funcionaba como «un escaparate de los productos de cara a terceros mercados».

Otra reclamación que hará a Bruselas afecta al aceite de oliva que, junto con el vino y las aceitunas, es el más afectado por las penalizaciones. «Pediremos que se desencadene el almacenamiento privado del aceite, porque ha habido una cosecha récord, los precios son muy bajos y el anuncio de EE.UU. agrava esta situación preocupante», sostuvo.

El ministro también recalculó en 765,5 millones el impacto económico de la guerra comercial, frente a los 1.000 estimados en un primer momento. Indicó que no descartaba que la cifra pudiera «revisarse de nuevo» porque EE.UU. no aplica los mismos códigos arancelarios que España, lo que dificulta contabilizar qué grupos y subgrupos de productos están afectados.

Recordó que aunque ahora lo prioritario es abortar las penalizaciones, de no lograrlo, Bruselas dispone de 4.000 millones de dólares con los que sancionar a EE.UU. por una resolución pendiente del 2004, con los que se frenaría parcialmente el golpe.

Terminado el encuentro de Planas con las comunidades, el conselleiro de Medio Rural de la Xunta reforzó el mensaje: lo primordial es impedir los aranceles. José González destacó que las autonomías tendrán una respuesta única, canalizada a través del ministerio, y avanzó que pidió de forma específica al Gobierno y a la UE que defiendan los dos sectores más perjudicados en Galicia: el vino y el queso. «Falamos non tanto xa das cantidades absolutas, que tamén, senón de que EE.UU. é importador de produtos de alto valor engadido», dijo.

Su homóloga de Mar, Rosa Quintana, manifestó su confianza en que las negociaciones fructifiquen y atajen el incremento de aranceles anunciado, que supondría gravar con un 25 % las conservas de mejillón y otros crustáceos gallegos. En este campo, la comunidad exporta a EE.UU. 5.500 toneladas al año de latas de pescado y marisco, por valor de 40 millones, recordó Quintana. Y las expectativas eran «de seguir creciendo en este mercado», perspectivas que ahora podrían verse truncadas.

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