Asistir a clase sin entender ni una sola palabra

El recorte de las horas de los intérpretes de lengua de signos en las escuelas condena a la incomunicación a los alumnos con discapacidad auditiva. Intérpretes y padres cuentan la realidad de las aulas

Los intérpretes de lengua de signos David González. Ledicia Fernández y Conchi Fuertes con Gisela Ramos, en el centro, madre de una niña con discapacidad auditiva.Los intérpretes de lengua de signos David González. Ledicia Fernández y Conchi Fuertes con Gisela Ramos, en el centro, madre de una niña con discapacidad auditiva
Los intérpretes de lengua de signos David González. Ledicia Fernández y Conchi Fuertes con Gisela Ramos, en el centro, madre de una niña con discapacidad auditiva

Suena el timbre y todos los alumnos recogen menos uno. Hasta que no ve los gestos de sus compañeros no se mueve. Tiene una discapacidad auditiva y su intérprete de lengua de signos solo lo acompaña en clase algunas horas a la semana. Muchas veces no está con él cuando se acaba la jornada. No es el único caso que cuenta los profesionales. Hablan de alumnos que no se enteran de la fecha de los exámenes y no los preparan. Otros creen que se ríen de ellos cuando hay un ataque de risa generalizado en el aula y nadie le explica qué es lo que ha pasado. Solo una intérprete de lengua de signos en las escuelas públicas asturianas tiene jornada completa. El resto oscila entre las 15 y las 20 horas. ¿Qué hacen los estudiantes en el resto de las asignaturas, cuando no tienen este apoyo? Se tienen que conformar con el aislamiento, con la barrera de la incomunicación y con la buena voluntad de cada profesor o de los compañeros. Aunque la lengua de signos es un derecho aprobado por ley, el recorte horario aplicado por la Consejería de Educación en el último concurso ha puesto en peligro la equidad de alumnos con necesidades educativas especiales. No solo lo dicen los trabajadores, que defienden su empleo y la calidad del servicio público que prestan, lo denuncian las familias que ven cómo sus hijos se enfrentan a dificultades añadidas.

El concurso legal

El servicio tal y como está concebido establece que debe de haber un intérprete de lengua de signos por alumno con discapacidad auditiva que lo solicite durante toda la jornada lectiva. Las familias pueden elegir si reciben educación en lengua oral, con lengua de signos o con ambas. La administración es la encargada de notificar a las familias la existencia de este recurso. Así se lanzó este plan piloto en el 2000, el año en el que se completaron las transferencias educativas. Durante la primera década, la atención se prestó a través de una subvención con Fesopras (Federación de Personas Sordas del Principado de Asturias). Pero en el 2010 la administración modificó la fórmula de concesión. Dejó de darle el servicio a una ONG y pasó a adjudicarlo a una empresa a través de un concurso público, en el que cualquier empresa podría concurrir a la baja sobre un precio de licitación. Eso fue lo que marcó el camino hacia el actual deterioro. Primero lo cogió la empresa Seprotec, con sede en Las Rozas. Estuvo cuatro años y se reunió con los profesionales dos veces. El siguiente concurso por cuatro años lo ganó una empresa del holding Adecco, empresa de trabajo temporal, que lo gestiona desde su sede de Bilbao.

Uno de los primeros problemas de estos concursos a cuatro años es que la Consejería de Educación no puede saber cuántos alumnos con discapacidad auditiva va a tener matriculados en ese periodo. Así que el cálculo es, como mucho, estimativo, denuncian los intérpretes. El segundo es que las empresas pujan a la baja para hacerse con el servicio, así que los sueldos de los profesionales sufren tijeretazo tras tijeretazo. Por si esto no fuera suficiente, el servicio sufrió otro golpe de gracia en 2017. Ante el alud de quejas, la administración resolvió el contrato que había y convocó un nuevo concurso. Aumentó el presupuesto, exigió en los pliegos la subrogación del personal y exigió el cumplimiento del convenio correspondiente.

¿Todo mejoró? La respuesta es no. Incrementó el presupuesto pero recortó el servicio en más de 2.000 horas. Eso se traduce en que les ha recortado la jornada a la mayoría de los intérpretes que, a cambio, cobran un poco más por hora. Un ejemplo es el de David González, uno de los portavoces del colectivo de intérpretes. Por una jornada de 15 horas semanales ha pasado de cobrar 380 euros a 450 euros. La empresa recibe 16 euros por profesional y ellos la cobran a 4 euros. La otra cara de la misma moneda son los alumnos. No tienen intérprete para todas las clases, así que el profesional tiene que hacer encaje de bolillos y decidir a qué clases va y a cuáles no. Con el recorte también se diluyeron las horas de coordinación, así que es casi imposible reunirse con las familias o, más grave aún, con los profesores para preparar los contenidos que van a dar en cada materia.  

La realidad del aula

«No es lo mismo que traducir de otro idioma oral. En lengua de signos primero tienes que hacerle entender cada uno de los conceptos y luego el mensaje completo. Es una lengua muy visual. Primero tenemos que comenzar con lo tangible para luego pasar al lenguaje abstracto», explican Ledicia Fernández y Conchi Fuertes. La primera es la única intérprete ahora mismo en Asturias con una jornada completa. Trabaja en un instituto con un estudiante de un grado superior de Formación Profesional (FP) vinculado a las Bellas Artes. La segunda tiene 15 horas en las que asiste a Cristina Prieto, de 12 años, y escolarizada en un colegio de Gijón en sexto de Primaria. Junto a Conchi Fuertes asiente Gisela Ramos, la madre de la alumna, que cuenta su caso para hacer comprender lo realmente necesario que es el servicio.

La madre detalla que su hija no solo tiene una discapacidad auditiva sino que suma otra serie de complicaciones, como otros trastornos del aprendizaje del lenguaje. Usa audífonos pero la calidad del sonido que recibe no es muy alta. «La primera vez que recibió apoyo de una intérprete fue con un alumno de prácticas de la Fundación Vinjoy que llegó al centro. Fueron unos meses pero al año siguiente volvieron. Nunca la administración me dijo que tenía derecho a pedir un intérprete. Pero en el colegio, al ver lo que mejoraba en esos periodos, me lo comentó y peleó porque le asignaran uno», explica Gisela Ramos. Cristina conectó pronto con Conchi, que durante el primer curso tenía una jornada completa. Eso le permitía «hablar con los padres, preparar las clases, trabajar con los docentes», explica. Ahora tiene que elegir a qué asignaturas asiste. Lo hace en función de la carga horaria y de las necesidades del momento. Muchas veces con los profesores se cruza en el pasillo y le comentan novedades o necesidades. Así subsiste.

«Cristina mejoró muchísimo con Conchi. Amplió mucho el vocabulario. Como Conchi también me enseñaba a mí en las reuniones algunas palabras que la niña había aprendido durante la semana, yo podía repetirlas con ella», explica Gisela Ramos. No solo potencia su capacidad sino que también mejora sus relaciones con los compañeros. «Cuando llegué subía llorando todos los días el recreo. Siempre pasaba algo. Se ponían a jugar a pillar. Ella no lo entendía. Se ponía a correr porque los veía correr. Y cuando alguien la cogía por detrás reaccionaba y les pegaba. Le expliqué en qué consistía el juego y no volvió a llorar más», ejemplifica con un caso concreto esta intérprete. El resto de los alumnos la consideran una más en el aula. Se ponen a su lado para que le diga a Cristina que está en su grupo para un trabajo o para que les enseñe cómo se signa una palabra. «Cristina es muy sociable. Si hay un fregao allí está ella. Pero cuando no te enteras de algo es normal que pienses que se están metiendo contigo o que pasa algo malo», comenta la madre para explicar lo que implica la falta de intérpretes para la integración social de su hija.   

Otras trabas

La falta de horas del programa de intérpretes no es el único problema con el que tienen que lidiar las familias. Nuevamente, Cristina Prieto sirve de ejemplo. Por su situación tiene derecho a una serie de horas con los especialistas de Audición y lenguaje y también de Pedagogía terapéutica. Pero la administración ha llegado a decirle que tienen que elegir o los especialistas o la intérprete. «Pero qué tendrá que ver. Una cosa es que necesite a los especialistas y otra cosa que requiera de apoyo en el aula con el resto de asignaturas», lamenta Gisela, que ahora se enfrenta a otra decisión complicada: enviar o no a la niña a la semana blanca, ya que allí no va a poder contar con el respaldo de Conchi Fuertes. «La voy a mandar pero no me quedo nada tranquila. Con el barullo y el ruido se pierde porque con los audífonos no tienen un nivel de audición normal», comenta. Ledicia Fernández explica que si se quiere una igualdad real, si se respetan los derechos de los niños, los intérpretes deberían ir también a las excursiones o a las salidas, ya que forman parte de la programación del centro. Ella, por ejemplo, pelea para acompañar al alumno que tiene asignado a las prácticas en empresas que forman parte del calendario de FP. «Pero no tendría que depender de la voluntad de una persona. Tendría que estar contemplado», insiste.

Derechos y soluciones

«Los alumnos tienen derecho a participación en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros. Esa es la clave. El respeto a los derechos de los estudiantes», argumenta Ledicia Fernández. Y la lengua de signos lo garantiza. La lectura labial, comentan, no es una alternativa. Se puede usar para mensajes cortos, claros y cara a cara, -«saca el libro», «abre el libro por la página,...»- pero no para que un alumno siga una clase completa. Si tiene una discapacidad auditiva y la lectura labial no es una alternativa, cuando carecen del apoyo del intérprete desconectan del aula. Saben de niños que están sin ninguna hora de intérprete y de otros, con esta discapacidad, que ni siquiera saben signar y con los que empiezan de cero. «Cuantos más idiomas manejes es mejor, amplía tu capacidad. Y la lengua de signos es uno más», argumenta Ledicia Fernández.  

Frente a este panorama nada esperanzador, el colectivo de intérpretes presenta alternativas. Hay soluciones. En primer lugar, no se puede calcular el número de alumnos que necesitarán el recurso a cuatro años vista. Hay que mirarlo con la matrícula formalizada. Todos los niños deberían tener derecho a ese recurso. Ahora mismo solo llega a una veintena. El servicio debería asumirlo la propia Consejería de Educación, igual que hacer con el resto de apoyos. David González señala que se podría crear una bolsa pública empleo, igual que se gestiona la de los interinos de otras especialidades, y llamar a los trabajadores en función de las necesidades. También serviría para cubrir las bajas o las necesidades puntuales. ¿Sería esto más caro? Porque ese puede ser el argumento del Gobierno del Principado para rechazarlo. «La consejería hizo un estudio que no ha querido entregarnos. Pero han admitido que si asumieran el servicio de forma directa ahorrarían 42.000 euros al año. Ese dinero sería más que suficiente para que todos los niños tuvieran un intérprete durante todas las horas de clase todo el curso», explica David González. ¿Por qué no lo hacen? El portavoz del colectivo se encoge de hombros.

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