La ley de las empleadas del hogar fracasa en Asturias

La cifra de profesionales en el régimen especial de la Seguridad Social se desangra ante la falta de beneficios. Hay 8.746 altas pero CCOO calcula que trabajan alrededor de 17.000

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Redacción

La ley del Gobierno para aflorar de la economía sumergida a las empleadas del hogar se ha revelado como un auténtico fracaso en Asturias. Nunca llegó a legalizar ni al 50% de los profesionales y, además, la cifra de personas dadas de alta en el epígrafe especial de la Seguridad Social creado ex profeso mengua año tras año. La documentación es engorrosa y complicada mientras que los beneficios son muy exiguos y las bonificaciones con las que se trató de incentivar hace tiempo que expiraron. El resultado de esta ecuación es que el intento de legalizar un trabajo que en Asturias desarrollan alrededor de 18.000 profesionales -según las estimaciones no oficiales realizada- no acaba de cuajar. Organizaciones como Comisiones Obreras (CCOO) tratan de impulsar alternativas. Este sindicato, por ejemplo, aboga por sacar adelante una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en la que, de una vez por todas, se les conceda un régimen en el que sean considerados -consideradas ya que más del 95% son mujeres- trabajadores de pleno derecho.

La situación de las empleadas del hogar es quizá una de las más precarias dentro de los empleos precarios con un perfil marcadamente femenino pero pocas veces aparecen en los medios de comunicación. No son un colectivo organizado, muchas trabajan de manera intermitente en función de las necesidades de su economía familiar, tienen muchos pagadores incluso a la semana, cuenta con una alta tasa de población inmigrante... Las condiciones no son las mejores para alzar una voz única y hacer ver a la sociedad sus necesidades y demandas. No obstante, los sindicatos integran este sector dentro de sus federaciones. Por ejemplo CCOO Asturias lo ha incorporado en la Federación de Construcción y Servicios. «Son mujeres a las que se entrega las llaves de casa, cosa que no se hace con nadie; a las que se confía a los hijos, nuestro bien más preciado, pero por las que nadie se preocupa», lamenta Rafael Bravo secretario de negociación colectiva de esta federación.

Las estadísticas oficiales muestran la dimensión del problema. La Seguridad Social, a fecha 31 de enero de 2018, muestra que hay 8.746 trabajadores dados de alta en el Sistema Especial de Empleados del Hogar en Asturias, de los que 8.426 son mujeres y 320 hombres. No hace ni falta calcular la tasa de feminización ni tampoco utilizar el neutro para hablar de los profesionales. Esos 8.746 son casi 150 menos que en la misma fecha de 2017. No se trata de una casualidad. La cifra de cotizantes ha bajado en los últimos años. Creció con ritmo durante el primer año y medio, tras su puesta en marcha el 1 de enero de 2012, y después se frenó en seco (el 31 de enero de 2014 había 9.023). Ni había tocado techo ni fue nada casual. Rafael Bravo explica las razones: «Hay varias causas. Al principio había bonificaciones y el Gobierno aseguró que iba a lanzar inspecciones. El tiempo pasó, las bonificaciones se acabaron y esas inspecciones nunca se produjeron. A eso hay que unir que no encuentran beneficios. No cubren las necesidades básicas del trabajador. Su única ventaja es que cobran en caso de quedarse de baja, pero ni siquiera tienen subsidio de desempleo y la pensión a la que pueden acceder al final de su vida laboral es mínima». Ante esta falta de atractivos, muchas comenzaron a dar un paso atrás.

CCOO calcula -es la cifra generalmente más aceptada- que en el Principado hay unas 17.000 empleadas del hogar. Esto implica que han legalizado su situación menos del 50% y responden, básicamente, a dos perfiles. Muchas son extranjeras que necesitan tener legalizado el trabajo para conseguir los permisos de residencia. Otras son aquellas que trabajan para una única familia o como mucho dos, es decir, que cuentan con muy pocos pagadores. Este segundo caso no lo cuantifica la Seguridad Social. Pero el primero sí. De los 8.746 empleados del hogar dentro del sistema especial en Asturias, 2.287 procedentes de otros países. De esos 2.150 son mujeres y 137 varones.

Todo está en su contra. Las gestiones y el papeleo tampoco son sencillos. «Poco más y tienen que contratar una gestoría», ironiza Bravo. Así que, cuando se ven inmersas en el lío de notificar a sus infinitos pagadores y comienzan a pensar que la diferencia entre la pensión no contributiva y la mínima a la que ellos pueden acceder es de 130 euros, muchas se rinden. «Son trabajadoras y deben recibir el mismo trato que cualquier trabajador. Lo único que tenemos que hacer es cumplir el artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que así lo dice y que España tiene suscrito», insiste el responsable del sindicato. 

La ILP que pretende acabar con esta brecha -otra de las que se denuncian de cara a la huelga del 8 de marzo, que están impulsando los colectivos feministas- lleva recogidas 600.000 firmas pero esperan que sean muchas más. En España hay dadas de alta casi 416.000 empleados del hogar, así que si se extrapola la situación asturiana, en realidad, pueden llegar al millón. Son una fuerza hasta oculta suficiente para cambiar las cosas. 

Cuidadores no profesionales

A ellos todavía podría sumarse algunos más. Están, por ejemplo, los cuidadores no profesionales dados de alta también en la Seguridad Social, amparados por la Ley de Dependencia. A fecha 31 de enero, en Asturias se contabilizaban únicamente 234, pese a que hay 8.600 beneficiarios de la ley con la prestación de cuidado familiar reconocida. El porcentaje es, por tanto, ínfimo. De los 234, hay 199 mujeres y solo 35 varones. El perfil femenino no tiene discusión. Hay un dato más curioso. Al igual que sucede con los empleados del hogar, la cifra de inscritos en la Seguridad Social en 2018 es inferior a la de 2017. Son 19 meses. El número no es demasiado grande pero al moverse en un volumen tan bajo resulta, como poco, llamativo.

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