El texto sale adelante para su votación en el pleno en el Congreso del jueves con 19 votos a favor, 17 en contra y una abstención
13 dic 2022 . Actualizado a las 13:46 h.La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado este martes la reforma que elimina el delito de sedición del Código Penal y lo convierte en uno de desórdenes públicos agravados y que rebaja a 4 años la pena máxima del de malversación cuando no exista ánimo de lucro o enriquecimiento personal, como acordaron ayer por la tarde el PSOE y ERC.
Con 19 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV), 17 en contra (PP, Vox, Cs, JxCat y CUP) y una abstención (EH-Bildu), la comisión ha avalado una amplia reforma del Código Penal que afecta de lleno a los dos delitos por los que fueron condenados los líderes del procés y por los que está procesado el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido en Bélgica.
El texto, que se votará en un pleno extraordinario el jueves para pasar al Senado y poder ser aprobado definitivamente antes de fin de año, incluye también cambios en el sistema de mayorías del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando elige a los magistrados del Tribunal Constitucional para sortear el actual bloqueo.
Los socios del gobierno han aprovechado la reforma además para introducir un delito de enriquecimiento ilícito y reformar el Código Penal en relación al de desórdenes públicos y en materia laboral, al castigar con cárcel, por ejemplo, la contratación de falsos autónomos.
Varios grupos han criticado la tramitación acelerada de esta iniciativa, prácticamente sin debate, y PP, Vox y Ciudadanos han acusado al Gobierno de violar las reglas del Estado de derecho para satisfacer las exigencias de los independentistas catalanes que los sostienen en la Moncloa.
El portavoz socialista, Francisco Aranda, sin embargo, ha defendido el «ejercicio reglamentario y democrático» de su capacidad legislativa y ha recordado que el objetivo del Gobierno es «recuperar puentes rotos» en Cataluña. Frente a quienes alertan de que la rebaja de la malversación puede dañar la lucha contra la corrupción, ha querido dejar claro que en ningún caso se despenaliza el desvío de fondos públicos.
El delito de malversación se limita sin despenalizarlo, ha coincidido la portavoz de ERC, Carolina Telechea, quien ha considerado que la reforma es «positiva», aunque mantienen discrepancias en torno a la nueva regulación de los desórdenes públicos y ha recordado que su objetivo último sigue siendo la independencia.
El portavoz del PP, Luis Santamaría, ha acusado al Gobierno de «tender un puente de plata a Junqueras» para que pueda ser candidato a la Generalitat y se ha mostrado convencido de que Sánchez, «cautivo» de sus alianzas, pasará a la historia «por deconstruir España y demoler el pacto de la transición».
«Es un claro y evidente golpe de Estado institucional», ha afirmado el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, quien ha denunciado además un «fraude procesal», ya que los servicios jurídicos de la Cámara alertaron, sin éxito, de que las enmiendas relativas al CGPJ y al Constitucional eran impropias de la reforma en curso.
Para Ciudadanos se trata de «uno de los más graves atentados de la historia de la democracia» y su portavoz, Edmundo Bal, ha advertido además de que beneficiará no solo a Junqueras o Puigdemont, sino también a políticos como José Antonio Griñán (PSOE), condenado por los ERE, o Jorge Fernández Díaz (PP), procesado por el caso Kitchen.
Unidas Podemos apoyó ayer tarde la rebaja de la malversación, pero este martes el presidente del grupo, Jaume Asens, no ha dicho ni una palabra sobre ese punto. En términos generales, ha dicho, la «reforma es positiva», aunque persisten «sombras» sobre el delito de desórdenes.
Desde el PNV, Mikel Legarda ha considerado que se trata de un paso en la buena dirección para desjudicializar el procés, la misma tesis de EH-Bildu, que confía todavía en mejorar la reforma, y de PDECat.
Sin embargo, Josep Pagès, de JxCat, ha rechazado una iniciativa que sigue considerando sedicioso el 1-O, mismo argumento de la CUP para rechazar la proposición.
Los cambios penales
En el centro de la iniciativa está la transformación del delito de sedición en uno agravado de desórdenes públicos, lo que rebaja la pena máxima de 15 a 5 años. Con la reforma de la malversación, se mantienen las penas cuando haya ánimo de lucro, pero se crean nuevos tipos con penas inferiores cuando no hay enriquecimiento personal.
Por ejemplo, quien dé al patrimonio público, que le corresponda administrar, «una aplicación diferente de aquella a la que estuviere destinado» será castigado con cárcel de 1 a 4 años e inhabilitación de 2 a 6 años «si resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviere consignado». Si no se produce ese daño o entorpecimiento grave, la pena será de inhabilitación para cargo público de 1 a 3 años y multa de 3 a 12 meses. Para ERC, está claro que, con esta reforma, la organización del 1-O en ningún caso tendrá pena de cárcel.
ERC exigirá un referendo de independencia para apoyar a Sánchez en una nueva investidura
Esquerra propone negociar la secesión con solo un 50 % de participación y un 55 % de síes en la consulta
Luís Pousa
ERC ya da por amortizada la actual legislatura y ahora pone el foco en la etapa que se abrirá a finales del 2023 con las elecciones generales. En el balance de Esquerra, su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez y a los Presupuestos Generales del Estado del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos se ha traducido en la concesión de los indultos parciales a los cabecillas del proceso secesionista del 2017, la inminente derogación del delito de sedición del Código Penal y una notable rebaja en las penas por malversación.
La agenda de ERC, que con sus trece escaños en el Congreso ha sido uno de los principales apoyos parlamentarios del Ejecutivo de Sánchez, se sitúa ya en la próxima pantalla: la organización de un referendo de independencia de Cataluña pactado con el Gobierno central y bendecido por la Unión Europea. Los republicanos llevarán a su congreso del próximo 28 de enero una ponencia política en la que plantean abiertamente el escenario de una consulta acordada con Madrid y detallan las condiciones del referendo. La celebración de la consulta será, además, una exigencia de Esquerra para apoyar a Pedro Sánchez en una hipotética investidura tras los comicios del 2023, dando por hecho que el Gobierno de coalición sume entonces una mayoría suficiente junto a sus actuales socios nacionalistas e independentistas para repetir en la Moncloa durante otros cuatro años.
Una exigua mayoría
Según se recoge en el documento de la formación separatista, el modelo de referendo se inspira en el avalado por la instituciones europeas en el caso de Montenegro y también copia algunos aspectos de las consultas celebradas en Escocia y Quebec. La propuesta de los republicanos fija una participación mínima del 50 % del censo en la votación, que estaría abierta a todos los mayores de 16 años, y el proceso de secesión se abriría si se superase el 55 % de los votos a favor de la independencia. Con estas exiguas cifras, la maquinaria para la separación de Cataluña de España se pondría en marcha con el apoyo de apenas una cuarta parte del censo electoral.
El texto trata de marcar distancias, aunque solo sea formalmente, con la receta unilateral aplicada en el 2017 y que carecía de cualquier tipo de garantías. «Una victoria del sí daría lugar a un proceso de negociación de buena fe entre los Gobiernos catalán y español, con la mediación europea e internacional, de cara a llegar a un acuerdo que permita la creación de una república catalana independiente reconocida a nivel internacional», reza ahora la ponencia de Esquerra.
Pero, pese a la «buena fe» que intenta destilar el párrafo, en otro de los puntos del documento se deja la puerta abierta a la vía unilateral, se entiende que en el caso de que el Gobierno central no acepte organizar un referendo de autodeterminación. «No renunciamos a ningún instrumento democrático que permita a los catalanes decidir sobre su futuro colectivo», advierten los republicanos.
La ponencia recalca que la celebración de una consulta pactada se llevará también a la mesa de diálogo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, quien, hasta ahora, ha marcado dos líneas rojas en las negociaciones con ERC: no a la amnistía a los condenados por el procés y no a la autodeterminación de Cataluña. En Esquerra asumen que esas negativas siguen sobre la mesa, pero recuerdan que la concesión de los indultos y las reformas de la sedición y la malversación han llegado mucho más lejos de lo que se podía deducir de las declaraciones previas de Pedro Sánchez.
La propuesta de ERC no puede llegar en peor momento para el Ejecutivo de coalición, asediado por la oposición en pleno debate sobre la reforma del Código Penal y con los frentes abiertos de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
Junqueras dice que el 1-O no fue delito y ve al PSC en la dirección adecuada
El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado este martes que «no fue delito» la organización del referendo del 1 de octubre del 2017, «ni aquí ni en la Conchinchina», y ha admitido que el PSC está dando pasos en la dirección adecuada para acabar con la «represión», si bien avanza «lentamente».
En una entrevista en La 2 y Ràdio 4, Junqueras ha opinado sobre el acuerdo entre PSOE y ERC para reformar el delito de malversación, que sirve para «poner justicia donde antes había injusticia», pero ha rechazado que se pueda aplicar a la organización del referendo.
El líder republicano ha recordado que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro (PP) «dijo ante el Supremo que el independentismo no había gastado ni un euro y lo repitió varias veces», por lo que «es profundamente injusto que haya una condena por algo que no ha pasado. No ha habido nunca ninguna malversación».
De hecho, Junqueras ha afirmado que se condenó a los líderes independentistas, entre ellos él mismo, por un delito de malversación de «pensamiento», es decir, «por haber pensado en utilizar recursos para un presupuesto», pero no haberlos ejecutado. «Es absolutamente escandaloso», ha insistido.
«¿Desvío de qué? ¿A dónde? Estamos convencidos de que nada de lo que hicimos es constitutivo de delito», ha señalado Junqueras, que ha afirmado que «organizar un referéndum no es delito». «Ni aquí ni en la Conchinchina», ha apostillado.
Preguntado sobre si cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está asumiendo riesgos, ha opinado que «los que asumimos riesgos somos los que en defensa de la democracia estuvimos dispuestos a ir a la cárcel», ha dicho Junqueras, que ha calificado de «irrelevante» la posibilidad de que la reforma le beneficie en su «injusta» inhabilitación. «Favorecerá a la sociedad»
Sí ha admitido «algunos pasos» de los socialistas, como la supresión del delito de sedición. «Siempre he dicho que el PSC tenía que hacer un largo camino hacia la justicia. Hay algunos elementos, como la sedición, que van en esa línea. ¿Se queda corto? Muy corto. ¿Camina en la dirección adecuada? Camina. ¿Lentamente? Muy lentamente», ha señalado Junqueras, que ha dicho que ERC quiere hablar de presupuestos con todos los partidos, incluido el PSC.
Sobre la nueva hoja de ruta de ERC que aprobará en su congreso nacional de enero y que marca las condiciones para un nuevo referendo, como necesitar un 55 % mínimo de votos favorables para considerar válida la victoria del sí, Junqueras ha insistido en la vía del diálogo, pero ha marcado el referendo como objetivo claro.
Ha esgrimido así la vía de Montenegro como fórmula a seguir, ya que contó con el visto bueno de la comunidad internacional y el «reconocimiento» de esta es clave; y preguntado sobre si ERC contempla también la vía unilateral, Junqueras ha evitado descartarlo y ha reiterado en varias ocasiones que «ERC defiende todas las vías democráticas, todas, que permiten que la ciudadanía vote».
