Su importe medio no es el más alto, pero su cobertura es la más amplia del Estado. Derechos Sociales reconoce los retrasos en la tramitación de ayudas pero destaca la incidencia en el freno a la pobreza
09 may 2017 . Actualizado a las 05:00 h.No es el más alto (el importe medio de la prestación ronda algo más de 400 euros mensuales) pero es el que a más gente llega. De todo el Estado. El Salario Social asturiano es de lejos el que ofrece mayor cobertura estatal, son beneficiarios directos más de 20.000 unidades familiares y, por extensión, se considera que termina por dar ayuda a alrededor de 45.000. Se cumplen 10 años ahora desde su creación y los partidos han llamado a hacer balance de su gestión, en el haber los resultados en cuanto a la atención y el freno (según han destacado desde el Gobierno) al aumento de la pobreza que se ha dado con mayor incidencia en otras comunidades que en Asturias. En el debe, la multiplicación exponencial de los recursos dedicado a esta partida en los presupuestos a lo largo de la última década (pasando de 10 millones de euros a casi 110 el año pasado), los retrasos de varios meses en su tramitación, y la crítica conservadora --también defendida desde colectivos empresariales-- de que esta ayuda resta incentivos para que sus perceptores busquen un empleo.
El PP ya ha avanzado su propuesta de reforma que pasa por incrementar la cuantía de la ayuda hasta equipararla al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) hasta alcanzar los 532 euros mensuales. Pero también limitarla en el tiempo hasta un máximo de dos años, prorrogables a 3 en casos excepcionales, hacerla compatible con trabajos por los que se perciba un sueldo menor al salario mínimo interprofesional, y también introducir mecanismos de control para que «no se rechacen, sin justificación, ofertas de empleo» entre los beneficiarios de la prestación. El diputado del PP Matías Rodríguez Feito señaló este lunes que en los estudios sobre el Salario Social que se analizaron en la Junta General se ponía de relieve «que sus beneficiarios no fueron objetivo de atención preferente por parte de los servicios públicos del Principado y esto lo dice todo». El diputado popular destacó su preocupación por «las necesidades sociales y su repercusión presupuestaria», señaló que los medios de los que dispone la Consejería están «desbordados» para hacer frente a las solicitudes porque se pensaron para una demanda muy inferior a la del presente e insistió en que debe modificarse teniendo en cuenta las necesidades del mercado laboral y ofreciendo ventajas fiscales a los empresarios que contraten a sus perceptores. En varias ocasiones desde el PP se ha insistido, a veces de manera más clara y otras con eufemismos, en que esta prestación y más el hecho de que sea indefinida no alienta a buscar trabajo.
Quizá por eso, la reforma más reciente anunciada por el Gobierno sobre el Salario Social fue la firma de un convenio entre la Consejería de Derechos Sociales y la de Empleo para cruzar datos y ofrecer itinerarios personalizados a los perceptores de la prestación que son además demandantes de empleo. De los 20.585 perceptores directos contado a fecha del 31 de diciembre pasado, 4.940 son mayores de 65 años que complementan su pensión con esta prestación de manera que están exentos de buscar empleo; así que serían 14.558 los que podrían recibir estos itinerarios personalizados. Sin embargo, la estadística no siempre lo cuenta todo y los números fríos no llegan a explicar por qué un elevado porcentaje de beneficiarios de esta ayuda encuentra con muchos obstáculos una salida laboral.
En su presentación del balance, la consejera de Derechos Sociales, Pilar Varela ofreció una clave fundamental para entender esto a la hora de mostrar el perfil del perceptor: el 60,8%o de sus beneficiarios son mujeres con hijos a su cargo (10.070 menores viven en familias que tienen como único ingreso el salario social), el 89,5 por ciento son españoles y tienen una edad media de 45 años, en el caso de los hombres, y de 46 en las mujeres. Se trata del género y la edad, por un lado la frontera de los 40 años reduce drásticamente las oportunidades de encontrar trabajo en España en cualquier sector; por otro las mujeres con menores a su cargo no pueden aceptar cualquier horario y su disponibilidad reduce mucho sus expectativas.
Según la consejera, los beneficiarios se han ido rejuveneciendo a lo largo de esta década, aunque se mantiene como característica que se trata de una población con un bajo nivel educativo y que la tasa de permanencia es muy elevada, ya que la mayoría lo sigue percibiendo desde que se puso en marcha; informa EFE. Varela añadió que el estudio indica que de los 101 millones de euros que destino el Principado al pago del salario social en el año 2015, diez veces más que en 2006, el 92 por ciento «vuelve a repercutir en la economía asturiana». Asimismo, se calcula que esos 101 millones de euros ayudaron a mantener unos 1.800 empleos en la región.
La duración del Salario Social en Asturias es indefinida y ese ha sido uno de los caballos de batalla planteados por el PP en su reforma. Como ejemplos ponen lo que pasa en otras regiones, no hay un salario social como tal equivalente al conjunto de los territorios y sólo en algunos (como el caso del País Vasco) se le reconoce como en Asturias la calidad de «derecho subjetivo» es decir, que obliga a la administración a dar la ayuda siempre que se cumplan los requisitos. En Andalucía, por ejemplo, su Ingreso Mínimo de Solidaridad tiene una duración máxima de 6 meses, la misma que la prestación de Castilla-La Mancha que puede prorrogarse un máximo de 24.
Otro de los puntos que más críticas cosecha el Salario Social asturiano y desde todo el espectro político, son los retrasos en su tramitación. Los datos del último mes de marzo, revelaron que la lista de espera supera las las 2.000 personas; durante el mes de abril se estaban analizando aún expedientes remitidos a la admnistración en noviembre de 2016. En su comparecencia de este lunes, la propia consejera señalaba que al haberse triplicado los perceptores del salario social, los recursos humanos de su departamento se han visto desbordados, lo que exige también, según destacó, la implicación del servicio de empleo para aquellos casos en los que las familias sólo tengan un problema de falta de trabajo. «El salario social básico se ha comportado como un colchón, como el último recurso para 45.000 personas en Asturias, un 4,5 por ciento de la población del Principado», dijo Varela.