Asturias se suma al frente contra el tijeretazo de Montoro

Luis Ordóñez
L. Ordóñez REDACCION

ASTURIAS

Javier Fernández
Javier Fernández Sergio Barrenechea

Javier Fernández llevará el debate a un foro de Nueva Economía en Madrid mientras sus homólogos socialistas coordinan su estrategia de presión

19 ene 2018 . Actualizado a las 10:45 h.

No hay avances sobre la reforma de la financiación autonómica y además el Ejecutivo central, acuciado por la falta de apoyos para sacar adelante los presupuestos generales del Estado ha tratado de trasladar esa presión a las comunidades autónomas. Lo ha hecho con la decisión del Ministerio de Hacienda dirigido por Cristobal Montoro de congelar las entregas a cuenta a las autonomías, un cantidad que supone alrededor de 4.000 millones de euros y unos 116 en el caso de Asturias. Desde el Principado se ha considerado una deslealtad institucional y además se ha reclamado que se aborden las reformas necesarias para desligar la financiación de las comunidades de los presupuestos estatales. Este asunto ha puesto en pie de guerra a las comunidades socialistas que desplegarán toda una serie de intervenciones para denunciar el tijeretazo. También será uno de los temas que abordará el presidente asturiano, Javier Fernández en el acto previsto el próximo 23 de enero en Madrid organizado por Nueva Economía Forum.

Será un acto presentado por el exsecretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el que el presidente asturiano insistirá en algunas de las ideas más repetidas en sus comparecencias y cumbres más recientes, desde la política industrial al declive demográfico, pero en la que la financiación autonómica saldrá a relucir. Ya a comienzos del año nuevo desde el Ejecutivo asturiano se recordó que este apartado había sido destacado en el documento elaborado por los expertos propuestos por Asturias para elaborar las iniciativas de reforma de la financiación autonómica. La merma de 116 millones deberá considerarse ahora en los cálculos que la Consejería de Hacienda tiene que preparar para el conjunto del nuevo ejercicio, y lo harán con la esperanza de que se trate de una situación «coyuntural» y no definitiva. Podría solucionarse siempre que se lograra ese acuerdo presupuestario, pero en todo caso desde Hacienda insisten en que el arreglo definitivo pasa por separar las cuentas del Gobierno central de la financiación de los territorios.

Pronto Hacienda tendrá que preparar los créditos extraordinarios con los que hará frente a la nueva prórroga. Tendrá que hacerlo con «la amenaza», de 116 millones menos de los esperados y es algo que tendrá su repercusión en la administración, si bien en todo caso, desde la Consejería se insistió en que no tiene por qué llevar aparejados recortes. 

En todo caso, Asturias no será la única comunidad que hará «casus belli» de este asunto en las próximas semanas. El presidente valenciano Ximo Puig quiere llevar el debate al Senado y ha solicitado una comparecencia sobre este punto del ministro Montoro en la cámara alta. Además tiene previsto reunirse con su homólogo en Castilla La Mancha, Emiliano García-Page para presionar más al Ejecutivo central. En reuniones similares trabajan el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, la andaluza Susana Díaz o el aragonés Javier Lambán. Con este último celebrara una cumbre el próximo mes de febrero el presidente asturiano (en una cita en la que también estará Juan Vicente Herrera, del PP, como presidente de Castilla y León), con la minería y la transición energética como ejes del encuentro.

Fueron especialmente duros con la congelación de las entregas a cuenta por parte de Montoro, los responsables de la Federación Socialista Asturiana. Tras conocerse el anuncio a comienzos de este mes de enero. El secretario de Política Económica de la FSA, Enrique Fernández, consideró que «lo que se está poniendo en entredicho al no dar la financiación a las comunidades son servicios fundamentales para la ciudadanía como la sanidad, la educación y los servicios sociales» y añadió que se trataba de un nuevo «despropósito» que se sumaba a que «el Estado tuviese un déficit desbocado mientras imponía rígidos corsés a autonomías y ayuntamientos».