El Principado desacredita la propuesta de Podemos porque «generaría desigualdad entre asturianos»

Luis Ordóñez
Luis Ordóñez REDACCION

ASTURIAS

Guillermo Martínez
Guillermo Martínez

El portavoz del Ejecutivo destaca que sólo podría aplicarse a 3.600 niños en 38 concejos

20 dic 2017 . Actualizado a las 20:37 h.

Después de presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos, Podemos Asturies se mostró dispuesta a retirarla siempre que el Ejecutivo aceptara destinar una partida de dos millones de euros para la gratuidad de las plazas ya solicitadas para el próximo curso en las escuelas infantiles. Una única condición, en una plazo de 48 horas, que los morados insistieron estarían dispuestos a retirar incluso en el último minuto «cuando tengan que darle al botón» en la jornada de debate de las enmiendas el próximo viernes. Para Podemos sería inédito que el acuerdo no se cerrara por una cifra de 2 millones.

Sin embargo, el portavoz del Gobierno Guillermo Martínez rechazó la propuesta y la lectura de que la gratuidad de la escuela de 0 a 3 años tuviera realmente ese coste ya que, en su opinión, su puesta en marcha «generaría una desigualdad entre asturianos». El consejero de Presidencia destacó que la iniciativa de los morados sólo podría aplicarse a las «las personas, los niños y niñas, que ya están en el sistema. Serían sólo 3.600 de un potencial de 26.000 menores de 4 años y sólo en 38 de los 78 municipios porque la red no está presente en todos». Martínez insistió en que la extensión general del ciclo infantil requiere un análisis «riguroso e integral» y añadió que «todo el mundo sabe que la gratuidad de esta etapa no cuesta 2 millones de euros».

Martínez apuntó que al referirse a la cifra de 2 millones de euros, los morados hablan «del coste de la propuesta que hizo el Gobierno para rebajar el 50% de la cuota de las familias y dos millones más es lo que costaría hacerlo gratuito pero gratuito sólo y exclusivamente para aquellas familias que ya están en el sistema».

En este sentido insistió en que, de ponerse en marcha, se generaría «una desigualdad» entre los padres de los alumnos y se cuestionó «¿qué ocurría con el resto de la familias que no están ahora mismo disfrutando de la red? La propuesta de Podemos pretende imponer la gratuidad sin ningún tipo de análisis ¿cómo se extiende el modelo? ¿cómo se hace universal? ¿cómo se financiará?».

En pasados debates, el consejero de Educación, Genero Alonso había cifrado en alrededor de 20 millones de euros el coste global de extender el modelo (que en la actualidad cuenta con una red de escuelas municipales financiadas por la administración autonómica) al conjunto del territorio. Sin embargo, la cuestión clave para alcanzar un sistema público, universal y gratuito está llena de aristas. No tanto por la extensión de la red a la totalidad de los concejos sino por la forma en la que se concretaría la integración dentro del sistema público educativo. El profesorado de infantil en las escuelas municipales, unos 540 maestros la mayor parte de ellos mujeres, tendrían que pasar a formar parte del cuerpo docente sin haber pasado por unas oposiciones y desde el Ejecutivo socialista se teme que sin afinar el paso se pudieran presentar múltiples problemas legales. 

Hay un precedente en Asturias, en el ámbito sanitario, que se saldó con una solución no exenta de polémica: la integración de la plantilla del Hospital del Oriente, el Grande Covián (dependiente de una fundación) en el SESPA. Fue en 2011 y un lustro después todavía era fuente de discusión en el ámbito parlamentario. Todavía el año pasado, el consejero de Salud, Francisco del Busto detallaba en la Junta General que mientras el personal del SESPA había pasado un proceso selectivo y tenía la consideración de laboral fijo, los subrogados del Oriente son «personal indefinido con destino fijo en el hospital de Arriondas», con las mismas condiciones, en todo caso, respecto a «horarios, jornadas, retribuciones, permisos y vacaciones». Se trata de una cuestión trascendental a la hora de extrapolar una situación así al ámbito educativo porque la escuela infantil debe permitir, desde el punto de vista del Ejecutivo, la conciliación de las familias y debe garantizar que el servicio se presta durante el horario laboral de los padres de alumnos.

Por otro lado, en el acuerdo firmado entre Izquierda Unida y la Federación Socialista Asturiana, tanto el coordinador Ramón Argüelles como el secretario general de los socialistas, Adrián Barbón, defendieron un modelo con rebaja en las cuotas pero no con plena gratuidad y defendieron que el pago de las plazas sea en función de la renta de las familias.