La Iglesia asturiana reconoce la inmatriculación de templos

S.D.M. REDACCIÓN

ASTURIAS

PACO RODRÍGUEZ

El Arzobispado dice que solo registró propiedades con relación directa, por falta de tiempo y recursos. Recuerda que era un proceso legal hasta 2015

25 ene 2018 . Actualizado a las 18:53 h.

El Arzobispado de Oviedo aprovechó el cambio legislativo registrado entre los años 1998 y 2015 para inmatricular, es decir registrar a su nombre, iglesias y templos parroquiales. No registró más propiedades por falta de tiempo y dinero, pero considera que hay más bienes que le corresponden, desde prados a capillas. «Existe un inventario amplio de bienes porque el norte es minifundista», insiste. Así aparece en un artículo publicado en su medio oficial, el semanal Esta Hora y en su web, en la que aclara tres de las polémicas que en los últimos años han rodeado a la Iglesia española y por extensión a la asturiana: las matriculaciones, las exenciones fiscales y la falta de transparencia en sus cuentas. La nota defiende las dos primeras y niega la última.

El pronunciamiento del Arzobispado de Oviedo se produce unos meses después de que en Asturias haya comenzado a trabajar un grupo que pretende aflorar las inmatriculaciones realizadas en la región y a solo unos días de que el ayuntamiento de la capital haya rescatado la idea de acabar con la exención fiscal de todos los inmuebles de la Iglesia que no se destinan al culto. En ambos casos, la institución eclesial apela a la legalidad de todos los pasos que ha dado.

Por partes

En el caso concreto de las inmatriculaciones ofrece una explicación completa. Parte del significado de la palabra para concluir contando qué se ha hecho en el Principado. Recuerda que inmatricular es registrar por primera vez algo que es de tu propiedad pero que nunca ha estado inscrito. Matiza que no se trata de una apropiación sino de ejercer el derecho legítimo a que conste por escrito. Repasa los cambios legislativos que han permitido a la Iglesia realizar esas inmatriculaciones. La reforma de la Ley Hipotecaria de 1998, aprobada por José María Aznar, abrió una puerta que estaba cerrada. La versión del Arzobispado es que «acogiéndose a este derecho, numerosas diócesis solicitaron la inmatriculación de iglesias, ermitas y edificios que son de su propiedad». Con respecto a las críticas y a las denuncias recibidas en otras comunidades, cita ejemplos. En Navarra, uno de los territorios donde primero se comenzó a investigar y donde más repercusión ha tenido, afirma que se han ganado todos los litigios. Pone otros ejemplos similares en Valencia o Guadalajara.

Pero ¿qué pasó en Asturias?  El Arzobispado afirma que existe «un inventario amplio de bienes porque el norte es minifundista y la diócesis cuenta con pequeñas propiedades, incluso prados, capillas,...». Pero asegura que «ni mucho menos todos está inmatriculado». No se hizo porque habría supuesto «mucho tiempo y recursos», así que «mientras pudo» la Iglesia dice que se dedicó a registrar todo aquello que tenía «una relación directa con la institución». Esto es iglesias y templos parroquiales.

Esos listados son los que el Grupo Asturias de Inmatriculaciones reclama que se hagan públicos. Este grupo civil de reciente creación ha reclamado a la Junta General que siga el ejemplo del Congreso de los Diputados y abra una investigación seria en el Principado. Los concejos de Castrillón, Siero, Corvera, Gijón y Oviedo ya han adoptado resoluciones en las que reclaman que se inicie un estudio preciso de lo sucedido en España durante décadas y también la recuperación de todo el patrimonio inmatriculado. La Coordinadora Recuperando señala que en toda España puede haber más de 40.000 bienes afectados. Denuncia que la Iglesia utilizaba un subterfugio legal que le permitía registrar a su nombre bienes sin aportar títulos de propiedad. En la actualidad, por ejemplo, hay quince ayuntamientos con litigios en marcha.

Exención del IBI

Las exenciones fiscales son otro tema candente que aborda el artículo publicado en Esta Hora. En este caso se dedica a intentar desmontar la idea de que no pagar el IBI es un privilegio. Achaca este pensamiento a «la desinformación en la era de la postverdad». Niega cualquier trato de favor y precisa que la exención de esta tasa municipal «es un incentivo fiscal regulado en la Ley del Mecenazgo, que considera que muchas instituciones desarrollan una labor valiosa para la sociedad».  Se pone al mismo nivel de «partidos políticos, sindicatos, Cruz Roja, ONCE, el resto de confesiones o comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado Español, el Museo del Prado, la SGAE, el Hotel Ritz o el Palacio de Liria». Considera que es «natural» que un Estado democrático incentive «el trabajo en favor del bien común». Cree que estas medidas estimulan la participación privada y la cooperación.

Apela, además, a un argumento que ya ha sido utilizado en más ocasiones por la Iglesia Católica y es la idea de que es mucho mayor el dinero que ahorra al Estado con su actividad que el que tendría que abonar sin no tuviera exenciones fiscales como la del IBI. Por si este no fuese suficiente, rescata una sentencia del Tribunal Supremo de abril de 2014, que reconoce que la exención total del pago de los inmuebles de la institución, salvo de aquellos afectados por explotaciones económicas y no únicamente aquellos destinos a actividades de culto. Dice también que no abona el IBI pero sí el IVA o tasas como las de basura o alcantarillado.

La propuesta que acaba de rescatar el Ayuntamiento de Oviedo es la de cobrar el IBI de todas aquellas propiedades que no estén destinadas al culto. El concejal de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Oviedo, Rubén Rosón (Somos), afirma que no se trata de «un capricho» sino una obligación legal, ya que tienen que cumplir una sentencia judicial. Rosón se refiere a un fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 4 de Madrid, que da la razón al Ayuntamiento de Getafe frente a la Congregación de Escuelas Pías Provincia de Betania, que quería hacer unas obras en un edificio sin pagar la tasa municipal.