Los ecologistas exigen al campo que reduzca emisiones. Los sindicatos no se fían de la duración de la resolución. La FSA reclama al ministerio una defensa explícita de las explotaciones asturianas
01 feb 2018 . Actualizado a las 20:50 h.Satisfacción, pero a medias. La resolución que librará al 90% del campo asturiano de cumplir la nueva normativa de purines y cuchu no acaba de convencer al 100% a todos los sectores. Los sindicatos agrarios se dividen entre los que aplauden la medida y los que la acogen con cautela porque no es definitiva. Los ecologistas, por su parte, reclaman al Gobierno regional que sea más exigente con agricultores y ganaderos para frenar las emisiones de amoniaco. Reconocen que el estiércol sólido no es un problema pero sí los purines. Por su parte, la Federación Socialista Asturiana (FSA) se ha quedado con un regusto amargo. Las exenciones aprobadas son buenas pero pide al Ministerio de Agricultura que «valide explícitamente las medidas planteadas por Asturias y que defienda el modelo de explotación familiar del Principado».
Tras varias semanas de debate y de alerta, el Gobierno central adoptaba una postura flexible y alcanzaba un acuerdo con las comunidades. Cinco excepciones para los purines y una para el estiércol sólido eximirán a más del 90% de la superficie del Principado de cumplir la nueva normativa que persigue reducir las emisiones de amoniaco, tal y como reclama Europa. Agricultura dio el visto bueno a las demandas presentadas por las comunidades cantábricas y permitirá que las resoluciones que van a publicar en sus respectivos boletines contengan una serie de prerrogativas que librarán a los profesionales del campo de inyectar los purines y de enterrar con rapidez el estiércol. ¿Es algo definitivo o esto podrá cambiar? El Principado no lo sabe. Espera que el Gobierno central sea comprensivo y no modifique estas condiciones pero reconoce que no tiene ninguna seguridad. De momento, lo que puede decir es que mientras no haya un cambio en los reales decretos de Agricultura no habrá cambios. Esto supone, al menos, un 2018 tranquilo.
Los ecologistas
«Una vez más el Principado nos quiere engañar cuando dice que la ganadería asturiana apenas contribuye a la contaminación ambiental, y vuelve a ceder a los presiones de los ganaderos en el tema de la contaminación generada por los residuos ganaderos. Es evidente que vamos a seguir sufriendo la contaminación de estos residuos muchas décadas más». En estos términos se expresa Fructuoso Pontigo de la Coordinadora Ecologista Asturiana. Pontigo reconoce que el cuchu «no es un grave problema ambiental en Asturias», pero alerta de que «sí lo son los purines de las grandes explotaciones intensivas». Argumenta que su colectivo ha presentado centenares de denuncias por vertidos de cuadras y por fuentes perdidas por filtraciones y que ha recibido decenas de quejas de vecinos que dicen no encontrar respaldo en la Administración.
El portavoz de la coordinadora explica que esos vertidos de purines pueden contaminar el suelo por exceso de nutrientes, las aguas continentales por sus nitratos y la atmósfera por sus emisiones de amoniaco, metano y malos olores. Mientras estos sucede, acusa tanto al Principado como a los diferentes ayuntamientos de hacer caso omiso a las quejas. Señala que solo la Confederación Hidrográfica del cantábirco (CHC) ha sancionado a algún ganadero, pero porque lo ha pillado con las manos en la masa, vertiendo al cauce.
Recurre a las estadísticas del Sadei para recordar que en la región hay registradas 30.000 explotaciones ganaderas con casi medio millón de cabezas de ganado. La Coordinadora explica que el problema no son los pequeños productores sino las grandes explotaciones ganaderas de leche, que estima en unas 2.000. «Es cierto que los purines son un buen abono y que bien gestionados no son contaminantes. Es verdad que tratados concentrados son recurso aprovechable para la obtención de energía. Pero las tres plantas que hay en Asturias para tratar estos residuos ganaderos, en Navia, Tineo y Cabrales, resultan claramente insuficientes», insiste. Por eso, exige al Principado que «cumpla con sus obligaciones y sea mas exigente con los ganaderos que no cumplen y que los Ayuntamientos tengan en cuenta cuando dan licencias para nuevas cuadras o ampliaciones de estas el impacto para los vecinos».
La FSA
La Federación Socialista Asturiana (FSA), en cambio, ha disparado contra el Ministerio de Agricultura. La dirección del PSOE reconoce que la resolución que va a publicar el Principado es buena «porque termina con la incertidumbre» pero al mismo tiempo considera que «la actitud del Gobierno central es intolerable». El secretario de Desarrollo del Medio Rural, Alejandro Calvo, va al grano y solicita algo muy concreto al ministerio: «Debe validar explícitamente las medidas planteadas por Asturias y debe reconocer que en esta región no hay contaminación por purines y que las explotaciones familiares del Principado son un modelo de sostenibilidad».
Calvo no niega que existe en España hay un problema de contaminación por las emisiones de amoniaco pero, al igual que ya ha hecho el Principado, apunta como responsables a las ganaderías intensivas de porcino y a las fábricas de fertilizantes de síntesis. así que reclama a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, que actúe contra ellos y no contra el resto. A su juicio, ligar la reducción de estas emisiones con las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) ha sido «una treta» para que los costes de esa política salgan de los bolsillos de las explotaciones familiares. «Ahora que la estrategia de la ministra ha quedado al descubierto no es suficiente con que se inhiba», argumenta. Quiere que valide expresamente las excepciones planteadas por Asturias y reconozca el esfuerzo hecho por los ganaderos asturianos para modernizar sus explotaciones.
Los sindicatos
No hay tampoco unanimidad total entre los sindicatos agrarios. COAG y UCA mantienen pequeñas diferencias en su posicionamiento. UCA mantiene, de hecho, la manifestación prevista para mañana, 2 de febrero, ya que teme que la medida sea provisional y que se vaya a revisar otra vez el 31 de diciembre de 2018. En COAG-Asturias, en cambio, hablan de «satisfacción cotenida» porque cree que «tarde o temprano volverán a por nosotros, hay demasiados intereses detrás de todo esto y buscan objetivos fáciles», en palabras de su secretaria general, Mercedes Cruzado.
UCA explica que el 1 de enero de 2019 el campo asturiano podría volver a estar en la misma situación que la semana pasada, con la obligación de comprar un material muy caro para modificar el sistema de uso de los purines y el estiércol sólido. Este sindicato explica que las excepciones son provisionales y que ni la propia Consejería de Desarrollo Rural y Medios Natruales puede negar quizá dentro de 12 meses la situación vuelva a ser la misma.
COAG-Asturias pretende llegar hasta Bruselas para contar lo sucedido. «Nos ponemos ya mismo a trabajar para enviar los informes pertinentes a través de nuestros europarlamentarios, que para algo están allí. Vamos a llamar la atención sobre la falta de rigor burocrático al redactar las normas, cómo quien hace un cóctel. Somos parte de la Unión Europea, está claro, pero ni producimos igual, ni vivimos en los mismos sitios, ni en las mismas condiciones. Pediremos seriedad y respeto para la ganadería y la agricultura asturiana, símbolo de calidad y salud alimentarias», explica Cruzado.
