Un perito abre la vía a indemnizar a los Franco si el pazo vuelve al Estado
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El experto dice que hasta 1975 el inmueble se gestionó como residencia oficial
09 jul 2020 . Actualizado a las 09:31 h.El juicio sobre la propiedad del pazo de Meirás llega hoy a su fin. La magistrada Marta Canales, titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, escuchará las conclusiones de las partes antes de tomar una decisión que formará parte de la historia de España. De un lado, el Estado, que por medio de sus abogados en Galicia, Javier Suárez y Adela Álvarez, reclama que el edificio que fue residencia veraniega de Francisco Franco pase a ser un bien del patrimonio público. Del otro, Luis Felipe Utrera-Molina y Antonio Gil, letrados que representan a los nietos herederos de Franco y que defienden que el pazo de Meirás debe seguir siendo propiedad de la familia del dictador.
Con las diferencias propias de un debate que trasciende el aspecto judicial y que tiene una importante vertiente política, los expertos que comparecieron en el juzgado han tratado de situar el litigio en el contexto convulso de aquella época, en los últimos momentos de la Guerra Civil, para explicar cómo se pagó el pazo, inicialmente con una suscripción popular. «El control de la población era exhaustivo y se hacían listas de personas. Toda la sociedad estaba vigilada y bajo sospecha. El clima era de miedo y desconfianza», explicó Emilio Grandío, profesor de Historia Contemporánea en la Universidade de Santiago y vocal de la comisión de expertos que elaboró el informe encargado por la Xunta para la recuperación del pazo de Meirás. «No participar en un apoyo popular significaba quedar señalado, no solo por las autoridades del Régimen, sino dentro de la sociedad», destacó el experto, que dijo que todo indica que aquella suscripción «no era voluntaria, era absolutamente forzada». Pero de esa forma no se recaudó lo suficiente para pagar el pazo, por lo que, explicó Grandío, se hizo un prorrateo entre los ayuntamientos de la provincia, una fórmula promovida por el Gobierno Civil, el Ayuntamiento de A Coruña y la Diputación. «Era un regalo de la provincia», aclaró.
Sin diferencias con El Pardo
Las investigaciones de la comisión de expertos para la recuperación para el patrimonio público del pazo de Meirás indican que en vida de Franco todos los gastos del pazo de Meirás fueron con cargo a presupuestos públicos, de la Diputación de A Coruña y de la Casa Civil del Jefe del Estado. En lo que se refiere a la gestión desde la Administración pública, «no había ningún tratamiento diferenciado entre el palacio de El Pardo, residencia oficial del jefe del Estado, y la otra residencia oficial estival, que era el pazo de Meirás», aseguró el catedrático de Derecho Civil de la Universidade de A Coruña, José Manuel Busto Lago, y miembro de la citada comisión de expertos. A preguntas del abogado de la familia Franco, dijo que el hecho de que el recibo del IBI se girara a nombre de Franco no supondría un reconocimiento de la propiedad.
Dijo que el encargo de la Xunta tras la resolución del Parlamento de Galicia pedía a la comisión de expertos que explorasen las vías para poder recuperar el pazo para el patrimonio público, sin coste para el erario. Explicó que ese último punto, el de que no hubiese un coste para la Administración, no pudo ser respondido por la comisión de forma satisfactoria, y el experto explicó por qué: «La comisión entendía que, desde el 21 de noviembre de 1975 [un día después de la muerte de Franco] y hasta el momento actual, habría una posesión que no era por el Estado y que, lógicamente, correspondería la liquidación del estado posesorio producido durante ese período de tiempo y los gastos de conservación y mejora que se hubiesen podido realizar en el pazo de Meirás durante ese período de tiempo». De esta forma, el experto abre una vía para que el Estado abone una indemnización a los herederos de Francisco Franco en el caso de que la Justicia ordene devolver el pazo al patrimonio público. Ese dinero se aportaría en concepto de liquidación por los gastos de mantenimiento que la familia hubiese tenido que realizar en el pazo de Meirás durante el período posterior a la muerte del dictador, es decir, desde el año 1975 hasta el momento actual.
