Desde el Gobierno asturiano aseguran que se lleva a cabo y se concretarán «escrupulosamente» los puntos pendientes. La coalición estima que la abstención en el Congreso rompe de facto «los pilares» del acuerdo al renovar el mandato de Rajoy
01 nov 2016 . Actualizado a las 05:00 h.La mayoría del gobierno socialista en la última legislatura asturiana siempre ha sido muy precaria. A los 14 diputados del PSOE se unieron, para lograr la investidura, los 5 de Izquierda Unida, mediante un acuerdo que se ha dado por roto por parte de la coalición después de que los socialistas aprobaran en su comité federal virar a la abstención para permitir la investidura de Mariano Rajoy. Desde el Ejecutivo asturiano se señala que el acuerdo sigue vigente, que se están cumpliendo «escrupulosamente» los puntos del acuerdo y que no deben mezclarse los «dos planos», el nacional y el autonómico, respecto al entendimiento entre ambas fuerzas; así lo señaló el portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez. Sin embargo, ya en las semanas previas a la sesión de investidura en el Congreso, el portavoz de IU en la Junta General, Gaspar Llamazares, alertaba que una abstención supondría quebrar de facto «los pilares» del pacto porque, a su juicio, la renovación del mandato de Rajoy supondría revalidar una actuación política, la del PP la pasada legislatura, que había sido «muy negativa» para Asturias y además el acuerdo plantea una oposición «frontal» desde el Principado a recortes y ausencia de respuesta a muchas demandas (en materia de infraestructuras o inversiones) que no fueron escuchadas ni respondidas por parte del Ejecutivo central en los últimos cuatro años.
Se trata de un debate en el que pesan mucho las interpretaciones sobre la letra y el espíritu del pacto entre PSOE e IU, una valoración muy diferente sobre la exigencia medible de puntos concretos o respecto a los mismos fundamentos sobre los que se basa. Además, en estas mismas semanas y de forma paralela, se ha desarrollado el proceso de renovación del coordinador de IU de Asturias, en un proceso de primarias en el que se alzó con la victoria el alcalde de Lena, Ramón Argüelles que apuesta por un acercamiento de la coalición hacia Podemos y otras fuerzas para formar una mayoría «alternativa» que pueda superar a los socialistas en las próximas elecciones autonómicas. ¿Se cumple el pacto de investidura?
Pobreza energética
El documento es público y puede consultarse libremente. Hay compromisos de distinto calado de manera que se espera que se aprueben a lo largo de la legislatura, pero otros tienen fecha de caducidad. El primer bloque recoge toda una serie de iniciativas para «la garantía social y la defensa de las personas económicamente más vulnerables» entre ellas están planes de lucha contra la pobreza energética, de garantía habitacional o contra la pobreza infantil. Todas, se asegura desde el Principado, o se han cumplido o están en marcha. En concreto el Consejo de Gobierno dio cuenta el pasado 24 de julio de un programa de ayudas a familias en dificultades dotado con 2'3 millones de euros y dirigido a 3.281 familias. Los planes con grupos de trabajo contra la inclusión social (en una mesa de trabajo en la que participan colectivos como Cruz Roja, o Cáritas, entre otros) se extienden hasta 2017 con un fondo de 23 millones de euros con medidas para evitar la pérdida de vivienda en caso de impagos de la hipoteca y, en los casos en que no sea posible, «intermediar en el mercado de alquiler» . Desde el Gobierno asturiano se aduce además que se aprobaron dos convenios, el 11 de julio con Viesgo y el 26 del mismo mes con EDP (que es responsable del 90% de la demanda eléctrica en Asturias) para evitar cortes de luz y gas a famiias en dificultades. Un mes antes, el día 9, se aprobaron 1'4 millones de euros en ayudas contra la pobreza energética.
En ese mismo bloque se recoge la demanda de que el Gobierno asturiano inste la demanda de los fondos pendientes por parte del Ejecutivo central para financiar la Ley de Dependencia, una reclamación que fue trasladada al Consejo Territorial de las comunidades el 20 de abril. Pero el pacto recoge también que todas estas cuestiones se reúnan en Ley de Garantía de Derechos Vitales Básicos que debe ser aprobada por la Junta General «antes de la finalización del primer periodo de sesiones del año 2016» además de reclamar la aprobación de una Ley de Servicios Sociales que están en trámite.
Ley electoral
En materia de regeneración democrática el punto más relevante del pacto es la reforma de la Ley Electoral, se trata de una iniciativa muy avanzada que cuenta con el consenso de PSOE, IU y Ciudadanos, esencialmente, pero que necesita del respaldo de Podemos para sumar la mayoría de tres quintas partes de la cámara que exige su puesta en marcha. Con buena parte de los contenidos pactados por las tres fuerzas iniciales, la pelota está en el tejado de los morados que han presentado varias enmiendas para recibir su apoyo.
El otro gran proyecto es la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que debería presentarse «antes del final del primer periodo de sesiones del próximo año», desde la firma del pacto y que incluye la prohibición de las «puertas giratorias» y el reforzamiento del régimen de incompatibilidades de cargos públicos asturianos. La ley se encuentra en tramitación parlamentaria después de que el anteproyecto recibiera el pasado mes de julio el dictamen favorable del Consejo Consultivo.
Pero en ese bloque está también la reforma de la Ley del Presidente, que prevé limitar los mandatos a 8 años. La semana pasada, el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, expresó sus suspicacias sobre el futuro de esta normativa después de que Javier Fernández recordara (en el Congreso antes de la investidura de Rajoy) que la ley asturiana sólo permite votar a favor o abstención en la investidura del presidente autonómico. El portavoz de la coalición expresó su temor de que estas declaraciones supusieran «la intención de trasladar el sistema de elección del presidente en Asturias al conjunto del Estado»; a lo que añadió que «lo que hay que levantar es esa limitación al votar no, y no generalizar la abstención porque la fórmula para solucionar los problemas de investidura son el diálogo político y la negociación y no la imposición ni la restricción del voto».
En los últimos días Llamazares también llamó la atención sobre retrasos e incumplimientos de puntos del acuerdo como el impulso al Hospital de Silicosis, a la comisión de participación sobre las listas de espera o su advertencia a los tribunales de la imposibilidad de cumplir la sentencia que anulaba una oposición. El pacto de investidura también recoge la reforma de Ley de Designación de Senadores «sustituyendo el actual modelo de designación para las dos fuerzas que cuenten con más diputados por la votación de los candidatos en la Junta General del Principado», algo que debería abordarse este mismo 2016. Sí se ha puesto en marcha la comisión de investigación parlamentaria sobre las obras del puerto de El Musel.
AMA e Igualdad
En el haber del Gobierno asturiano en materia de infraestructuras está la presentación de las directrices del Área Metropolitana Central de Asturias (AMA) el pasado 22 de junio, también la ampliación de la red de transporte público rural (el plan Óptibus Rural con 18 rutas en 27 concejos). Ese punto recoge además la creación de un abono joven para el ámbito rural y simplificación del abono 10 del Consorcio de Transportes para validar más de 5 viajes por trayecto. Ambas cuestiones, según el Principado, están pendientes de la renovación de las máquinas recargadoras, en licitación, todavía no concretadas. Parte muy importante de este bloque es la gestión de residuos, en el pacto se recogen varias iniciativas para la promoción del reciclaje que, según el Ejecutivo asturiano, se han impulsado con nuevas instalaciones de reciclaje de residuos y ayudas para la recogida separada. El pacto recoge explíitamente que «se renunciará a recurrir y se ejecutará en sus propios términos la reciente Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que anula el Plan de Residuos del Principado de Asturias». Esta es la cuestión clave que tiene que ver con la incineradora de Serín. Abandonado el proyecto, no sin muchas reclamaciones de premura por parte de IU, Cogersa estudia alternativas como una planta de higienización activa, un ecoparque o una planta combustible pero que distingue residuos.
Una polémica recurrente respecto a términos educativos del pacto es el compromiso de ampliar la cobertura de la red educativa de 0 a 3 años, «con el objetivo en una primera fase de alcanzar su universalización en la etapa 2-3 años». Cada inicio del curso la coalición denuncia que se reduce el número de profesores de esta etapa educativas y, en cada ocasión, tras una largo tira y afloja, la Consejería termina por confirmarlos. Pero es una constante fuente de roces.
Ninguna solicitud para el retorno del talento
Uno de los fracasos más sangrantes del pacto es el punto relativo al Plan de retorno del talento «con el objetivo de conectar los focos de conocimiento de la Asturias Exterior». El programa, aprobado en julio con el propósito de recuperar, hasta 2018, un mínimo de siete científicos asturianos que se encuentren trabajando en el extranjero, no recibió ni una sola solicitud. Se apuntaron 23 aspirantes pero ninguno llegó a completar la oferta y los grupos de la cámara reclamaron que se ampliara la dotación para hacerla más atractiva. Sí se desarrollaron los planes para impulsar la igualdad de genero, con una dotación de 40 millones de euros, y evaluaciones en la administración además del compromiso del Ejecutivo asturiano de no reducir las partidas de este ámbito sea cual sea la capacidad presupuestaria.
Buena parte de las críticas de IU se dirigieron a las demoras que, a su juicio, se estaban dando en los relativo a los puntos relacionados con el medio rural. El pacto recoge además un compromiso en materia tributaria para garantizar los ingresos de la administración para mantener los servicios públicos. Es un debate abierto, fundamentalmente entre PSOE, Podemos e IU, y en el que las propuestas de los morados (con varias rebajas en tramos autonómicos del IRPF, en el impuesto de hidrocarburos y en el de Sucesiones) han recibido una valoración positiva de «sintonía» por parte de los socialistas pero las suspicacias de la coalición que no termina de ver un efecto «neutral» para garantizar los ingresos.
Muy abiertos a la discusión están los aspectos relacionados con la promoción de la lengua asturiana y la dotación presupuestaria de la Academia de la Llingua que la propia institución ha considerado insuficiente. Sin bien en la cámara se aprobó con un amplio consenso un plan de «dignificación» del asturiano, la reclamación por parte del PP de que no se admitiera la convocatoria en asturiano de una comisión sobre este asunto (que los conservadores calificaron como un intento de dar oficialidad mediante un subterfugio a la llingua) terminó con el respaldo de los servicios jurídicos al que se acogieron también los socialistas.
Letra y espíritu
Pero más allá de los puntos concretos, desde la coalición se ha insistido en que el acuerdo ha perdido sentido desde el momento en el que el PSOE ha permitido la investidura de Rajoy con su absteción. Un grueso del pacto se refiere a demandas hacia el Ejecutivo Central para reclamar la garantía de un suministro eléctrico competitivo para la industria asturiana, el cumplimiento de los acuerdos de la minería y el pago y ejecución de los fondos pendientes, una reforma de la financiación autonómica, o la puesta en marcha de infraestructuras estratégicas como la variante de Pajares, «la autovía Grado-La Espina y su prolongación hasta Cangas del Narcea, los accesos al Musel o el Plan de Integración del Ferrocarril en Gijón».
Todas ellas quedan al socaire del nuevo gobierno en Madrid, del próximo e inseguro presupuestos y de los recortes fijados por Bruselas. Desde el PSOE insisten en que se mantendrán las reivindicaciones, y desde la coalición que se ha abierto la puerta a mantener la misma tónica de falta de respuestas por parte de Rajoy de la pasada legislatura.