Apenas 5.000 personas pagaron sucesiones en Asturias desde 2012

La herencia media del primer tramo, el más polémico de todos, es de 205.000 euros. El impuesto supuso para el Principado una recaudación de 86 millones


Redacción

No llega a 5.000 el número de asturianos que tuvieron que abonar el impuesto de sucesiones en el Principado desde el año 2012 hasta el 2015. En concreto, según datos oficiales de la estadística del Ente Tributario del Principado de Asturias, durante ese periodo declararon por el impuesto de sucesiones y donaciones un total de 28.759 personas de las que, tras su declaración, sólo pagaron la tasa 4.191. Ninguna persona recogida en el grupo I (es decir los descendientes o adoptados en primer grado menores de 21 años) pagó el impuesto en Asturias. Nadie. Cero. Los descendientes de primer grado pero mayores de 21 años que recibieron una herencia menor de 150.000 euros (el máximo exento) tampoco pagaron nada. Sí lo hicieron los que superaron esa cantidad, un total de 23.676 declarantes, de los que sólo 821 fueron requeridos a abonar una cuota positiva. De todas las personas (sumando a los grupos III y IV, que incluyen colaterales de segundo y tercer grado, ascendientes y descendientes por afinidad, primos, sobrinos, etc; y a los herederos sin vínculo sanguíneo) que tuvieron que declarar el impuesto de sucesiones sólo lo pagó el 14,5%; y respecto al millón largo de asturianos que recoge el censo, las apenas 5.000 personas que lo abonan ni siquiera son el 1% de la población, el 0,5, en concreto. Y, sin embargo, el impuesto de sucesiones se ha convertido en objeto de un tenso debate en Asturias (donde se paga, es cierto, la tasa más alta del Estado) con plataformas que recogen firmas (casi 90.000, según los organizadores) para reclamar su supresión. En el debate político, ha cobrado un protagonismo inusitado hasta el punto de que su eliminación es el único requisito exigido por el PP para aprobar el proyecto, cualquier proyecto, de presupuestos que presente el Ejecutivo socialista asturiano si no llega a un acuerdo con Podemos e IU.

Los datos son tozudos, el impuesto de sucesiones en Asturias atañe a un grupo muy reducido de la población. Las cifras del Ente Tributario autonómico revelan además que la carga a las herencias es un gravamen fuertemente progresivo. Respecto al periodo 2012-2015, en el Grupo II, esto es, los descendientes directos mayores de 21 años, las herencias entre 150.00 y 240.000 euros (que son las directamente afectadas por el denominado error de salto, de manera que paga lo mismo el heredero el que recibe el tramo mínimo que el máximo) le correspondieron a un total de 411, fueron 224 los que heredaron montos entre 240.000 y 400.000 euros; 103 asturianos recibieron herencias entre 400.000 y 800.000 euros; y sólo 52 heredaron fortunas de más de 800.000. Para los primeros, los afectados por el 'error de salto' la cuota media (en este segmento la herencia media es de más de 205.000 euros) que tuvo que ser abonada a la administración fue de 15.654 euros; pero para los 52 herederos del grupo más alto (con herencias medias de 2,1 millones de euros), la cuota media fue de 330.000).

Por el impuesto de sucesiones, en esos años, Asturias recaudó 86,3 millones de euros de los que algo menos de la mitad (41,3 millones) corresponde a herencias de familiares directos; y hasta algo más de los 45 millones restantes corresponde a herencias de afinidad indirecta). En campañas mediáticas y de colectivos empresariales y mercantiles, se afirma a menudo que las elevadas tasas de sucesiones en Asturias provocan un efecto de deslocalización de patrimonios desde el Principado a otras regiones, fundamentalmente en Madrid (donde la exención es total en la práctica) aunque no hay datos ciertos que avalen este argumento. Lo cierto es que Hacienda hace un seguimiento escrupuloso de los traslados fiscales y es necesario demostrar un periodo de residencia mínimo de 3 años para acogerse a su beneficio fiscal y quien no pueda demostrarlo se arriesga a una sanción. También se esgrime que el «infierno fiscal» asturiano puede comprobarse en el aumento a la renuncia de herencias que se registra en los últimos años. Sin embargo, la estadística del Consejo General del Notariado demuestra que en todas las comunidades autónomas se da el mismo fenómeno y que el crecimiento de las renuncias en Asturias se da en la misma tónica que en el resto del Estado.

En ello tiene ver mucho el hecho de que la herencia vaya acompañada de alguna deuda; en Asturias se pasó de 597 renuncias a herencias en el año 2007 hasta las 1.630 que se abandonaron el año pasado, sólo hasta el primer semestre de este 2016 ya se había renunciado a 822 herencias en Asturias. Pero en Madrid ocurre lo mismo, si en 2007 la capital registraba 1.382 renuncias, la cifra se ha multiplicado por cuatro una década después, y sólo en los seis primeros meses de 2016 ya se sumaban 1.980.

¿Por qué sucede esto, por qué el impuesto de sucesiones ha levantado tanta contestación social y presencia en el debate parlamentario? Porque a las herencias, en Asturias y toda España, les afecta además otro impuesto, en esta ocasión, de ámbito municipal y que atañe principalmente a la vivienda, que se ha convertido, (merced a la burbuja inmobiliaria), en máxima expresión del patrimonio. Y sobre ella recae a menudo, la deuda de una hipoteca. El impuesto de plusvalías lo cobran los ayuntamientos y no están dispuestos a renunciar, precisamente en un periodo de recesión y crisis relacionada con el sector inmobiliario, a una potente fuente de ingresos toda vez que su capacidad de recaudación se ha visto drásticamente mermada por desplome de la actividad económica y también recortes en la administración.

Las plusvalías se pagan por la venta de una vivienda, y los ayuntamientos la cobran fijando un precio en el que se tiene en cuenta principalmente el valor castastral y el número de años que se ha tenido en propiedad. El catastro es la causa esencial de conflicto, ya que en mucha ocasiones se ha revalorizado a la par que se desplomaban los precios de mercado por el estallido de la burbuja inmobiliaria. En el último debate sobre el estado de la región, los grupos de la cámara se cruzaron acusaciones sobre la deliberada confusión que, a juicio de algunos, se hace del impuesto de sucesiones en sí, que es de competencia autonómica, y el tributo de plusvalías, de ámbito municipal, que sólo corresponde a los ayuntamientos.   

El debate ideológico

El impuesto de sucesiones ocupa un lugar privilegiado en el debate sobre la posibilidad de aprobar unos presupuestos en el parlamento asturiano. Desde el comienzo de la legislatura se han llevado a la cámara varias iniciativas para suprimirlo por parte tanto de Foro como del Partido Popular. Los casquistas reclaman una bonificación del 99% en todos los tramos que suponga la derogación «de facto» de un impuesto que califican de «injusto» y «discriminatorio». El PP reclama que sea suprimido como condición para respaldar el presupuesto que presente el PSOE si no logra pactar unas cuentas con Podemos e IU. Los morados --que no quieren ligar los acuerdos fiscales a un diálogo sobre los presupuestos-- piden subir el tramo exento a los 200.000 euros; la misma reclamación que hace el grupo de Ciudadanos y que, coincide además, según señalan con lo aprobado en Andalucía por el acuerdo de Susana Díaz con los naranjas.

Tanto PSOE como IU coinciden en limitar la reforma a introducir varios tramos en el bloque de las herencias de 150.000 a 240.000, de manera que se haga más gradual el abono del tributo. Pero ambos señalan que renunciar a cobrar al resto supondría un revés no menor a la capacidad de financiación de políticas sociales. Las cifras del Ente Tributario hablan de una recaudación de más de 86 millones de euros entre 2012 y 2015; pero en el debate de orientación política el portavoz de grupo socialista, Fernando Lastra, lanzó una proyección de recaudación de 140 millones para advertir contra las propuestas generalizadas de rebajas como hidrocarburos que los morados quieren compensar subiendo las tasas para los tramos más altos en el de patrimonio. El diputado de IU Ovidio Zapico reivindicó el tributo como un «impuesto contra la aristocracia» y destacó que «los impuestos no se pagan porque sí, sino para garantizar el estado social». En el último ejercicio, el gasto en el salario social superó los 100 millones de euros, casi una cantidad equivalente a lo recaudado en Asturias por los impuestos a las herencias. Fueron 5.000 personas las que aportaron el mismo dinero destinado en total a los beneficiarios de una ayuda que llega a 20.000 familias, con una proyección de 45.000 personas. Los populares reclamaron en sus propuestas de resolución una reforma del Salario Social para ligarlo a la búsqueda de empleo señalando que si «no se pone límite al cobro de esta ayuda el gasto social es un pozo sin fondo» y que la prestación «no se puede quedar en simple dar dinero».    

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