El incumplimiento de la ley de purines pone en riesgo las ayudas europeas

S.D.M. REDACCIÓN

ASTURIAS

ROI FERNANDEZ

Casi 10.500 profesionales del campo asturianos se ven afectados por el cambio normativo

26 ene 2018 . Actualizado a las 14:20 h.

Casi 10.500 profesionales asturianos del campo asturianos reciben ayudas de la (Política Agraria Común). Ese es el grueso de trabajadores que tendrán que cumplir la nueva normativa europea de purines y estiércol sólido. La cifra es ligeramente inferior, ya que hay una serie de excepciones para ingresos bajos ya contempladas dentro de la propia legislación. Para ellos busca el Gobierno del Principado una excepción. La Administración regional deja claro que ni se ha prohibido cuchar, nombre con el que se conoce el proceso de abonar con estiércol, ni tampoco se tiene que dejar de utilizar los purines. Se trata de un cambio en los procesos, que requiere de nueva maquinaria. Los afectados aseguran que podría ser la ruina ya que la inversión necesaria para amoldarse a la nueva legislación, que ya entró en vigor en enero de 2018, descuadra totalmente su economía.

El próximo 31 de enero, se comenzarán a despejar incógnitas. Ese día el Ministerio de Agricultura, que ya ha anunciado que habilitará una línea de ayudas económicas, escuchará lo que le tienen que decir los Gobiernos autonómicos. Las quejas no solo proceden de Asturias. Está en la misma línea que la postura de Galicia o Cantabria. El modelo de explotación del noroeste, con minifundios, pequeñas granjas y una orografía irregular, dificulta especialmente la obligación de inyectar los purines y de enterrar con rapidez el estiércol sólido una vez extendido. Las exenciones que plantean consisten, por ejemplo, en dejar fuera a aquellos que tengan fincas con más de un 10% de desnivel, fincas de menos de 5.000 metros o suelos de condiciones especiales por su dureza. Del mismo modo, tampoco habría que realizar todo ese nuevo proceso en determinadas condiciones climáticas, como cuando la temperatura ambiental sea inferior a 12 grados. Con estas excepciones, casi el 100% del territorio asturiano se libraría de acatar esa ley.

El ministerio no parece demasiado proclive. La responsable de Agricultura, Isabel García Tejerina, aseguró en una visita a la Central Lechera Asturiana, esta misma semana, que es una norma de obligado cumplimiento y que se tienen que reducir las emisiones de amoniaco, que en un 80% proceden del sector agrícola. Si los profesionales del campo no cumplen con los procesos reformados, se exponen a perder las ayudas de la PAC como sanción.